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Artur Mas recurre ante el TS su condena por el 9N y pide presentarse a las elecciones

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 04/05/2017 Bolsamanía

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) su condena de inhabilitación por la consulta del 9N alegando que se vulneran derechos fundamentales amparados por la Constitución como la libertad ideológica, la participación en asuntos públicos y el acceso a cargos públicos.

En el recurso de casación enviado a la Sala Segunda del Supremo y al que ha tenido acceso 'Europa Press', su abogado Xavier Melero defiende que la condena supone para Mas "un sacrificio desmesurado del derecho a la participación en asuntos públicos y al acceso a cargos", y que restringe a millones de ciudadanos los derechos de participación directa en asuntos públicos y la libertad ideológica y de expresión.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó en marzo a Mas a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno, tanto en el ámbito autonómico como estatal al desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Así, en su recurso, Mas considera que la condena produce una afectación de derechos fundamentales, tanto de él mismo como de un número muy significativo de ciudadanos, "lo suficientemente grave como para incurrir en vicio de inconstitucionalidad", citando los derechos a la libertad ideológica (artículo 16 de la Constitución), de expresión (artículo 20.1) y a la participación en asuntos públicos y acceso a cargos públicos (artículo 23).

Por eso, pide al tribunal que estime sus alegaciones y se acuerde la anulación de la sentencia y se proceda al dictado de un fallo absolutorio.

Según afirma, las conductas de Mas, y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, también condenadas, "se desenvuelven claramente en el ámbito material del desempeño de un cargo público político y se orientan a posibilitar (y, en otros momentos no impedir) el ejercicio de derechos fundamentales básicos por parte de los ciudadanos en condiciones de libertad, igualdad y seguridad".

Resalta que, para los 2.350.000 catalanes que se involucraron en la consulta, sus actos "constituían un legítimo y masivo ejercicio de derechos fundamentales como los de libertad ideológica, de expresión, de manifestación o el derecho de participación directa en asuntos públicos".

"LARGA SOMBRA"

En el recurso se avisa de que la amenaza de sanción penal "proyecta una larga sombra" que desalienta el ejercicio legítimo del derecho de participación y de acceso y desempeño de cargos públicos, tanto a quienes se dedican habitualmente a la política, como a numerosos funcionarios y la ciudadanía en general.

© Proporcionado por Bolsamanía

En el escrito, la defensa se muestra escéptica ante la afirmación del TSJC de que no se juzgaba el haber puesto las urnas y ve tan o más preocupante que no se otorgase ningún valor a que decenas de miles de voluntarios "se sacrificaran altruistamente en la organización de un proceso de participación o a que 2.350.000 ciudadanos lograran manifestar, en una ejemplar diada cívica, solidaria y pacífica, sus opiniones, ideas y propuestas sobre el futuro de su país".

En el escrito de defiende que no hubo delito de desobediencia por parte de Mas porque la providencia del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014 en la que se le pedía no impulsar el proceso participativo no era una orden categórica y determinada, sino que su contenido era "genérico" y ante ella en ningún caso hubo una negativa abierta, ni una obstinación y persistencia.

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