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Villa Cortina resurge este verano de sus cenizas

Logotipo de Vanitatis Vanitatis 18/07/2016 Mayka Paniagua

"Villa Cortina es legal". Tajante y breve, pero la frase lo dice todo. La pronuncia el abogado de Alfonso Cortina, Juan Nadal, y resume años de litigios cruzados entre Cortina y José Antonio Martínez Sampedro, dueño del holding empresarial Masampe, por la vivienda de lujo que construyó en 2007 en el enclave selecto mallorquín de Formentor. Desde entonces, todo han sido vicisitudes y años de batallas judiciales que pueden llegar a su final pronto y que, de momento, permitirán, si así lo desean, al expresidente de Repsol y su mujer, la aristócrata madrileña Miriam Lapique, disfrutar este verano de su lujosa casa. El letrado ya ha presentado la solicitud de legalización en el ayuntamiento y afirma que solo resta que su cliente sustituya la cubierta con tejas árabes y Villa Cortina (el apodo con el que se bautizó la vivienda a raíz del litigio) resurgirá en todo su esplendor.

Mallorca es punto de encuentro veraniego de miembros de la realeza, multimillonarios, actores y celebrities. Formentor está situado al norte y es uno de los símbolos naturales de Mallorca formado por una península que es un paraíso de 18 kilómetros rodeado de sinuosos acantilados y aguas cristalinas. En este enclave las alarmas saltaron cuando Alfonso Cortina decidió construir en 2007 una vivienda unifamiliar de 2.859 metros cúbicos con una altura de ocho metros en una parcela de 4.600 metros cuadrados. Su vecino a tan solo 200 metros, José Antonio Martínez Sampedro, socio mayoritario de Codere, seguía avizor el alzamiento de la vivienda y decidió denunciarlo. Así se inició una lucha de titanes que dura hasta la actualidad. Sampedro dijo entonces que no podía creer que el ayuntamiento hubiera autorizado esa casa que más parecía "un Corte Inglés que una vivienda". El Tribunal Superior de Justicia de Baleares estimó parcialmente el recurso contra la concesión de la obra y suspendió la licencia de obras basándose en el impacto visual del chalé y en una cubierta que no podía ser plana, sino de teja árabe. La resolución judicial no exigía la demolición, sino que invitaba al propietario a subsanar las deficiencias.

Imagen de la mansión facilitada por el diario 'Última hora', realizada por Elena Ballestero © Proporcionado por Vanitatis Imagen de la mansión facilitada por el diario 'Última hora', realizada por Elena Ballestero

Cortina subsanó rápidamente dos de las infracciones que detectó el tribunal como la presencia de una casita previa que se mantuvo en el solar iniciadas las obras (que destruyó) y sembró un jardín con pinos y numerosas plantas de forma que prácticamente invisibilizaba la casa y cuyo coste ascendió a 1,7 millones de euros.

El visado se consiguió definitivamente dos años después del comienzo de la obra, en octubre del 2007. “Se concedió la licencia y arquitectónicamente no hubo ningún problema. Yo me limité a realizar un diseño conforme a la normativa y así se hizo. La casa se construyó bien y así figura también en el colegio de arquitectos, donde se tiene que visar”, explicaba entonces a Vanitatis el arquitecto García Ruiz.

El desahucio de Villa Cortina

Pero el consistorio denegó el permiso alegando que aún tenía una altura más de la debida. La batalla ya no se libraba solo en los tribunales sino en los despachos políticos. El Ayuntamiento de Pollenca, con un equipo de gobierno nuevo por la coalición progresista Junts Avancam, se sumaba a la guerra. Su líder, Miguel Ángel March, exdirigente del grupo balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza, “desahució” en 48 horas a Cortina de la casa y le cortó el agua y la luz alegando que podía proceder al precinto de la casa que no contaba con el certificado de final de obra. No queremos ahogarles en autos y recursos judiciales pero, resumiendo la maraña judicial, Nadal recurrió también esta decisión y acusó al consistorio de “arrogarse” el papel de juez al ordenar el desalojo de la vivienda cuando el sumario abierto estaba aún pendiente de la resolución judicial definitiva.

La nueva sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Palma insiste en que la casa era legalizable y destaca que el impacto visual se ha reducido por lo que concede la legalización si se cambia la cubierta y anula el criterio del ayuntamiento de que había tres plantas. Si la vivienda es legal desde el principio, la conclusión de Nadal es “que su cliente no debía haber pasado por todas estas batallas en los tribunales”. Cuando le preguntamos entonces cuál es la causa del conflicto, no duda en responder: “Todo se debe a la obsesión de un vecino, aunque no sabemos si por la casa o por mi cliente”. Lo que sin duda es extraño es que juzgados y ayuntamientos hayan utilizado argumentos tan diferentes en sus diferentes resoluciones. Sin embargo, este vía crucis judicial parece no tener fin. El Ayuntamiento de Pollenca y el citado vecino ya han anunciado que presentará recurso de apelación ante el TSJB.

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