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La Junta señala que no puede permitirse tener "personal mano sobre mano, hay que darle funciones"

Bolsamanía Bolsamanía 13/04/2016 Bolsamanía

La Junta de Andalucía tiene previsto comenzar a negociar con las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario una solución para proveer de funciones al personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), después de que la pasada semana el Parlamento andaluz rechazara un decreto ley sobre empleo porque incluía una disposición adicional que ampliaba el catálogo de servicios y funciones a desempeñar por este personal.

Así lo han expuesto en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que han concretado que buscarán a través del diálogo un acuerdo porque hay unos 1.800 empleados públicos "que necesitan tener funciones en la Administración autonómico". Vázquez ha señalado que "no podemos permitir que haya personal mano sobre mano" y que "tenemos la obligación de darle funciones".

NUEVO DECRETO LEY

© Proporcionado por Bolsamanía

La Junta ha presentado este pasado martes un nuevo decreto ley para modificar la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo y que no incluye la disposición adicional que provocó la semana pasada que fuera derogado en el Parlamento andaluz. Han señalado que el personal al que ser refería la disposición adicional no es un asunto que se circunscriba exclusivamente al personal de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), sino que también incluye a otros como los Alpes, Menta o los promotores de empleo, "un abanico de trabajadores públicos que desean y quieren tener un sitio en la Administración, que merecen un respeto".

La consejera de Hacienda ha aclarado que la propuesta del Ejecutivo andaluz, que fue rechazada por el Parlamento, "no incorporaba potestades públicas" sino que se basaba en la cartera de servicios de las oficinas de empleo "que el Gobierno de España permite que se preste por entidades privadas". "El PP-A ha votado en contra de que los empleados públicos de Andalucía hagan lo que sí pueden hacer en España empresas privadas", ha apostillado.

De esta manera, tras desligar este asunto de la ley del empleado público que llevará la Junta más adelante al Parlamento, Montero ha explicado que "en el SAE y en todas las agencias públicas de este tipo, hay trabajadores laborales, funcionarios y también trabajadores que se han incorporados por sentencias judiciales", de manera que defiende que "es lógico que se le asignen tareas porque cobran un sueldo de los impuestos de los ciudadanos y no es razonable que no estén al máximo de sus competencias desarrollando laborales", pero asegura que "en ningún caso serán potestades públicas".

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