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La Generalitat centrará la negociación con el Gobierno en los pagos atrasados

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 16/07/2018 Camilo S. Baquero

La comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat se reunirá muy probablemente este mes y servirá para certificar el intento de deshielo institucional después de siete años de crisis por el órdago independentista. Los asuntos económicos y las competencias encalladas serán el centro del debate, y la Generalitat ha decidido poner el énfasis en reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por anteriores Gobiernos. El vicepresidente Pere Aragonès y la consejera Elsa Artadi coinciden en que una de las prioridades será la reclamación de 680 millones de euros para financiar mejor a los Mossos.

La comisión bilateral desempolvará un amplio espectro de demandas de la Generalitat, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartara la posibilidad de negociar un referéndum de independencia como le reclamó Quim Torra durante la reunión entre ambos celebrada el pasado día 9.

En la rueda de prensa posterior a la última reunión del Ejecutivo catalán, la consejera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, mencionó el pago de esa “deuda” destinada a financiar a los Mossos d’Esquadra cuando fue preguntada por las prioridades que pondría sobre la mesa la Generalitat.

“Es un incumplimiento que afecta directamente al Presupuesto catalán, una deuda que se reconoció en la Junta de Seguridad con el Ministerio del Interior hace un año, sin que desde entonces se haya movido ficha”, dijo. Ese asunto, junto con el de las infraestructuras y el techo de déficit, protagonizó la reunión entre el vicepresidente catalán Pere Aragonès y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado día 12.

A falta de acuerdo sobre la autodeterminación, la negociación de asuntos más factibles ya ha empezado a acelerarse. El pasado viernes se pusieron en contacto la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, los interlocutores de cada lado en las conversaciones.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la comisión bilateral es el marco general de relación de ambos Gobiernos (otras comunidades también tienen la suya) y se tendría que reunir dos veces al año y “siempre que lo solicite una parte”. El último encuentro fue en julio de 2011 pese a que la Generalitat había pedido, sin éxito, otras reuniones.

El futuro encuentro servirá para enviar las diferentes peticiones que se produzcan a otros foros. Solo la comisión bilateral contempla cinco subcomisiones. Una de ellas, por ejemplo, se encarga de estudiar los posibles conflictos competenciales entre leyes, una herramienta que, de haber funcionado, habría evitado uno de los puntos más enconados de las relaciones con el anterior Gobierno.

El entramado del desarrollo del Estado autonómico incluye además varias comisiones mixtas como la de transferencias, que busca hacer efectivos los recursos derivados de las competencias; la de infraestructuras, que vela por el nivel de inversión establecido en la Disposición Adicional Tercera del Estatut, o la de Asuntos Económicos y Fiscales.

Fuentes de la Generalitat insisten en que no quieren nuevos compromisos del Gobierno, sino que se ponga al día con las obligaciones económicas anteriores que considera pendientes. La base de sus peticiones será una versión ampliada de los 46 puntos que en su día el expresidente Carles Puigdemont presentó a Mariano Rajoy. Entre ellas figura la mejora de la financiación de la Ley de Dependencia o revertir el recorte en políticas activas de empleo.

Siete años sin traspasos

El penúltimo punto de la lista de Puigdemont hablaba de los traspasos pendientes derivados de las competencias que tiene Cataluña. Estos se analizan en una comisión mixta que se encarga de inventariar los bienes y derechos objetos de traspaso. Hace siete años que no se oficializa ningún traspaso a Cataluña. En 2013, la Generalitat tenía identificadas 34 materias pendientes bajo el cobijo del Estatuto. En ellas no se incluyen demandas más recientes y complicadas de negociar como la gestión del aeropuerto de El Prat o de la red de cercanías, por ejemplo.

Artadi intenta acercarse al PSC

La consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat catalana, Elsa Artadi, ha dicho este domingo a la agencia Efe que el ejecutivo “tiende la mano al PSC” para llegar a consensos, pero le reclamó que reconozca que ser “cómplice de la represión y agente activo del 155” no era el “camino” para abordar la situación en Cataluña. Artadi abrió la puerta a acuerdos “más amplios” que excedan el perímetro de la mayoría independentista del Parlament (Junts per Catalunya, ERC y CUP), sobre todo con Catalunya en Comú-Podem; con los comunes, afirmó, coinciden en la defensa de los “derechos políticos y civiles” de los líderes independentistas procesados por rebelión, sedición y malversación de fondos, y en el derecho de autodeterminación.

Sin embargo, tras la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, Artadi también amplió el abanico al PSC, aunque dejó claro que siempre “dependerá de la actitud” de los socialistas. Los socialistas catalanes “están teniendo actitudes diferentes a PP y Ciudadanos y habrá que ver cómo siguen transitando por este camino”, dijo.

De acuerdo con el documento La deslealtad del Estado respecto a Cataluña, de las 34 materias pendientes, 11 ya tenían ponencia técnica, es decir, el estudio previo al traspaso. Ahí están, por ejemplo, la autorización de laboratorios farmacéuticos, las competencias en salvamento marítimo, seguridad privada o las becas universitarias. La gestión del fondo de garantía salarial (Fogasa), la evaluación de calidad universitaria y varios bienes del Sistema de Seguridad Social del Estado son otras cuestiones pendientes de traspaso, según la Generalitat.

Según datos del Ministerio de Política Territorial, entre los años 2011 y 2015, bajo mandato del PP, solo se realizaron 30 traspasos de competencias a comunidades. En los cinco años anteriores fueron 134.

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