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Mas insiste en su estrategia y asegura que no hubo delito el 9N

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 10/02/2017 Bolsamanía

El juicio por la consulta del 9N está previsto que concluya este viernes con la utilización del derecho a la última palabra de los tres acusados: el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, ha afirmado antes de entrar en el Palacio de Justicia para la última sesión del juicio del 9N que no hay base para considerar la consulta un delito: "Si poner las urnas es delito y escuchar a la gente es un delito, mal vamos".

En declaraciones a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mas, que ha llegado junto a su esposa, Helena Rakosnik, ha dicho que considerar delito el 9N "es tremendamente forzado".

Ha aseverado: "Durante el juicio ha habido testigos suficientemente potentes como para hacer revisar drásticamente esta petición del fiscal, pero él está en sus trece, tiene derecho a hacerlo, intentaremos hoy en el último día contrarrestar sus posiciones".

Ha indicado que hará uso del turno de última palabra al final del juicio en el que hará un resumen: "Para que se entienda bien de qué soy responsable, y no rehuiré ninguna responsabilidad, y de qué no soy culpable, que también lo voy a explicar".

© Proporcionado por Bolsamanía

Según han explicado a Europa Press fuentes de la defensa, los tres tienen intención de hacer uso del derecho a su alegato final en la quinta sesión del juicio, antes de que se cierre el proceso que comenzó el lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

LECTURA DEL INFORME FINAL DEL FISCAL

La jornada ha empezado a las 9 horas con la lectura del informe final del fiscal Emilio Sánchez Ulled, que ha tratado de demostrar que los testigos, peritos y la documentación evidencian que Mas, Ortega y Rigau continuaron con la organización de la consulta después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenase suspenderla cinco días antes.

Por eso este jueves, en sus conclusiones, el fiscal se ha reafirmado en pedir diez años de inhabilitación para Mas para ejercer cargos públicos electos al acusarle de los delitos de desobediencia grave y prevaricación, y nueve años de inhabilitación para Ortega y Rigau por colaboradoras necesarias de los mismos delitos.

A su turno, el fiscal ha asegurado que "no se está juzgando la voluntad popular" en la causa contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista.

"Por mucho que se repita una y otra vez, no es la verdad", ha asegurado el fiscal Emilio Sánchez Ulled este viernes en la lectura de su informe, en la última sesión del juicio que acoge el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sánchez Ulled ha insistido en que el objeto del juicio es averiguar si el Govern desobedeció y continuó con su actividad administrativa para el 9N pese a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta.

EL TURNO DE LA DEFENSA

Por su parte, los abogados de Mas, Ortega y Rigau -Xavier Melero, Joana Ortega y Jordi Pina, respectivamente- han defendido que el Govern se apartó de la organización del 9N después de la suspensión dejándola en manos de los voluntarios y que la orden del TC no era suficientemente clara ni expresa sobre cómo debían de actuar.

Melero, en concreto, también ha alegado que no hubo un requerimiento expreso. En su lectura de las conclusiones por el juicio del 9N, Melero ha considerado que Mas se encontró con un conflicto situacional de elegir ante dos opciones: ante paralizar la participación popular donde había muchas personas, recursos y un mandato parlamentario, y "ante una orden difusa y de alcance no concreto".

Con esta disyuntiva, Mas no dudó de cómo actuar, porque "no es un caso de 'in dubio pro reo' -ante la duda hay que actuar en favor del condenado- sino 'in dubio pro libertate' -ante la duda prima la garantía de un derecho fundamental-". El abogado ha cuestionado el hecho de que se pidiera a Mas que actuara cuando no lo hicieron ni el TC ni jueces o fiscales de guardia: "¿Paro yo lo que no paran ni jueces ni fiscales?".

RECEPCIÓN DE PUIGDEMONT

Una vez acabe el juicio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibirá en la Generalitat a los tres acusados y al diputado del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs, quien también está siendo investigado por el 9N como exconseller de la Presidencia, pero de su caso se encarga el Tribunal Supremo (TS) por ser aforado -su juicio empezará el 27 de febrero-.

El recibimiento por parte del presidente del Govern está previsto para las 17.15 horas en el salón Verge de Montserrat de la Generalitat, y sobre las 18 horas Puigdemont y Mas ofrecerán una rueda de prensa conjunta, ya en la sala Torres Garcia del mismo Palau.

UNA SEMANA DE JUICIO

El juicio comenzó el lunes con la declaración de los tres acusados, que llegaron con casi media hora de retraso al TSJC después de recibir el apoyo de miles de personas en las calles, y que, ya en la sala, se negaron a contestar a las preguntas de la Fiscalía -y de la acusación popular- y sólo respondieron a las de sus abogados, asumiendo Mas haber sido el responsable "de todo".

El martes fue el turno para la mayoría de los testigos propuestos por la Fiscalía, donde responsables de empresas contratistas para el 9N confirmaron que siguieron trabajando después de la suspensión del TC y, entre los testigos del ámbito educativo hubo divergencias sobre si existieron presiones a los directores de institutos para acoger la consulta.

La jornada del día siguiente, con un cariz más político, contó con las testificales de cargos y excargos de la extinta CiU -los expresidenta del Parlament, Núria de Gispert y Joan Rigol, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el propio Homs, entre otros-, que avalaron tanto la necesidad como la legalidad de la consulta.

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