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Catalá dice que las exigencias de la CUP 'no caben en el modelo de convivencia'

Bolsamanía Bolsamanía 09/10/2015 redaccion@bolsamania.com
© Proporcionado por Bolsamanía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este viernes que las exigencias que ha planteado la CUP para apoyar la formación de un Gobierno en Cataluña, que pasan por "la ruptura de la legalidad vigente y la ruptura con España", "no caben" en el "marco de convivencia".No obstante, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha puntualizado que la presentación de esas exigencias no da lugar a ninguna "reacción formal" del Gobierno ni de la Fiscalía, puesto que eso sólo puede darse cuando haya alguna "actuación concreta", es decir, alguna "norma" o alguna "resolución" por parte de las instituciones catalanas.Catalá: Por ahora estamos en un "plano político", las exigencias de la CUP "Está dentro de la libertad de expresión"Antes de que eso se produzca, ha dicho, estamos en un "plano político". "Está dentro de la libertad de expresión por decirlo de alguna manera, pero identifica muy bien esos actores, yo creo que sabemos en presencia de quién estamos, hacen planteamientos políticos radicales", ha resumido.Catalá también ha dejado claro que, en caso de que el Gobierno o el Parlamento catalán tomen medidas que deban ser recurridas --en los tribunales ordinarios o ante el Tribunal Constitucional-- no supone "ninguna debilidad" el hecho de que el Gobierno central vaya a estar en funciones.Preguntado por la próxima declaración del presidente catalán en funciones, Artur Mas, por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, el ministro ha dicho que se trata del "funcionamiento normal de la justicia" para aclarar si hubo delito en aquel evento, y eso requiere "que comparezcan las partes y aleguen lo que consideren". "El juez tendrá que decidir si se acredita la comisión de algún delito y en ese caso tendría consecuencias", ha resumido.En la misma línea, ha dejado claro que no le preocupan las movilizaciones programadas porque España es un Estado de Derecho y el proceso judicial es una demostración de que "nadie está por encima de la ley" y quien es llamado a declarar puede ir a alegar "lo que mejor le parezca", de modo que no debería haber "ninguna alteración en el sistema de convivencia".

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