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Las grabaciones del PP de Valencia: 'En este país sólo funciona la corrupción'

Bolsamanía Bolsamanía 14/03/2016 Bolsamanía

Los dirigentes que están siendo investigados en la Operación Taula utilizaron los teléfonos para quejarse de las falsas donaciones de 1.000 euros que les pidiera el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia para financiar la última campaña electoral de Rita Barberá, según informa El Mundo.

El rotativo de Unidad Editorial explica que la Guardia Civil interceptó el 15 de abril de 2015 una conversación entre María José Alcón, esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, detenido en otro caso de corrupción y uno de los acusados en Nóos, y su hijo, Vicente Burgos Alcón.

En la conversación, Vicente Burgos cuenta que una de las personas de máxima confianza en la que de Barberá, la secretaria del grupo Mari Carmen García Fuster, le pidió que ingresara 1.000 euros en una cuenta para devolverlos en dos billetes de 500.

"Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro. Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero vamos, corrupción política total, pero bueno", cuenta en la grabación María José Alcón, que fue además concejal de Cultura del Ayuntamiento, y a la que grabó durante años contando dinero el que según El Mundo se le conoce como el yonki del dinero, Marcos Benavent.

"Entonces a mi me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500 que es dinero negro obtenido (...). Como tú me dijiste una vez y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción", añade la ex concejal, según El Mundo.

UNA TRAMA ORGANIZADA

© Proporcionado por Bolsamanía

El juzgado de instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia civil, investigan según recuerda El Mundo una trama organizada y jerarquizada, que ha tenido hasta ramificaciones internacionales.

La investigación apuntaría por ahora a que la organización de la formación popular en la Comunidad Valenciana se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público supuestamente amañado, informa el diario de Unidad Editorial.

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