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La Junta Electoral impide a Vox vetar el acceso de periodistas a sus actos

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 08/11/2019 Javier Casqueiro
El líder de Vox, Santiago Abascal, este miércoles durante un mitin celebrado en Dos Hermanas, Sevilla. © PACO PUENTES El líder de Vox, Santiago Abascal, este miércoles durante un mitin celebrado en Dos Hermanas, Sevilla.

La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto este viernes que Vox no puede vetar ni impedir el acceso de los periodistas a los actos de naturaleza electoral que haga ese partido. La JEC ha estimado, en una larga reunión durante esta tarde, sendos recursos planteados por el periódico EL PAÍS y por la cadena SER y otro más genérico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información en relación a otros medios y periodistas vetados por el partido ultra.

El órgano vigilante de los procesos electorales comunica de esta forma a Vox que "no puede discriminar al medio solicitante", en este caso el Grupo PRISA, "en relación con el resto de medios, impidiéndole el acceso a sus actos públicos de naturaleza electoral, dado que ello comporta una vulneración del artículo 66.2 de Loreg (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), interpretado de conformidad con el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", según lo recogido también en el artículo 20.1 de la Constitución española.

La JEC destaca, en otro punto de su resolución, firmada por el presidente Jesús Fonseca-Herrero, que Vox no formuló ningún tipo de alegación a la reclamación presentada por el Grupo PRISA "a pesar de haberle sido trasladada la misma apertura de un plazo a tal efecto, y tampoco ha manifestado la existencia de algún tipo de justificación sobre los motivos de su decisión".

Vox comunicó el pasado jueves a dicho grupo, editor del diario EL PAÍS, que la formación “desde este momento" no concedería acreditaciones para ningún periodista vinculado a PRISA, "ni para el acceso a su sede ni para cualquier otro acto que este partido político organice en espacios privados". Fuentes de la formación vinculan este veto al editorial publicado este miércoles por EL PAÍS, bajo el título Deber de réplica, en el que advertía de que los argumentos expuestos por Santiago Abascal en el debate televisivo del lunes 11 de noviembre entre los cinco candidatos a La Moncloa, muchos de ellos de carácter xenófobo e intolerante, “exigen activar todas las alarmas”.

No es la primera vez que Vox impide el acceso de periodistas del Grupo PRISA y, en particular, de EL PAÍS a sus actos públicos, pero es la primera vez que lo hace con carácter generalizado. Tanto la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) han advertido de que esta práctica, que ha afectado también a periodistas de otros medios de comunicación, vulnera el derecho a la libertad de información consagrado por la Constitución.

El Grupo PRISA, en su reclamación, alude precisamente al derecho a comunicar y recibir libremente información, recogido en el al artículo 20 de la Constitución, como "uno de lo pilares de la democracia" y "como garantía para la formación de una opinión pública libre". El acuerdo de la JEC reconoce, con argumentos de sentencias al respecto del Tribunal Constitucional, que los sujetos de ese derecho "medular" a una información libre y veraz "son no sólo los titulares del órgano o medio difusor de la información o los profesionales del periodismo o quienes, aún sin serlo, comunican una información a través de tales medios, sino, primordialmente, la colectividad y cada uno de sus miembros".

La JEC le recuerda a Vox en este sentido, según lo fijado en el artículo 6 de la Constitución y en el 6 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que todas las formaciones políticas "deben ajustar su actividad a lo dispuesto" en esas normas y, por tanto, "están directamente obligados a respetar los derechos fundamentales y, particularmente, el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".

Los miembros de la Junta Electoral aluden a lo marcado en el artículo 66.2 de la Loreg sobre las obligaciones de los medios de comunicación de respetar los principios de pluralidad, proporcionalidad, neutralidad e igualdad en la información en los periodos electorales, para remarcar que esos fines difícilmente se podrían conseguir "si las formaciones políticas contendientes en las elecciones pudiesen discriminar entre unos medios y otros a la hora de acceder a sus actos públicos de campaña, con independencia del lugar en que éstos se desarrollen".

Vox ha anunciado esta noche que recurrirá esa resolución de la JEC, alegando que la pluralidad informativa ya está garantizada en todos sus mítines y asegurando que no dispone de espacio suficiente en su sede para acoger a más periodistas en la noche electoral.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) consideraba en su recurso a la JEC presentado este mismo viernes "inaceptable" los vetos de Vox a más de una decena de medios de comunicación. "En un Estado democrático, el derecho de la ciudadanía a estar informada es irrenunciable e imprescindible para una participación política libre como garantiza la Constitución y, más aún, en periodo electoral", subrayaba la plataforma en un comunicado.

En el mismo escrito, dicha plataforma entendía que la formación política que preside Santiago Abascal no tiene capacidad para decidir "discrecionalmente" quién cubre o no sus actos electorales y subraya que los mismos son públicos y se organizan con la financiación que Vox recibe de fondos del Estado. Vox obtuvo 24 escaños en el Congreso en las elecciones del pasado 28 de abril y desde entonces recibe dinero público, por cada escaño y cada voto, como las demás fuerzas políticas representadas en el Parlamento y tiene derecho, por ejemplo, a la presencia en los medios institucionales y los debates.

Los medios de comunicación vetados por Vox son EL PAÍS, la cadena SER y todos los pertenecientes al Grupo PRISA, Público, eldiario.es, La Marea, El Plural, el programa de televisión Todo es mentira de Cuatro, el digital El Español, El Mundo (salvo los casos excepcionales de sus periodistas Álvaro Carvajal y Javier Negre), el programa El intermedio de la Sexta, Infolibre y la revista Contexto.

La plataforma aprovechó su queja a la Junta Electoral para subrayar su preocupación porque este veto "no sea un mero hecho aislado, sino que se trate de una táctica para visibilizar una estrategia de confrontación con el periodismo y el papel democrático que desempeña".

Pluralismo político

El veto a los medios de comunicación es especialmente grave porque se produce en plena campaña electoral, cuando los ciudadanos tienen derecho a recibir información independiente y plural sobre las posiciones que mantienen los partidos políticos que concurren a las elecciones, condición indispensable para ejercer con conocimiento de causa su derecho al voto.

Se da la circunstancia de que los partidos políticos no son entidades de carácter privado, sino "un instrumento fundamental para la participación política". Sirven para expresar el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, según el artículo 6 de la Constitución. Por eso, los partidos políticos reciben subvenciones públicas en función de los votos que logran y de los escaños que obtienen en los Parlamentos y Asambleas, y sus afiliados pueden desgravarse fiscalmente las cuotas que abonan. Es decir, los "espacios privados" a los que alude Vox en su comunicado para justificar su supuesto derecho a impedir el acceso de los medios de comunicación son alquilados por dicho partido con fondos públicos.

Hasta ahora, el único partido que durante la etapa democrática había vetado en España la presencia de medios de comunicación en sus actos y ruedas de prensa había sido Batasuna.

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