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Castilla y León aprueba una rebaja del IRPF a partir de enero de 2016

Bolsamanía Bolsamanía 01/10/2015 redaccion@bolsamania.com
© Proporcionado por Bolsamanía

El Gobierno de Castilla y León rebajará el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), medida que junto con la supresión total del tributo sobre hidrocarburos, el conocido como 'céntimo sanitario', dejará en el bolsillo de los castellanoleoneses unos 100 millones de euros desde el 1 de enero de 2016. Según informa Europa Press, así lo ha asegurado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante la presentación del anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias para 2016 que acompañará al proyecto de presupuestos del próximo año y que incluye también la ampliación de los beneficios fiscales para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, que se aplicarán en un total de 69 entidades locales menores pertenecientes a municipios más grandes o de los alfoces de las capitales en los que no se aplica.Según ha detallado la consejera de Economía y Hacienda, la rebaja del tramo autonómico del IRPF supondrá unos 45 millones de euros, un coste que, según ha confiado, espera no se llegue a producir puesto que se trata de una medida que se liquidará en las retenciones del Estado en 2018, cuando todo apunta a que la actividad económica y la creación de empleo habrán repuntado.Del Olmo ha cifrado en 50 millones de euros lo que dejará de ingresar la Junta de Castilla y León por la eliminación del céntimo sanitarioPor otro lado, Del Olmo ha cifrado en 50 millones de euros lo que dejará de ingresar la Junta de Castilla y León por la eliminación de la tercera parte que queda del tributo sobre hidrocarburos el Gobierno autonómico suprimió las dos terceras partes en 2015­­ y ha explicado que el nuevo beneficio fiscal para entidades locales menores supondrá unos 350.000 euros.IRPF y 'CÉNTIMO SANITARIO'.Como ha explicado Del Olmo, la propuesta de modificación del IRPF, que adapta la tarifa autonómica a la estatal, mantiene los cinco tramos en los que se estructura el impuesto, pero con cambios sustanciales. Así, el primero de ellos ­­que va de los 0 a los 12.450 euros­ se gravaría con el 9,5% a partir del 1 de enero de 2016, en lugar de con el 10%.La bajada de este impuesto se notará también en el segundo tramo de la tarifa, al que se aplica un tipo del 12% y va de los 12.450 a los 17.707,2 euros. Para ello, el límite superior se elevaría hasta los 20.200 euros, lo que implica incluir a un mayor número de contribuyentes que hasta ahora pagaban el 14% por la parte de la base imponible que iba de los 17.707,2 hasta los 20.200 euros.Por último, para el tercer tramo se plantea algo similar, de manera que el techo pase de los 33.007,2 actuales a 35.200 euros. Esto supondría aplicar un tipo del 14% a la base imponible comprendida entre ambas cantidades, frente al 18,5% de ahora.EL CÉNTIMO SANITARIO NO FUE UN "ERROR"La consejera ha defendido que la implantación de este impuesto no fue un "error", ya que logró recursos para financiar servicios básicosEn cuanto al 'céntimo sanitario', ha detallado que la Junta lo recortó en un tercio en 2015, tras lo que propone ahora la supresión íntegra de la tarifa autonómica desde el 1 de enero de 2016, es decir, que los ciudadanos dejen de pagar 1,6 céntimos adicionales por litro de gasolina, gasóleo o queroseno, así como 0,07 céntimos por cada litro de fuelóleo. Al sector del transporte no le afecta, puesto que ya se les devuelve el cien por cien.La consejera ha defendido que la implantación de este impuesto no fue un "error", ya que logró recursos para financiar servicios básicos cuando "era necesario". "El Gobierno ha actuado con responsabilidad", ha detallado Del Olmo, quien ha señalado que desde su puesta en marcha en 2012 se han recaudado 270 millones de euros a través de este tributo.Otro cambio que se introduce en la norma es la redefinición del concepto de núcleo rural, así se deja de considerar el municipio para tomar como referencia las entidades locales menores, lo que abre la posibilidad de acceder a las ventajas para la adquisición o rehabilitación de viviendas a los habitantes de 69 pueblos en los que residen más de 27.000 personas.

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