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El PP recurre la fianza de 1,2 millones de euros por su 'caja B'

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 26/05/2016 Bolsamanía

El Partido Popular ha recurrido la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le ha impuesto en su calidad de responsable civil subsidiario por financiarse presuntamente con una 'caja B', desde "1990 hasta, al menos, el año 2008" y ha criticado que esta cuantía no se haya reducido "ni en un céntimo de euro" pese a la solvencia de los acusados.

El partido ha presentado un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que denuncia la "patente indefensión" que ha sufrido, toda vez que se le ha requerido el "100%" del pago de la responsabilidad civil que el juez reclama sin conocer cuál es la solvencia de los demás responsables civiles.

"Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros, cuando este, como responsable civil subsidiario, debe responder únicamente de la cuantía que quede por cubrir una vez se haya procedido contra los bienes de los acusados, responsable directos y solidarios", añade.

El juez efectuó este requerimiento en una diligencia de ordenación, en la que informó de que las fianzas no han sido totalmente cubiertas por los acusados, los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez, así como por el despacho Unifica, que reformó las obras de la sede de 'Génova'.

El PP apunta que el juez impuso a Lapuerta y Bárcenas sendas cauciones de 8,9 millones, a Páez otra de 7,4, y a Unifica una de 4,5, aunque luego rebajó dichas cuantías en 577.249 euros por acusado. A su juicio, la fianza de 1,2 millones del partido debe asumirse "conjunta y solidariamente" por los acusados y, en el caso de que sus bienes no sean suficientes, recurrir de forma subsidiaria al PP.

"UN AFIANZAMIENTO EXORBITADO"

En opinión del PP, los responsables civiles directos y Unifica han acreditado una "solvencia superior" a la cantidad que se le reclama y el afianzamiento por uno de los responsables de la cuantía presuntamente defraudada a la Hacienda eliminaría la responsabilidad del resto de depositarla. "Lo contrario, supondría un afianzamiento exorbitado que nunca podrá hacerse efectivo en fase de ejecución de sentencia puesto que supondría un enriquecimiento injusto de la Administración", resalta.

Los 'populares' ponen de relieve que Lapuerta ha dicho contar con 320.000 acciones de la inmobiliaria El Royuelo y de un inmueble con un valor catastral de 1,64 millones de euros a fecha de 2005. "En un principio y a salvo de una valoración pericial posterior, la cuantía asegurada por Lapuerta ascendía a 4,18 millones", remachan.

En el caso del otro antiguo responsable de las finanzas 'populares', Luis Bárcenas, advierten de que el juzgado se "contradice" cuando dice que sus bienes se encuentran embargados, pero en otra resolución posterior indica que "este señor ha asegurado una parte de las responsabilidades exigidas". Por ello, ve "útil" aclarar este aspecto.

Tras señalar que Páez ha ofrecido acciones en garantía por importe de 455.370 euros, el PP agrega que la empresa Unifica Servicios Integrales ha ofrecido bienes valorados en 10,9 millones para cubrir las cantidades exigidas al despacho y a sus trabajadores Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

Al haberse afianzado un total de 15,61 millones de euros, el Partido Popular dice no entender por qué no ha afectado a las cuantías requeridas que le han sido requeridas y que "no se vieron reducidas ni en un céntimo de euro".

"Los responsables civiles directos y el directo y subsidiario --Unifica-- habrían acreditado una solvencia que asciende a 4,18 millones, 455.370 euros y 10,97 millones, las cuales necesariamente se deberían haber tenido en consideración en relación con las cuantías con carácter previo a llamar al Partido Popular como responsable civil subsidiario", alega el recurso.

El PP, que pide suspender el plazo de diez días para afrontar la fianza civil, cree que el juzgado ha cometido un "error" en el cómputo de la responsabilidad civil, que "debería haber sido reducida en 432.936 euros".

"Posteriormente, debería haberse procedido a calcular el nuevo importe de las multas a partir del resultado obtenido al restar 432.936,86 € a la antigua responsabilidad civil. Y, finalmente, deberían haberse sumado el nuevo importe de multas y la cuantía de la responsabilidad civil, incrementando el resultado en un tercio para obtener el importe total por el que debería prestarse fianza", concluye en el anexo, que acompaña al recurso de 34 páginas.

AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL

Según el juez, la formación presidida por Mariano Rajoy "habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 euros", al "alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".

Además, entiende que la formación 'popular' era responsable civil subsidiaria del delito de fraude fiscal que se cometió en relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, en el que la empresa Unifica no declaró 1.024.987 euros que cobró en negro por las obras de remodelación de la sede central de los 'populares', en Génova, 13.

De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B', que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

Así lo reflejó en el auto en el que abrió hace un año juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede nacional del PP Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero.

Consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.

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