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Iñigo de la Serna "No vamos a renacionalizar las autopistas en quiebra"

Logotipo de Motorpoint Motorpoint 24/07/2017 Motorpoint
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Reproducimos una parte de las declaraciones que el Ministro de Fomento ha realizado a Ramón López para El Pais y que puede ser de interés para nuestros lectores.

El Gobierno dará el pistoletazo de salida esta semana al rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra. El Consejo de Ministros aprobará un convenio el próximo viernes, en la última reunión antes de las vacaciones estivales, que permita a a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de esas autopistas y preparar su relicitación para que vuelvan a manos privadas a finales de 2018.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista con EL PAÍS, en la que ha señalado que el coste de ese proceso de reversión al Estado de las vías de peaje será “sustancialmente menor” a los 3.500 millones de euros en los que lo cifra el sector y otros organismos.

Pregunta. ¿Cómo se van a rescatar las nueve autopistas de peaje en quiebra?

Respuesta. No se puede hablar de rescate, porque esas autopistas entran en liquidación judicialmente, y esa infraestructura revierte al Estado, queramos o no. Y lo que el Gobierno va a hacer es prepararse para cuando llegue ese momento. Para eso, el Consejo de Ministros va a aprobar en su última reunión de julio un convenio para encomendar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITTSA) la gestión de esas autopistas durante el periodo desde que reviertan al Estado hasta que se vuelvan a licitar. Porque nuestra vocación no es renacionalizar esas autopistas sino poder volverlas a poner en el mercado.

P. ¿Y que incluye ese convenio?

R. Ese convenio permitirá que SEITTSA, que es una sociedad pública, realice los estudios de tráfico y de demanda, así como de viabilidad, que se someten a información pública; después elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación, de forma que a finales de 2018 se puedan volver a poner en el mercado.

P. ¿Y cuánto le va a costar al contribuyente? ¿Algunos organismos hablan de 3.500 millones? ¿Cómo se va a hacer la nueva licitación?

R. Esa cifra es la que figura como importe máximo en los pliegos de licitación, pero nuestra impresión es que se situará sustancialmente por debajo. Además, la nueva licitación servirá para aminorar el efecto de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Aún está por decidir si lo hacemos en uno o dos bloques, pero todas saldrán al mismo tiempo.

P. ¿Se podrán presentar las mismas empresas que las han llevado a la quiebra? ¿Cómo se garantiza que el Estado no tendrá que volver a rescatarlas?

R. La licitación se tiene que hacer como marca la ley, con un procedimiento abierto y un concurso público. Pero los pliegos de las nuevas licitaciones, van a ser muy restrictivos y, obviamente, el riesgo de las previsiones de tráfico y el de los sobrecostes por las expropiaciones no forman parte ya de este proceso. Se va a hacer con unas condiciones y con un rigor y una transparencia absoluta para que haya el mayor grado de control que evite que esa situación se vuelva a producir. Y hay que tener en cuenta que el Gobierno anterior de Mariano Rajoy introdujo cambios legislativos para que este tipo de concesiones no se plantearan como se plantearon aquellas.

P. Además de esas vías, está dar una solución a las autopistas de peaje que se concedieron en los años 70 y 80, y que comienzan a vencer a partir del próximo año. ¿Se plantean que dejen de ser de peaje?

R. No se va a prorrogar el contrato actual, no se va a ampliar el periodo concesional para el concesionario actual y a partir de ahí las autopistas revertirán al Estado. Luego tendremos que tomar la decisión sobre qué hacer con esas vías, que aún no se ha adoptado. El Gobierno tomará la decisión pensando en el interés general. Es un tema que me gustaría abordar dentro del Acuerdo Nacional por las Infraestructuras que estamos impulsando con todos los grupos políticos.

P. ¿En qué se va a concretar el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras que ha anunciado el Gobierno?

R.- El nuevo plan que ha presentado el Gobierno de colaboración público-privada es un plan que aprovecha una situación histórica para poder realizar inversiones y que ayudará a impulsar al, probablemente, último sector productivo en incorporarse a la generación de empleo y que permitirá generar muchos nuevos puestos de trabajo, además de construir infraestructuras que van a mejorar la calidad de vida de la gente.

Este plan se va a hacer mediante la fórmula de pago por disponibilidad. Es decir, el Gobierno no ha planteado la fórmula de pago por uso. De esa manera, se desvincula del modelo de tráfico, no está afectada su estabilidad como consecuencia de una variación o un flujo en los niveles de tráfico. Es un modelo, además, en el que se trasladan los riesgos al contratista.

Lo que está haciendo el Gobierno en la planificación de las nuevas fórmulas de colaboración público-privada es garantizar un modelo que precisamente evite situaciones como las que se vivieron hace unos años. Y esto, además, contando con el apoyo del propio Plan Juncker que avala un proceso muy garantista y que se está utilizando con éxito en otros países europeos.

Se va a concretar en una batería de más de 20 corredores en los que tienen que ejecutarse las obras correspondientes en los próximos 3, 4 años y luego hay una concesión hasta los 30 años y eso se paga con cargo al propio envolvente presupuestario y, por tanto, no computa en el déficit, con un nivel de financiación en el que hay una aportación del 20% por parte del concesionario y el resto, el 80% restante, la mitad (el 40% sobre el total) iría con cargo a esos fondos del Plan Juncker a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el otro 40% con la entidad financiera correspondiente. Estamos hablando de unas condiciones extraordinarias.

Fuente: El Pais

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