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La investigación de Fiscalía apunta a prevaricación, el peor escenario de Cifuentes

Logotipo de El Confidencial El Confidencial 16/04/2018 Roberto R. Ballesteros
Cristina Cifuentes, en la convención del PP en Sevilla. (EFE) © Proporcionado por El Confidencial Cristina Cifuentes, en la convención del PP en Sevilla. (EFE)

La investigación abierta por la Fiscalía de Madrid en torno a las irregularidades cometidas presuntamente por miembros de la Universidad Rey Juan Carlos no descarta en ningún caso llegar hasta la presidenta de la comunidad autónoma, Cristina Cifuentes. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial señalan que los tipos delictivos que se estudian en las diligencias dirigidas por el ministerio público y los hechos a los que se refieren conducirían a la jefa del Ejecutivo regional, en el caso de que encajasen todas las piezas que los responsables de las pesquisas están tratando de armar.

Las supuestas firmas falsificadas por algún miembro del departamento al que pertenecía el máster que cursó Cifuentes y la reunión en la que el director del posgrado, el ahora suspendido Enrique Álvarez Conde, trató de que las profesoras involucradas consensuaran un mensaje unívoco son los dos focos principales de las diligencias de la Fiscalía, que pretende determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en esta historia.

Si avanzan a buen ritmo las diligencias que el ministerio público ha dejado en manos de la Unidad de la Policía Adscrita a la Fiscalía, en los próximos meses el organismo acusador presentará una denuncia contra todas esas personas sobre las que haya descubierto indicios de algún ilícito penal.

En concreto, por lo que la opinión pública conoce hasta el momento, los hechos presentan las características propias de los delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento. Los tres son inicialmente imputables al personal de la URJC implicado en el montaje de la supuesta acta falsa, que aún está por concretar, pero entre el que destacan el citado director del máster y el rector del centro, Javier Ramos, quien según fuentes de la universidad consultadas por El Confidencial presionó a Álvarez Conde para conseguir el acta que luego exhibió Cifuentes como prueba de que había realizado el posgrado.

El propio director del posgrado admitió en una entrevista en Onda Cero que el rector le llamó y le pidió el documento. “Reconozco mi culpa porque le hice caso e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde”, confesó el catedrático, que involucró a tres profesoras —Alicia López de los Mozos, Cecilia Rosado y Clara Souto—, cuya firma aparece en el mencionado certificado.

De momento, la policía solo ha tomado testimonio a De los Mozos, que también declaró ante la comisión de investigación de la universidad —que remitió el asunto a la Fiscalía basándose precisamente en las palabras de esta docente—, donde señaló que la rúbrica que aparecía en el acta bajo su nombre no la había hecho ella y que, por lo tanto, alguien se la había falsificado. Aún no han hablado ni Rosado ni Souto, dado que ambas se dieron de baja por las presiones a las que aseguraban estar sometidas, aunque la última —según la Cadena SER— sí habría admitido a su entorno que tampoco estampó su firma.

Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público. (EFE) © Proporcionado por El Confidencial Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público. (EFE)

La investigación que dirige la Fiscalía debe encontrar pruebas sólidas que determinen quién falseó la firma de López de los Mozos y probablemente la de Souto, que también presenta rasgos diferentes a la rúbrica auténtica de su autora. En función de quién haya manipulado el autógrafo, los responsables de las diligencias deberán seguir tirando de la manta para determinar quién se lo ordenó a la persona que lo hizo y seguir hilando hasta llegar a la pieza más alta.

La citada reunión para establecer un mismo mensaje que tuvo lugar el pasado 3 de abril podría, por su parte, mostrar las características de encubrimiento. Álvarez Conde, según contó El Confidencial, improvisó el encuentro —al que convocó a las tres profesoras, al catedrático Juan Mestre y a dos asesores legales— para unificar versiones.

Sin embargo, según fuentes jurídicas, Cifuentes podría acabar investigada en principio por el primero de los delitos mencionados: la prevaricación. Las mismas fuentes explican que este ilícito, imputable a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictase una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se extiende también a quien, desde fuera del procedimiento administrativo 'forzado', ejerce una presión o realiza algún acto necesario para la comisión del delito.

En este punto, la investigación también debe encontrar pruebas sólidas que vinculen a la presidenta madrileña con la trama y que permitan sostener el citado ilícito. En el caso de que se demostrara que Cifuentes o su entorno tuvieron desde el exterior un papel esencial y necesario en el diseño de la coartada para justificar el máster, el juez que finalmente asuma la causa tras la actual fase de investigación fiscal puede considerarla imputada. Si la presidenta madrileña no dimite antes, al ser aforada, la cuestión quedaría en manos del Tribunal Supremo; si se aparta, sin embargo, sería un juzgado de Móstoles el que asuma la competencia para instruir la cuestión.

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