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La fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación a Chaves por los ERE

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 15/09/2016 Bolsamanía

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para Manuel Chaves solicita diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada por el caso ERE.

© Proporcionado por Bolsamanía

La Fiscalía pide estas penas en su escrito de acusación en la pieza separada correspondiente al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Para Griñán, a quien la Fiscalía achaca presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, el Ministerio Público pide además diez años de inhabilitación por el primero de los citados delitos y 20 años de inhabilitación absoluta por el segundo, recoge Europa Press.

Junto a los dos expresidentes, la Fiscalía imputa a otros altos cargos de la Junta como los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Manuel Vallejo, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo.

"A SU LIBRE ARBITRIO, SIN PROCEDIMIENTO ALGUNO"

En su escrito, el Ministerio Público relata cómo los encausados modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria al Instituto de Fomento de Andalucía, ente público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004.

Como consecuencia de la ausencia de la fiscalización debida y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, se puso en manos de la Consejería de Empleo unos fondos públicos que gestionó "a su libre arbitrio sin procedimiento alguno", impidiendo a los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que "personas que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial [...]".

La Fiscalía señala además que esta gestión, realizada por los encausados pertenecientes a Empleo, era conocida por el resto de encausados, ya que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde el ejercicio 2002.

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