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La Fiscalía pide para Mas 10 años de inhabilitación por la consulta del 9N

Bolsamanía Bolsamanía 03/10/2016 Bolsamanía

La Fiscalía ha pedido 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el ex president de la Generalitat, Artur Mas, por los supuestos delitos de desobediencia grave y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman 9 años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación-.

El Ministerio Público desistió de acusar a los tres investigados de un delito de malversación de fondos públicos, según recuerda El Periódico, lo que comportaba que solicitaran para ellos penas de cárcel, pero les continúa imputando los delitos de desobediencia grave y prevaricación.

La Fiscalía les acusa de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta de haber intentado aparentar que habían la organización del 9N en manos de los voluntarios. El escrito de los fiscales sostiene que el ex president desatendió el mandato del Alto Tribunal de forma intencionada y, por lo tanto, incumplió la obligación de dejar sin efecto la convocatoria.

En caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decida separar los delitos de desobediencia y prevaricación, los fiscales reclaman para Mas por el delito de desobediencia una multa de 36.000 euros e inhabilitación especial por un año y seis meses, y por prevaricación inhabilitación por un tiempo de ocho años. y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

© Proporcionado por Bolsamanía

El magistrado del TSJC, Joan Manel Abril, dio por concluida la causa en junio. Abril consideró que existen indicios de que los tres miembros del Govern conocían desde el mismo día 4 de noviembre, cuando se produjo, la resolución del Constitucional que impedía la celebración de la consulta, y que no la acataron puesto que continuaron con los contratos con empresas privadas suscritos, por ejemplo, para dar soporte informático a la consulta, dotar de ordenadores, adecuar un centro de prensa o dar los resultados; amén de la confección de urnas y papeletas en a cargo de reclusos de las prisiones catalanas, recoge Efe.

Abril rechazó que la jornada tan sólo fuera obra de voluntarios, sino que también cree que hubo implicación institucional. Los investigados, ahondaba, recibieron comunicaciones del mismo Tribunal Constitucional y de la Delegada del Gobierno en Catalunya en las que se les informaba de la suspensión.

EL APOYO DE PUIGDEMONT

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha salido en defensa de Mas, Ortega y Rigau ante la petición de Fiscalía de inhabilitarles por la consulta del 9N: "Su vergüenza es nuestra fuerza. No estáis solos", ha dicho el president desde su cuenta de Twitter.

La seva vergonya és la nostra fortalesa. No esteu sols: som més els qui preferim les urnes a les arnes. Les que han arnat la democràcia. https://t.co/TiDeptclYb

— Carles Puigdemont (@KRLS) 3 de octubre de 2016

Puigdemont ha emitido este comentario en la red social de microblogging al retuitear un comentario de la misma Ortega que lamentaba "nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablara. Inédito en el mundo":

Fiscalia demana 10 anys inhabilitació MHP Mas i 9 per mi i HC Rigau. Ens volen inhabilitar per habilitar que la gent parlés. Inèdit al món

— Joana Ortega (@joanaortega) 3 de octubre de 2016

MÁS REACCIONES EN TWITTER

El coordinador general del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, también ha opinado sobre la decisión de la Fiscalía desde su cuenta de Twitter:

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