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El Gobierno prepara la destitución de Trapero al frente de los Mossos y el control de TV3

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 21/10/2017 Óscar López-Fonseca
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La previsible aplicación del artículo 155 en Cataluña el sábado de la próxima semana tendrá consecuencias inmediatas en la Consejería de Interior más allá del cese de su máximo responsable, Joaquim Forn. El Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido asumirá en ese momento el control de los Mossos d’Esquadra y ya prepara como primera medida el relevo de su actual máximo responsable, el mayor Josep Lluís Trapero, imputado por sedición por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Además, los expertos en delitos informáticos de la Guardia Civil asumirán el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), considerado clave para impedir la creación de estructuras paralelas por parte del independentismo.

El mayor Trapero durante el acto de acto de apertura del año académico del Instituto de Seguridad Publica de Catalunya. © Carles Ribas El mayor Trapero durante el acto de acto de apertura del año académico del Instituto de Seguridad Publica de Catalunya. El de Trapero no será el único cese en el departamento de Forn. Las fuentes consultadas dan por seguro también que el director general de la Policía, Pere Soler, dejará su puesto. Soler aparece en grabaciones de la Guardia Civil dando instrucciones para que los Mossos dieran protección a algunos de los responsables de poner en marcha el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El Gobierno también podrá asumir la dirección de la radio y la televisión pública de Cataluña para "garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada".

Según ha detallado este sábado el Gobierno, la aplicación del artículo 155 facultará al Ministerio del Interior a “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los agentes de la policía autonómica. Previsiblemente será la Secretaría de Estado de Seguridad –y su titular, José Antonio Nieto- quien tomará las riendas de la policía autonómica, con capacidad para “acordar el despliegue” de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, y su coordinación con los Mossos.

El texto reserva la capacidad de sustituir “por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” a todos aquellos agentes de la policía autonómica “que sea necesario”. Es este punto es el que abre la puerta al cese inmediato de Trapero y su equipo de confianza. El Gobierno también destaca que cualquier “incumplimiento” de las órdenes impartidas de Interior serán constitutivas de “responsabilidad disciplinaria”, además de otras “patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar”.

Esta última medida se plasmará, según adelantan a EL PAÍS fuentes de Interior, en la imposición de sanciones de empleo y sueldo con carácter inmediato a todos aquellos agentes que desobedezcan. Desde el ministerio confían en que con esta medida, que afecta ‘al bolsillo’ de los policías autonómicos, se aborte cualquier tipo de rebelión por parte de los mossos y sus mandos. “Las nóminas también las pagaremos nosotros”, recuerdan. No obstante, las fuentes consultadas recalcan que el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirá “el tiempo que sea necesario”, y que entre los agentes desplazados a Cataluña hay de todas las especialidades, entre ellos de Policía Judicial.

Petición de la Fiscalía

La destitución de Trapero al frente de los Mossos ya fue pedida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado jueves. Entonces, el ministerio público renunció a recurrir la decisión de la juez Lamela de imponer al alto mando únicamente comparecencias quincenales ante el juzgado tras declarar como investigado. En su lugar, solicitó a la magistrada que notificase a la Generalitat de Cataluña la situación procesal de Trapero “a los efectos legales que sean oportunos” conforme a la “legislación que regula su estatuto profesional”. Sobre el papel, con esta medida, Trapero podría ser apartado del servicio, pero era una decisión que quedaba en manos del Govern. La aplicación del artículo 155 faculta tomar la medida a Zoido.

La posición de su inmediata superior, Pere Soler, director general de los Mossos, tampoco es buena con la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Nombrado para este puesto por su marcado carácter independentista el pasado 18 de julio, un reciente informe de la Guardia Civil reveló que dio presuntamente instrucciones para proteger a algunos de los organizadores del referéndum ilegal. En el documento policial se recogía una conversación telefónica entre Soler y el director general de Patrimonio, Francesc Sutrías Grau, el 29 de septiembre, nueve días después de que el primero fuese detenido por agentes del Instituto armado por orden del juez de Instrucción 13 de Barcelona dentro de la Operación Anubis. En la misma, Sutrías pedía ayuda al director de los Mossos porque "necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa". Soler le respondía que han aumentado la vigilancia a quienes han estado expuestos.

Control de TV3

El Gobierno también contempla tomar el control de la radio y la televisión pública de Cataluña para "garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial". La medida pretende, según el acuerdo del Consejo de Ministros, asegurar "el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitucional Española y el estatuto de Cataluña". El viernes, la Guardia Civil interrogó a Núria Llorach, presidenta de TV3, para indagar por los anuncios que emitió la cadena sobre la consulta pese al veto del Constitucional.

La Generalitat perderá también sus competencias relativas a telecomunicaciones y servicios digitales. También pasarán a manos del Gobierno la gestión del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, que han recibido repetidas visitas de la Guardia Civil, la última este viernes, cuando fueron a buscar emails del 1 de octubre. De hecho, serán agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) los que asuman el control del CTTI, considera clave para asegurar el éxito de la aplicación del artículo 155.

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