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Los propietarios del grupo Damm llegan a un acuerdo con Fiscalía y pagarán más de 92 millones de euros por el fraude fiscal

Bolsamanía Bolsamanía 08/09/2016 Bolsamanía

La Fiscalía Anticorrupción y las defensas de Demetrio Carceller Coll, su hijo, el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arcer y otras dos personas procesadas por fraude fiscal han formalizado este jueves un acuerdo de conformidad ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que pasa por el pago de más de 92 millones de euros que suman las multas impuestas -que sustituyen a las penas de prisión inicialmente solicitadas- y la reposición, ya realizada, de las cantidades defraudadas.

Durante la vista celebrada ante un tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo, todos los acusados, que además de Carceller son sus colaboradores José Luis Serrano Florez y Gabriel I. Petrus Labayen, reconocieron los hechos y se mostraron conformes con los acuerdos alcanzados entre sus defensas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tras lo cual la Sala dictó sentencia 'in voce' en los mismos términos.

Carceller Coll llegó a la Audiencia Nacional en ambulancia y permaneció en la vista en silla de ruedas, y su precario estado de salud se hizo patente en el momento en el que la magistrada Murillo le preguntó si conocía los cargos de los que venía acusado y el acuerdo alcanzado por su defensa. Pese a ello respondió afirmativamente con la cabeza a las preguntas que se le realizaron.

El acuerdo de conformidad supone la sustitución de las penas de cárcel solicitadas por cada uno de los delitos de los que se les acusaba -ninguna de ellas superaba el año de cárcel-, y supone la retirada por parte de Anticorrupción de los delitos de blanqueo de capitales inicialmente atribuidos a los empresarios.

Así, se condena a Demetrio Carceller Coll como autor de 13 delitos contra la Hacienda Pública -tres de ellos agravados- en relación a los siguientes tributos: Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF- de los años 2003 a 2007; Impuesto contra el Patrimonio de los años 2003 a 2007 e Impuesto de Sucesiones del año 2006.

A su vez se condena a Gabriel Pretus I. Labayen como cooperador necesario en la comisión de los 13 delitos descritos; a José Luis Serrano Florez como cooperador necesario por la comisión de 12 de los delitos detallados- IRPF 2003 a 2009 e IP 2003 a 2007- y a Demetrio Carceller Arce como cooperador necesario de 4 de los delitos descritos -IRPF de los años 2007 a 2009 así como Impuesto del Patrimonio del año 2009.

CANTIDADES YA SATISFECHAS

Las cuotas defraudadas ascienden a un importe total 24,6 millones de euros y los intereses devengados por las mismas 12 millones de euros, cantidades que ya han sido satisfechas por los acusados, extremo que ha sido determinante para alcanzar el acuerdo de conformidad según ha remarcado la Fiscalía.

Además de las cantidades mencionadas se han impuesto a los condenados penas de multas por importe total de 55,6 millones de euros, cantidad que está afianzada ampliamente y que, como marca la ley, será satisfecha una vez se dicte la sentencia y alcance firmeza.

El presente proceso fue incoado en el año 2009 para investigar si Demetrio Carceller Coll simuló durante los años 2003 a 2009 su residencia fuera de España, concretamente en Portugal y Reino Unido, con la finalidad de eludir el pago de sus obligaciones tributarias en España y, por otra parte, concretar y cuantificar los bienes, activos y patrimonio de los que pudiera ser titular.

Tras la investigación practicada logró acreditarse que durante el periodo mencionado Demetrio Carceller Coll donde residió realmente fue en España, en la Comunidad de Madrid, así como que el mismo era titular de un ingente patrimonio que tenía oculto tras diversas estructuras fiduciarias configuradas a través de sociedades radicadas en terceros países considerados como territorios 'off shore'.

A su vez, la investigación realizada permitió acreditar la participación esencial que en la comisión de la defraudación fiscal de Demetrio Carceller Coll tuvieron el resto de los condenados, razón por la que se les consideró como cooperadores necesarios del fraude fiscal cometido por aquél acusándose, a cada uno de ellos, de aquéllos delitos en los quedó probada su participación.

HECHOS ANTIGUOS

© Proporcionado por Bolsamanía

El acuerdo de conformidad, que ha dado lugar a una reducción de las penas inicialmente solicitadas, se ha alcanzado valorando la antigüedad de los hechos cometidos -años 2003 a 2009-, el pago total de las cantidades adeudadas por los tributos defraudados, sus intereses y las costas del proceso, así como la asunción de responsabilidades por todos los acusados en este procedimiento. La petición inicial de la Fiscalía era de 48 años de cárcel para Carceller Coll y de 14 para su hijo.

Además, el acuerdo alcanzado refleja una reducción de las cuotas defraudadas justificada porque, tras la presentación de los escritos de acusación provisional por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, se aportaron por las defensas nuevos documentos.

Tales documentos fueron analizados por los expertos de la Agencia Tributaria, motivando la elaboración por éstos en fecha 15 de julio de 2016 de una nueva propuesta de liquidación reconociendo el carácter ganancial de parte de los bienes que inicialmente se adjudicaron a Demetrio Carceller Coll. Consecuentemente tales bienes deben ser atribuidos a su esposa contra la que no se dirigió el presente procedimiento penal en su día.

Las penas previstas en el acuerdo para Demetrio Carceller Coll por cada uno de los delitos cometidos son de 6 meses de prisión para los tipos básicos y 9 meses de prisión para los tipos agravados y, para el resto de los condenados, de 3 meses de prisión por los tipos básicos y 4 meses y 15 días de prisión por los tipos agravados si bien, aplicando el Código Penal vigente en el momento de la comisión de los hechos por ser el más favorable para los condenados.

Al no superar individualmente ninguna de esas penas el año de prisión y haberse reparado totalmente el daño causado, cada una de ellas ha sido sustituida por una pena de multa cuyas cuotas, atendiendo a la capacidad económica de los condenados, han sido fijadas en su cuantía máxima para Demetrio Carceller Coll y Demetrio Carceller Arce y en cuantía moderada para los otros dos condenados.

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