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Distintas campañas de Aguirre y Rajoy se financiaron de forma ilegal, según la UCO

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 19/05/2017 Bolsamanía

Los informes del 'caso Púnica' desvelados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desvelan cómo se financiaron de manera ilegal al menos tres campañas electorales del Partido Popular. Se trataría concretamente de los comicios autonómicos de 2007, los generales de 2008 y los también autonómicos de 2011, cuyos candidatos fueron Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, tal y como informa el diario El Mundo.

Según la UCO, el PP madrileño, entonces presidido por Aguirre, cometió "numerosas irregularidades, muchas de ellas de relevancia penal". Estas habrían supuesto "una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y un grado aceptable de pluralismo político", indica esta unidad de la Guardia Civil. Con todo ello, se buscaba burlar el control del Tribunal de Cuentas.

Entre todas esas "irregularidades", se encontrarían facturas falsas, contratos públicos amañados, subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid utilizadas para otros fines que los debidos, así como opacas de empresarios. Además, el PP habría vulnerado la Ley Electoral.

Los responsables que señalan los documentos revelados son Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid que actualmente se encuentra en prisión provisional, aunque con mucha posibilidad de obtener la libertad provisional pronto; Ignacio González, expresidente madrileño también en prisión encarcelado provisionalmente, aunque en su caso por la 'operación Lezo'; y Beltrán Gutiérrez, antiguo gerente del PP de Madrid.

Este último, tal y como indica la UCO, era el encargado de "gestionar y recepcionar fondos opacos con la finalidad de financiar irregularmente gastos electorales del PP". De hecho la contabilidad B que elaboraba fue hallada por los investigadores en su dormitorio, en concreto entre las páginas de un libro titulado Principios de economía de empresa.

"EXCESOS ELECTORALES" INFLADOS

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción detalla en otro informe que los 'populares' inflaron "excesos electorales": 685.000 euros de más en 2007, 685.000 en 2008 y 1.546.000 en 2011. Esta estructura ilegalidades solo se ha podido mantener, según el Ministerio Público, gracias a una "red de decisión y ejecución cohesionada" entre altos cargos del PP.

© Proporcionado por Bolsamanía

En concreto, existen coincidencias entre distintos cargos del partido, de la fundación Fundescam y del entonces gobierno madrileño. Y en todas esas instituciones estaba Aguirre.

DINERO PÚBLICO PARA PAGAR A AZÚCAR MORENO E IGUANA TANGO

También figura entre los informes del 'caso Púnica' que el PP desvió dinero público de los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro para pagar las actuación del dúo musical Azúcar Moreno y de Iguana Tango en un acto de fin de campaña de Aguirre, Rajoy y Gallardón de 2007, según publica eldiario.es.

Para simular los pagos, el PP madrileño y la productora Waiter Music pactaron una facturación falsa. Tal y como explica el periódico digital, se indican el coste real del espectáculo de Azúcar Moreno e Iguana Tango y, paralelamente, el albarán que la ambas partes pactaban y que finalmente se remitía al partido político.

"DEJEMOS QUE LOS JUECES DECIDAN"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes que no se ha tratado la supuesta financiación ilegal de algunas campañas electorales de Aguirre y Rajoy durante dicha reunión.

Méndez de Vigo ha declarado que "últimamente" salen a la luz "muchas noticias sobre estas cosas, de informes de unos y de otros", pero eso no implica nada, ya que "es el juez el que tiene que tomar la decisión" final. Ha puesto de ejemplo un informe que se hizo público la semana pasada "que implicaba a la Comunidad de Madrid" y que, en cambio, "duró 24 horas" porque "el juez dijo que solo era un informe".

Finalmente, el portavoz del Ejecutivo ha afirmado que este se atendrá "a lo que diga el juez" al respecto, "dejando a los jueces trabajar, guardando cierta mesura o cierta tranquilidad". "Dejemos que los jueces decidan", ha sentenciado.

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