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El Tribunal Constitucional avala por mayoría la reforma que le permite suspender a cargos públicos

Bolsamanía Bolsamanía 03/11/2016 Bolsamanía

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por mayoría de 8 votos frente a 3 el recurso presentado el Gobierno vasco contra la última reforma de la Ley Orgánica que rige el propio órgano (LOTC), dirigida a reforzar sus facultades para hacer cumplir sus resoluciones. Entre las nuevas atribuciones se encuentra la de poder suspender a cargos públicos que desobedezcan sus sentencias y autos.

La declaración de constitucionalidad de esta norma podría aplicarse en un futuro próximo a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a quien ya se investiga por incurrir en una presunta desobediencia al permitir que se debatieran y votaran en la Cámara catalana las conclusiones para fijar la hoja de ruta de la ruptura con España.

La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González- Trevijano,, afirma que el Tribunal Constitucional ha sido configurado por la Constitución como un "verdadero órgano jurisdiccional" y, como tal, tiene potestad para ejecutar sus resoluciones. Añade que la posibilidad de suspender temporalmente a un empleado o cargo público en el ejercicio de sus funciones no tiene carácter punitivo y no supone inhabilitación alguna, pues su única finalidad es garantizar el cumplimiento de las resoluciones.

El Constitucional defiende que esta medida no tiene carácter punitivo y su único objetivo es garantizar el cumplimiento de las resoluciones

La Generalitat recurrió también la reforma, y la resolución de esta iniciativa se conocerá previsiblemente en las próximas semanas y tendrá el mismo destino que la promovida por el Gobierno Vasco en las partes que ambos recursos coincidan, han apuntado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías. Si no hubo acumulación de ambos recursos es porque en ellos se planteaban cuestiones de inconstitucionalidad diferentes.

La conclusión alcanzada por el TC sobre su propia reforma este jueves precisó de un cambio de la ponente inicialmente designada para este recurso, que era la vicepresidenta del TC Adela Asúa, ya que su propuesta favorable a los recurrentes no obtuvo el apoyo mayoritario de sus compañeros.

El nuevo ponente ha sido el magistrado Pedro González Trevijano, perteneciente al sector conservador de la institución, y Asua ha anunciado voto particular junto con los también discrepantes Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol.

LAS FACULTADES NO DESNATURALIZAN AL TRIBUNAL

© Proporcionado por Bolsamanía

Así, el TC rechaza en su sentencia que las nuevas medidas incluidas en la reforma desnaturalicen la jurisdicción constitucional, modifiquen el sistema de controles de las Comunidades Autónomas por el Estado y vulneren los principios de separación de poderes y de legalidad penal.

El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno Vasco se dirigía principalmente contra los nuevos apartados b) y c) del artículo 92.4 de la LOTC. El primero de ellos prevé la suspensión temporal en sus funciones de las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan las resoluciones del Tribunal; el segundo, la ejecución sustitutoria de las resoluciones dictadas por el Tribunal, que puede requerir para ello la colaboración del Gobierno de la Nación.

Antes de analizar estas alegaciones al detalle, el TC explica que el hecho de que la Constitución no prevea un mecanismo para la ejecución de las sentencias del Tribunal no implica "un desapoderamiento del Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones".

La Constitución configura al Tribunal Constitucional "como un verdadero órgano jurisdiccional", por lo que también tiene atribuida la potestad de "obligar al cumplimiento de sus resoluciones". "Si ello no fuera así, el Tribunal, único en su orden, carecería de una de las notas esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional y con ello de la potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución".

Hechas las anteriores consideraciones, el TC descarta que la reforma desnaturalice el modelo de jurisdicción constitucional diseñado por la Constitución y altere la posición y funciones del Tribunal. El constituyente de 1978, explica, no quiso un modelo de jurisdicción constitucional "cerrado, petrificado y congelado en el tiempo" y por eso confirió al legislador una amplia capacidad para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional mediante ley orgánica (artículo 165 CE).

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