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La Guardia Civil acredita que la financiación del PP de Rita Barberá es irregular

Bolsamanía Bolsamanía 06/07/2016 Bolsamanía

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un contundente informe que acreditaría el supuesto delito electoral (este es el nombre jurídico que recibe la financiación irregular de partidos) que habría cometido el Partido Popular (PP) de la ciudad de Valencia en las últimas campañas electorales de la ex alcaldesa y actual senadora territorial popular, Rita Barberá.

Este documento ha sido entregado hace unos días al juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que es el encargado de investigar las diligencias derivadas de la Operación Taula, e incluye pruebas y documentación sobre el presunto blanqueo de capitales para financiar la campaña de las elecciones municipales de 2015, según El Mundo.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, el informe de la Guardia Civil también apunta al grupo Trasgos, la agencia de publicidad que montó las campañas de Barberá y que en 20 años ha recibido 2,6 millones de euros en contratos fraccionados del Ayuntamiento.

DOCUMENTO CON TODAS LAS PRUEBAS ENCONTRADAS

© Proporcionado por Bolsamanía

En este documento están incluidas cada una de las pruebas que los investigadores encontraron durante la macroredada contra la corrupción que desarrolló la Guardia Civil en Valencia el pasado 26 de enero y cuestiona la estrategia del medio centenar de cargos del grupo municipal popular imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales e incluye pruebas de la pieza que investiga el reparto de comisiones a cambio de contratos en el Ayuntamiento de Barberá, que continua secreta.

Las publicaciones de la UCO coinciden con las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción. En este sentido, en ambos casos se cree que el PP de Valencia pudo cometer varios presuntos delitos electorales y contó con financiación opaca en las campañas cuyo origen se desconoce. Además, se acreditarían los indicios respecto al lavado de dinero del grupo municipal. La investigación apunta a que esos fondos procedían del pago de comisiones.

TRAMA ORGANIZADA

Por su parte, el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan una trama, organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, que habría revestido de legalidad numerosos contratos públicos para morder de adjudicaciones de varias administraciones. La "organización criminal" se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público amañado, la cantidad variaría en función del cargo que pedía la comisión y su responsabilidad dentro del entramado, según apunta la investigación.

En el transcurso de las diligencias los agentes tuvieron conocimiento de un caso muy concreto que apunta a que medio centenar de miembros del grupo municipal, incluidos los diez concejales del PP en Valencia, hicieron una aportación de 1.000 euros cada uno para financiar la última campaña de la ex alcaldesa. Las donaciones personales se habrían retornado en 'B', en forma de dos billetes de 500 euros que se tenían que blanquear sin levantar sospechas, según El Mundo.

El magistrado Víctor Gómez, el instructor del Caso Taula, no ha enviado por el momento a las partes el informe al contener datos e información que afectan a la pieza que investiga las mordidas tras la confesión del ex gerente de Imelsa y hombre de confianza de Alfonso Rus en la Diputación, Marcos Benavent, el conocido como 'yonki del dinero' que grabó durante años las corruptelas del PP.

Técnicamente, el juez aún no ha abierto diligencias por un delito electoral pero los investigadores sí han estado practicando pruebas sobre estos hechos en los últimos meses. El resultado es este informe, muy preciso, que apuntalaría la estrategia de la Fiscalía y complicaría el futuro judicial de Barberá y su entorno más próximo. Según fuentes jurídicas, el magistrado no dará traslado de este informe hasta valorar cómo abre las diligencias que investigarán la presunta financiación irregular del PP de Rita Barberá por primera vez tras la denuncia que presentó el grupo municipal Compromís.

DIFERENTES PRUEBAS

El documento presentado por la OCU incluye la investigación que se ha hecho por parte de la Agencia Tributaria durante los últimos meses. Hacienda ha investigado la facturación de Trasgos con el partido y el Ayuntamiento. La investigación tributaria incluyó multitud de sociedades vinculadas al mercado inmobiliario, a la asesoría fiscal o a la construcción. Además, ha rastreado la declaración anual de operaciones con terceras personas del grupo municipal popular de Valencia mientras la Unidad interrogó a los responsables de Trasgos en el cuartel.

Antonio Puig, uno de los administradores, admitió ante los agentes que utilizó una constructora para facturar por conceptos propios de comunicación y publicidad "aunque el objeto social de la misma estaba referido a la construcción". El empresario, quien declaró como testigo, se justificó matizando que "según su asesor era lícito aunque no tuviera ese objeto social".

A su vez, este informe incluye las diligencias que ha practicado la UCO tras hallar entre las anotaciones de Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del grupo municipal popular para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió prisión provisional, pagos a Trasgos por gastos electorales o de partido e ingresos de donantes desconocidos. García-Fuster, quien ha confiado su defensa en el cuñado de Barberá, se negó a identificarlos en el juzgado. Las libretas de la presunta cajera revelaron una contabilidad, opaca, al margen de cualquier órgano de control, incluso de los que impone la calle Génova.

NO HAY CONTRATOS AMAÑADOS

La exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá se ha mantenido firme recalcando que "nunca se ha amañado un contrato en el Ayuntamiento de Valencia durante los 24 años" en las que ella fue primera edil, al tiempo que ha aseverado que ni ha "ordenado, ni pedido, ni insinuado la menor mordida". Por esa razón ha señalado "que no piensa dimitir, es que ni se lo plantea".

Barberá realizó esas declaraciones hace unos meses en su primera comparecencia pública tras el estallido de la Operación Taula. En este sentido, recordó que las adjudicaciones las proponía la Mesa de Contratación, donde los más altos técnicos de la corporación local eran mayoría. Además agregó que "cada vez que entraba un concejal nuevo" en el equipo de gobierno, ella les decía: "No firméis nada si antes no lleva la firma del técnico correspondiente. Esa frase es mía reiterada por activa y por pasiva", dijo.

OPERACIÓN TAULA

La Guardia Civil puso en marcha a finales del pasado mes de enero una operación contra la corrupción en Valencia que salpica directamente al PP. Las investigaciones se han centrado en diversos ayuntamientos de la provincia que fueron gobernados por el Partido Popular y la Diputación provincial, y ya se han producido diversas detenciones. Una de las más significativas fue la de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación y exalcalde de Xàtiva.

Las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control es lo que se investiga en la Operación Taula. La investigación se centra en la empresa de la Diputación de Valencia, Imelsa, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios, Ciegsa, y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales, según El Diario.

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