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La jueza del 8-M archiva la causa al no ver indicios suficientes contra el delegado

Logotipo de El Confidencial El Confidencial 12/06/2020 Pablo Gabilondo y Beatriz Parera
Mabnifestación del 8M © EFE Mabnifestación del 8M

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación, no hay indicios suficientes para mantener imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por un delito de prevaricación administrativa.

De todas las diligencias de investigación practicadas, añade el auto, se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento "cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones. La resolución señala también que el investigado "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".

La resolución establece también que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19". En un auto de 51 páginas la magistrada repasa el procedimiento. Aclara que el objeto del miusmo "se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 por el delegado de Gobierno de Madrid, don José Manuel Franco Pardo, como autoridad administrativa con unas competencias determinadas legalmente sobre las concentraciones y manifestaciones que habían sido comunicadas a esa Delegación por celebrarse en Madrid, todo ello en relación con la crisis sanitaria derivada del covid".

Franco declara como imputado ante la jueza que investiga los actos del 8M. Franco declara como imputado ante la jueza que investiga los actos del 8M.

Y esas decisiones jurídicas, no encajan en la comisión de un delito. El auto indica, en concreto, que "no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos a Franco" por numerosos motivos. Sus competencias legales incluyen que, desde su puesto, sea "garante de los derechos y libertades de los ciudadanos con ocasión de dichas concentraciones en la vía pública". "Durante el periodo que nos ocupa solo en una ocasión ejerció esa competencia por afectar a un derecho fundamental, prohibiendo una concentración", indica en relación con una protesta prohibida frente a la casa de Pablo Iglesias.

"De todas las diligencias de investigación practicadas en este procedimiento se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que, para la salud de las personas, entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones. No recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario. Por otra parte, ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del Delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid", concluye la jueza.

La magistrada apunta que si bien Franco no tenía conocimiento, quizá otros por encima de él sí lo tenían. "Si ese conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias no es objeto de este procedimiento", lanza, para insistir a continuación que el delegado no había recibido antes de la manifestación información sanitaria ni consta que hiciera nada para informarse.

"Inactividad"

La jueza defiende su instrucción y dice que, pese al actual archivo, era necesario investigar para alcanzar conclusiones. Señala así que Franco mantuvo "una permanente inactividad jurídica en relación con las manifestaciones y el covid 19". Explica que no prohibió ninguna concentración entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental a la salud y que en los expedientes en los que había tomado ya conocimiento de la manifestación, no exigió que se adoptara alguna medida de precaución para neutralizar el riesgo de contagio. "Incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor (11 de marzo, miércoles, día de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud) el Delegado del Gobierno continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones "sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna". Así lo hizo al menos en 16 ocasiones en los días 10 y el 11 de marzo 2020.

Las resoluciones administrativas adoptadas, sin acordar prohibiciones o precauciones durante el desarrollo de la manifestación o concentración, dieron lugar a que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraran 130 concentraciones y manifestaciones en Madrid, algunas con un importantísimo número de manifestantes, como la del 8-M. Específicamente, entre el 11 y el 14 de marzo según los datos facilitados por Delegación del Gobierno se celebraron en Madrid 21 manifestaciones. La celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del COVID-19, es decir, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública.


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