Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

El Gobierno aplica el artículo 155 para destituir a Puigdemont y sus consejeros

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 21/10/2017 Anabel Díez, Juan José Mateo
Volver a reproducir vídeo
SIGUIENTE
1
Cancelar
SIGUIENTE
SIGUIENTE

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este sábado convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad"; cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos ministerios del Gobierno; y dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto. La intervención de esas competencias concretas del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución debe ser aprobada ahora por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará el plan gubernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes.

El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado Rajoy.

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. © EMMANUEL DUNAND Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. "El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación", ha dicho el presidente durante una rueda de prensa en la que le han arropado todos los ministros de su Gobierno. "No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de Cataluña", ha añadido Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero. "No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás", ha argumentado.

En un documento en el que resume las razones por las que aplicar el artículo 155, el Ejecutivo ha señalado directamente a Puigdemont y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al subrayar que considera que las "máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias" de Cataluña han protagonizado un "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado (...) a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión". El equipo de asesores jurídicos de Rajoy observa una "desobediencia rebelde" en la acción de los dos líderes independentistas y de sus socios en el proceso de ruptura, toda una indicación de los posibles delitos en los que podrían haber incurrido las autoridades catalanas. Y por eso, argumentan en La Moncloa, la activación del artículo 155 de la Constitución se justifica en aplicación de sus dos presupuestos: que una Comunidad no cumpla con sus obligaciones o que actúe gravemente en contra del interés general de España.

La activación del artículo 155 de la Constitución solo cuenta con un precedente en la historia de la democracia española: en 1989, el Gobierno de Felipe González amenazó con su aplicación al de Canarias, pero logró frenar la rebelión fiscal de ese Ejecutivo autonómico antes de tramitar su puesta en marcha en el Senado.

Ahora, la tramitación de las medidas en la Cámara Alta, que durará casi una semana, abre la última ventana de oportunidad para que el conflicto institucional que enfrenta al Gobierno y al Govern se solucione sin la intervención de las competencias de la Generalitat. Tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos, los tres socios del frente constitucionalista, observan la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas como la mejor respuesta a la creciente tensión política, institucional y social que se vive en Cataluña. Puigdemont, en principio, rechaza esa opción y amenaza con declarar la independencia en el Parlament. En consecuencia, la cuenta atrás ha comenzado: las medidas arbitradas por el Consejo de Ministros para asumir competencias concretas de la Generalitat tendrán plena vigencia en menos de una semana.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en La Moncloa. © Claudio Alvarez La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en La Moncloa.

MÁS EN MSN

-Iceta se reúne con Puigdemont para abordar los efectos del 155 (Fuente: El Periódico)

- Sánchez justifica el apoyo al 155 (Fuente: El Diario)

- Puigdemont podría pasar 30 años en prisión (Fuente: Los Replicantes)

Gestión anuncios
Gestión anuncios

Más de EL PAÍS

image beaconimage beaconimage beacon