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De la Rosa, el informador del caso Pujol, se salva de una imputación por delitos fiscales

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 21/09/2016 Bolsamanía

La confesión de evasión de capitales y de fraude fiscal del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, y todo el caso que se ha construido después, ha contado con una ‘garganta profunda' que se había movido en la órbita de los Pujol Ferrusola: el empresario Javier de la Rosa. Ahora, recoge los réditos de su participación como informante de la policía y ha eludido su imputación por la operación de compraventa de 1.152 oficinas de Banco Santander.

El diario Ara explica que la Fiscalía Anticorrupción ha hecho caso omiso a las conclusiones de un informe de la Agencia Tributaria que le atribuye un delito fiscal en la citada operación. Sin embargo, sí ha imputado a sus hijos Javier i Gabriela. La última palabra la tiene el juez José de la Mata, ya que Santiago Pedraz se ha inhibido a su favor en la investigación del caso.

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Recuerda el medio que De la Rosa es una de las piezas clave de la llamada ‘operación Cataluña', por la que el Estado busca los trapos sucios de figuras destacadas del soberanismo catalán. Su papel fue clave en las investigaciones sobre el ex president de la Generalitat, Jordi Pujol -de hecho, Pujol le atribuía la responsabilidad de los informes falsos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

OTRAS DECISIONES JUDICIALES POLÉMICAS

Explica el Ara que esta decisión se suma a otros movimientos judiciales que han levantado ampollas. La Fiscalía del Tribunal Supremo decidió el pasado mes de julio no investigar las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, sobre los escándalos que involucraban a políticos independentistas.

El caso Fernández Díaz acabará en manos del Congreso que tiene previsto aprobar a la creación de una comisión de investigación sobre el uso por parte del Ministerio del Interior de efectivos, medios y recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado para investigar políticos independentistas.

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