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El Congreso aprueba la reforma exprés del Tribunal Constitucional

Bolsamanía Bolsamanía 01/10/2015 redaccion@bolsamania.com
© Proporcionado por Bolsamanía

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma del Tribunal Constitucional, que le dará competencia para cumplir sus sentencias y sancionar a los cargos públicos que las ignoren. La votación ha salido adelante con los únicos votos a favor del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y las críticas del resto de partidos. Según informa RTVE, las enmiendas de la oposición, que en su mayoría pedían la supresión de los artículos modificados, han sido rechazadas. El texto ha sido criticado duramente por parte de prácticamente todos los partidos presentes en la Cámara, que lo han calificado como innecesario e inconstitucional.El texto ha sido criticado duramente por parte de prácticamente todos los partidos presentes en la Cámara, que lo han calificado como innecesario e inconstitucionalPara sus detractores, el único objetivo del texto es inhabilitar al presidente en funciones de Cataluña, Artur Mas, en caso de que incumpliera más sentencias del Tribunal Constitucional, como ocurrió con la consulta del pasado 9 de noviembre.Tras su aprobación en el Congreso, la ley pasará ahora al Senado. La Comisión Constitucional de la Cámara Alta eligió este miércoles a los miembros de la ponencia que estudiará la reforma.APROBACIÓN EN UN MESLa proposición de ley, presentada al inicio del actual periodo de sesiones al comienzo del mes de septiembre por el candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, se ha tramitado de urgencia (acortando los plazos a la mitad) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) con el fin de poder completar todo el proceso parlamentario antes de las elecciones generales, informa Europa Press.La reforma exprés aprobada este jueves por la Cámara Baja detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según el PP, ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.Con su proposición, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

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