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Análisis | Otegui y el victimismo caduco de EH Bildu

Bolsamanía Bolsamanía 25/08/2016 Antonio Papell
© Proporcionado por Bolsamanía

La Junta Electoral de Guipúzcoa comunicó ayer a los representantes de Arnaldo Otegi que su candidato a encabezar la lista electoral de EH Bildu en las elecciones autonómicas del 25 de septiembre “está inhabilitado para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo desde el 4 de septiembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2021”. “De todo ello -afirma el escrito de la Junta-, se deduce que el candidato se encuentra incurso” en “causa de inelegibilidad” prevista en la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, en relación con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La inhabilitación fue una pena accesoria a la de prisión que se impuso a Otegi en el ‘caso Bateragune', en que este personaje recibió una dura condena por pertenencia a ETA y por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.

La defensa de Otegi recurrirá esta decisión adoptada por unanimidad de los miembros de la Junta –tres magistrados de la audiencia provincial de Guipúzcoa, la decana del colegio de abogados de la provincia y un catedrático de la UPV-, y respaldada por la Fiscalía, porque existe un precedente al que podría acogerse el aspirante a lehendakari por la izquierda abertzale: el protagonizado por Iker Casanova, condenado en el "caso Ekin" a siete años y medio de prisión y otros tantos de "inhabilitación especial para empleo o cargo público", y que, pese a la condena, es y va a seguir siendo diputado autonómico de Bildu.

En efecto, cuando Casanova salió de prisión y recibió el acta de diputado, la Fundación Dignidad y Justicia llevó el asunto a la Fiscalía General del Estado al considerar que seguía estando inhabilitado para el puesto, pero la resolución fue negativa: el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa, explicó en su informe que ni en la sentencia de la Audiencia Nacional ni en la posterior del Supremo se precisaron los cargos públicos a los que afectaba la inhabilitación especial, a pesar de que el Código Penal establece, y así lo ha recordado la jurisprudencia, que al imponer una inhabilitación de tipo especial debe indicarse a qué puestos concretos no podrá acceder el condenado.

Es probable por tanto que Otegi emprenda una batalla jurídica, que, en todo caso, requerirá tiempo, por lo que no parece probable que pueda presentar su candidatura ahora, pese a lo cual hará campaña hasta el último momento, como ya ha anunciado.

La inhabilitación ha sido lógicamente protestada por EH Bildu, que irá a los tribunales, pero también por Unidos Podemos –que piensa que han de ser los ciudadanos los que digan quienes han de representarles-. El PNV, con su proverbial ambigüedad, ha reiterado sus objeciones al ‘caso Bateragune' pero también ha lamentado la manipulación electoralista que EH Bildu hace de la situación de su líder. PP y Ciudadanos tenían ya preparado un recurso por si la Junta Electoral optaba por admitir la candidatura de Otegi (se supone que litigarán si Otegi recurre), y el PSE-PSOE se ha limitado a manifestar que acataría la decisión de la Junta Electoral, fuera cual fuese porque no quería regalar notoriedad a Otegi.

Como es conocido, EH Bildu arrancó con ímpetu tras su legalización, pero ha ido decayendo desde entonces, una vez constatados por la ciudadanía su sectarismo y su incompetencia en la gestión. Por lo que puede decirse que la inhabilitación de Otegi ha sido providencial para su partido: gracias a ella, esta organización caduca, que todavía se alimenta de los rescoldos de ETA, ha tenido un gran eco mediático y ha podido exhibir su victimismo, que pese a todo engañará a poca gente en Euskadi.

De algún modo, esas elecciones próximas serán las de la definitiva normalidad vasca, y en ellas el nacionalismo mayoritario se presenta con actitudes pacíficas y moderadas, alejadas del independentismo y asentadas en una base ya muy sólida de sensatez.

Antonio Papell

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