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Más de 25 millones de dólares de las arcas de Madrid acabaron en paraísos fiscales

Logotipo de El Confidencial El Confidencial hace 6 días Beatriz Parera

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (EFE) © EFE El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. (EFE)
La sospechosa compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda, costó “ 25 millones de dólares” de dinero público a las arcas de la Comunidad de Madrid, asegura el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en sus primeros autos de prisión de los detenidos de la Operación Lezo a los que ha tenido acceso El Confidencial.

El magistrado asegura que la adquisición fue “hipervalorada ficticiamente” y da una importancia fundamental a la existencia de un informe de la auditora KPMG que indicaba discrepancias a la baja respecto a los cálculos estimados para la valoración del precio de compra de Emissao y otros riesgos potenciales.

Pone como ejemplo, Emissao estaba intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares operaban en países opacos. A pesar de ello, y en contra de la opinión de los auditores independientes, la operación, que El Confidencial adelantó antes de que estuviera judicializada, continuó adelante.

El auto indica que la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond y el exgerente, pasaron los fondos desviados a cuentas bancarias en paraísos fiscales “con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública” y enriqueciendo, injustamente, a determinadas personas: los participantes directos del pufo y otras que intermediaron y eran afines.

Las principales irregularidades detectadas, destaca el auto, son que la operación no contaba con autorización del Consejo de Gobierno ni existían razones económicas para llevarla a cabo. También que la empresa se adquirió a través de un entramado societario opaco y se modificó la adquisición del 40 por ciento al 75 de Emissao sin autorización.

“Se renunció a un aval de tres millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización”, agrega el juez. Tampoco hubo valoración independiente, permiso de la Consejería de Hacienda y existía un informe de la auditora KPMG “que debió llevar a la paralización inmediata” de la operación.

Los pagos se realizaron en cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraisos fiscales. El auto destaca la especial “formación” de Richmond en asuntos económicos que apunta a su conocimiento del contenido de la operación.

“El informe de KPMG debería haberla obligado a tomar algún tipo de decisión respecto a plantear las deficiencias del proyecto de compra de Emissao”, dice. Agrega que llevó a cabo una duplicidad de funciones y solicitó a Canal Extensia, en representación de Soluciones Andinas, el desembolso de 12 millones y medio de dólares mientras, y a la vez autorizó el mismo.

Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). En 2013, Canal Extensia e Inassa "constituyeron la Sociedad Soluciones Andinas de Aguas SRL", con domicilio social en Montevideo, Uruguay.

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