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Economía.- El Estado ahorrará 1,22 millones en tres años con la mejora de coordinación entre Registro y Catastro

Logotipo de Europa Press Europa Press 16/06/2014 europapress
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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así se desprende de la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliaria, que ya ha sido remitida al Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según el documento, será necesario desarrollar las aplicaciones informáticas para el intercambio de información entre el Registro y el Catastro, lo que supondrá un gasto de 425.000 euros en un periodo de quince meses para que el Ministerio de Hacienda adapte los sistemas de información. Esta cantidad se pagará en un año completo (340.000 euros) más unos meses del año siguiente (85.000 euros).

Esta inversión corresponde a la necesidad de disponer de dos equipos de trabajo de desarrollo de aplicaciones informáticas compuestos ambos por "medio jefe de proyecto", dos analistas y dos programadores durante un periodo de seis meses de trabajo, lo que se ha presupuestado en unos 275.000 euros para la mejora de las comunicaciones tradicionales e intercambio de información, y en 150.000 euros adicionales para las comunicaciones gráficas y referencia catastral provisional.

Según el Gobierno, estos costes "podrían ser asumidos con las actuales disponibilidades presupuestarias de la Dirección General del Catastro", por lo que no ve "necesario" el incremento de recursos humanos, y prevé explícitamente que el proyecto de ley "no podrá suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal".

Por su parte, el Ministerio de Justicia no tendrá que asumir ningún coste de implantación ya que "todos ellos deberán ser asumidos por los Registradores de la Propiedad o sus órganos colegiales", según afirma el Ejecutivo, que no estima a cuánto podrían elevarse estas necesidades.

MENOS GASTO EN TRÁMITES

Por otra parte, los cambios que se introducen con este proyecto de ley permitirán reducir en unas 22.000 las declaraciones que tramita el Catastro cada año, es decir, un tercio menos de operaciones de agregación, agrupación o segregación de bienes inmuebles, que serán sustituidas por "comunicaciones de registradores".

Esto conllevará un ahorro para los ciudadanos de aproximadamente 1,76 millones de euros al año, a razón de 80 euros por cada trámite presencial de declaraciones que se realizan ante el Catastro. Pero también permitirá ahorros a la Administración, que minorará en unos 25 euros el coste de cada tramitación de alteraciones. De este modo, el ahorro anual bruto para las arcas públicas será de 550.000 euros.

Con estas cifras, el Gobierno concluye que el impacto presupuestario de este proyecto de ley será un ahorro de 210.000 euros el primer año (cuando se acometerá el grueso de la inversión), de 465.000 euros el segundo año y de 550.000 euros el tercer ejercicio, lo que suma 1,22 millones de euros en tres ejercicios. A partir del cuarto año se consolidará ese ahorro de 550.000 euros por ejercicio.

OTROS IMPACTOS ECONÓMICOS

Estas proyecciones dejan fuera, no obstante, los ahorros que podrían derivarse de otros efectos del proyecto de ley, como es la "desjudialización" de algunos expedientes, fundamentalmente los referidos a la inmatriculación de fincas, reanudación de tracto sucesivo interrumpido, doble inmatriculación o los de libración de cargas y gravámenes. Una decisión que conllevará un "importante ahorro de tiempos y costes" que no se cuantifica, así como la "liberación de recursos jurisdiccionales que podrán dedicarse a otras tareas".

Igualmente, el Ejecutivo está convencido de que el impacto económico general de esta mejora de la coordinación entre Catastro y Registro será "positivo" a que la nueva regulación "favorecerá la uniformidad de procedimientos", "dotará de mayor transparencia el mercado inmobiliario, favoreciendo sustancialmente la seguridad jurídica" y supondrá una reducción de cargas administrativas, una "simplificación" de trámites y una "previsible" disminución de plazos al realizar muchas comunicaciones de forma electrónica.

Asimismo, podría incidir positivamente sobre la "productividad de las personas, trabajadores o empresas" ya que se eliminarán trámites que actualmente deben realizarse de forma presencial; sobre la innovación, ya que se "fomenta el uso de nuevas tecnologías"; y sobre los consumidores, al "favorecer la protección de sus derechos y garantías jurídicas en general".

No obstante, la reforma legal no tiene impactos directos sobre el empleo, ni tampoco sobre tasas, precios públicos o aranceles notariales o registrales. En cualquier caso, el Gobierno cree que es una reforma "inaplazable" ante la necesidad de coordinación existente entre ambos organismos y para la que "ahora se cuenta con los instrumentos tecnológicos adecuados".

"Es esencial para el Registro de la Propiedad determinar con la mayor exactitud posible la porción de terreno sobre la que proyecta sus efectos. Y para el Catastro Inmobiliario es esencial conocer y reflejar en sus bases gráficas todas aquellas modificaciones o alteraciones registrales que se produzcan sobre las realidades físicas de las fincas. La seguridad jurídica evitará supuestos litigiosos y sus costes", insiste el Gobierno.

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