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Las residencias de ancianos públicas de gestión privada registraron la mortalidad más alta en la primera ola en Madrid

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 30/06/2022 Victoria Torres Benayas
Acción de denuncia en la Puerta del Sol por la muerte de personas mayores en residencia durante la primera ola de covid-19, organizada por Marea Residencias el 24 de abril de 2021. © Olmo Calvo Acción de denuncia en la Puerta del Sol por la muerte de personas mayores en residencia durante la primera ola de covid-19, organizada por Marea Residencias el 24 de abril de 2021.

En las 470 residencias de mayores que funcionaban en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, las más golpeadas por la covid de toda España, se produjeron 9.468 muertes de residentes entre marzo y abril de 2020, tanto por la covid como por otras causas, según las cifras facilitadas por el Gobierno regional a través del Portal de Transparencia. Con estos datos en la mano, un estudio, publicado en la revista internacional Epidemiologia y liderado por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, analiza el impacto de la mortalidad según la titularidad pública o privada de los centros y su modelo gestión ―pública, indirecta, concertada o privada―. Su principal conclusión es que la mortalidad “más alta” se produjo en las residencias de titularidad pública y gestión privada o indirecta. En cambio, la menor mortalidad se registró en las residencias 100% públicas, tanto de titularidad como de gestión.

A Zunzunegui, profesora emérita de la Universidad de Montreal pero que sigue muy ligada a ella a través de actividades académicas y científicas, el estallido del coronavirus en marzo de 2020 la pilló ejerciendo de abuela en EE UU y cuando ya llevaba cuatro años jubilada. “Vi lo que estaba ocurriendo en las residencias de Madrid, una auténtica catástrofe, y decidí que era motivo suficiente para volver al trabajo y ponerme a fondo con ello”, cuenta por teléfono a EL PAÍS esta experta en epidemiología del envejecimiento.

En agosto de 2020, comenzó a colaborar con la plataforma ciudadana Actuar Covid, que engloba a 1.200 profesionales sanitarios, con los que publicó los primeros informes sobre lo ocurrido en las residencias en la segunda y en la tercera ola de la covid. Este nuevo estudio se centra en lo peor de lo peor, la primera ola. Además de Zunzunegui, lo firman François Béland, también docente en Montreal; Fernando García López, médico del Centro Nacional de Epidemiología; y el periodista Manuel Rico, director de investigación en InfoLibre, que “aportó las bases de datos sobre fallecimientos con información sobre los titulares y gestores de las residencias” que recopiló para su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta).

En los dos meses en los que se centra el informe, la mortalidad en las residencias fue del 18,5%, es decir, que murió cerca de uno de cada cinco residentes. Zunzunegui matiza que, para hacer estos cálculos, se tomó como base el número total de plazas disponibles y no las realmente ocupadas. La razón es que no disponen de los datos, aunque saben que la ocupación era “muy alta, las residencias estaban muy llenas”. Un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) la cifra entre el 92% y el 94%.

Se trata, además, de fallecimientos por todas las causas, de las que 7.290 se produjeron en las propias residencias y sin asistencia médica. Solo 2.178 de las muertes, el 23%, ocurrieron en hospitales. ¿Cuántas de estas muertes fueron por covid? Tampoco se sabe, ya que los datos que han podido recabar son parciales. “De las 7.290 en residencias, 1.118 fueron confirmadas por covid, 4.676 presentaban síntomas compatibles y 1.496 por otras causas”, detalla la experta. Sin embargo, nada se sabe de las personas que terminaron sus días en hospitales. “No está disponible la causa de la muerte”, lamenta la investigadora.

Por este motivo, decidieron centrar el estudio de mortalidad en todas las causas, máxime teniendo en cuenta que muchos de los fallecidos por otros motivos son en realidad muertos indirectos de la covid, ya que el protocolo de exclusión del 18 de marzo, que impedía trasladar a los mayores a los hospitales, impidió su traslado. “El protocolo duró tres semanas, pero la vuelta a la derivación se produjo de forma paulatina”, recuerda Zunzunegui. A su juicio, la pandemia evidenció que “el sistema de cuidados de larga duración no estaba preparado para resistir una pandemia” y las decisiones que se tomaron condujeron a “una masacre”. El protocolo “fue una decisión muy cruel e injusta que causó la muerte evitable de miles de personas”, sentencia.

De las 470 residencias operativas en la primera ola, 405 eran privadas y 65 públicas ―43 regionales y 22 municipales―. Dentro de las 43 públicas regionales, 25 estaban gestionadas directamente por la Administración y 18 mediante un concierto. De las 22 municipales, solo dos son 100% públicas. Esto, que puede parecer un matiz, no es en absoluto baladí porque, tal y como demuestra el informe, la vida de los residentes dependió de en manos de quién estuviera su residencia.

