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El Tribunal Constitucional suspende tres leyes aprobadas en Cataluña

Bolsamanía Bolsamanía 03/05/2016 Bolsamanía

El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en suspenso, al admitir a trámite, tres leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya recurridas a finales del pasado mes por el Gobierno. Se trata de la ley que grava las viviendas vacías, la de gobiernos locales y la ley de igualdad entre hombres y mujeres; y los recursos llevan aparejada la petición de su suspensión cautelar si son admitidas a trámite.

Como señala Europa Press, estas medidas dadas a conocer este martes, que fueron aprobadas en el Pleno del TC de las semana pasada, acuerdan dar traslado de todas las actuaciones al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Catalunya, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

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La admisión supone la suspensión de la vigencia y aplicación de los tres preceptos impugnados como consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece que “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas".

EL TRIBUNAL RESOLVERÁ LA SENTENCIA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en sentencia en los próximos días, según han señalado fuentes del tribunal de garantías y según señala Europa Press.

Según explicó el pasado 22 de abril el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno impugna la ley que establece un impuesto a las viviendas vacías porque ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Un nuevo tributo sobre el mismo hecho, ha dicho, incurre en “vicio de inconstitucionalidad”.

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