Las conclusiones del informe son reveladoras. En las residencias de titularidad y gestión pública, que suponían el 12% del total de 51.938 plazas disponibles, la mortalidad fue la más baja de todas las tipologías de centros, el 7,4%. Sin embargo, en las 18 residencias de titularidad pública pero con gestión privada, que sumaban el 5% de las plazas, la mortalidad fue la más elevada de todos los modelos de titularidad y gestión: el 21,9%.

En las residencias propiedad de entidades privadas sin ánimo de lucro ―por ejemplo, de entidades religiosas― y con todas sus plazas privadas, fue del 12,7%. En centros aportaban el 8% de las plazas. En los centros 100% privados, es decir, de titularidad y gestión privadas con ánimo de lucro y sin plazas concertadas ―el 26% del total de plazas―, ascendió al 13,8%. En las residencias privadas con ánimo de lucro pero que tienen puestos concertados con la administración ―el grueso de las plazas disponibles, el 42%―, la mortalidad subió al 20,6%. Y, por último, en los centros privados sin ánimo de lucro que tienen plazas concertadas con el sector público ―el 12% del total―, fue de 17%.

Estas cifras se calculan “igualando las condiciones después de tener en cuenta otros factores que influyen en la mortalidad, como el tamaño del centro, de la población donde se encuentra localizada la residencia, el número de residentes positivos y el hospital de referencia”. Estudiar cuál era el hospital de referencia fue clave “para considerar el efecto del protocolo de la Consejería de Sanidad que excluyó de la atención hospitalaria a mayores que vivían en residencias”.

“A igualdad de condiciones, la mortalidad en las residencias 100% privadas es casi el doble que en las 100% públicas”, subraya la epidemióloga. Pero el dato “todavía más importante” es que la mortalidad en las residencias con plazas concertadas o de gestión indirecta fue casi tres veces superior a la ocurrida en las residencias de gestión pública y titularidad pública, añade Zunzunegui, para quien está claro que “cuando el sector público contrata con el privado, la mortalidad se dispara”.

Los epidemiólogos concluyen que los resultados de su investigación son “un testimonio de las consecuencias letales de la colaboración público-privada en el sector de los cuidados residenciales en la Comunidad de Madrid” y ponen de manifiesto la necesidad de una “profunda transformación del sector”. También urgen a “tomas medidas para que no vuelva a ocurrir” y a que se lleve a cabo “una investigación sobre lo que ocurrió en las residencias de Madrid esos dos meses”.

Para Zunzunegui, urge desarrollar “un sistema de información transparente que permita establecer un control de calidad” de los centros y llevar a cabo “inspecciones sistemáticas y efectivas” de las instalaciones y de la atención que reciben los mayores, ya que las inspecciones que se realizan son “aisladas, se avisa a la residencia de que se va a ir” y las multas frente a las infracciones que se pudieran detectar son “muy pequeñas”. “El sistema de control es muy defiende”, critica la experta, que cita un artículo prepandemia, publicado en 2019 por este diario, en el que se revela que de las 18 residencias de gestión indirecta hubo juicios por deficiencias en 14 y muchas de ellas fueron multadas, pero 13 de ellas renovaron la concesión. “Las residencias son lo más opaco que hay y esta opacidad obedece a los intereses de la Administración y de las empresas”, ya que impide la rendición de cuentas a las familias de los residentes y a la opinión pública, censura la experta, que hace hincapié en que los mayores “son la población más vulnerable, sin voz ni voto ni capacidad de defenderse”.

La investigadora, que trabajó además en la Escuela Andaluza de Salud Pública y en el centro universitario de Salud Pública dependiente de la Universidad Autónoma, conoce de primera mano el sector de las residencias madrileño, ya que formó parte de un estudio internacional en el que su equipo siguió la salud de 2.000 mayores de los centros de Leganés de 1992 a 1999. Aquel estudio, que dio para 45 artículos científicos, concluyó que la ciudad del cinturón de Madrid tenía la esperanza de vida más alta de todas las analizadas en Finlandia, Holanda, Israel, Suecia e Italia. “Ahora, con la covid, se ha rebajado mucho”, lamenta Zunzunegui, que celebra el acuerdo alcanzado el martes por Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para llevar a cabo “una reforma muy profunda del sector”. Aunque la propuesta inicial era “mucho mejor y perfectamente factible”, lo acordado supone “un paso hacia delante”.

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