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Puigdemont no se moverá en el plazo de Rajoy y le emplaza a elegir entre “diálogo o la represión”

Logotipo de La Vanguardia La Vanguardia 17/10/2017
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull. © Image LaVanguardia.com El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull.

Ante el “nuevo episodio de vergüenza democrática” que a juicio del Govern ha supuesto el encarcelamiento de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el Ejecutivo de Puigdemont ha adelantado que el president no se moverá ante el nuevo plazo impuesto por el presidente Rajoy en su última carta remitida al dirigente catalán antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De esta forma, el Govern quiere emplazar así definitivamente al Ejecutivo central a definirse definitivamente por si opta “por dialogar o por la represión”.

Así se ha expresado el portavoz y conseller de Presidència, Jordi Turull, en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en el que se han analizado los últimos acontecimientos y se ha valorado la posible respuesta del presidente catalán a Rajoy tras la última misiva. Turull ha señalado que ante “este nuevo plazo que ha puesto el Estado”, Puigdemont “no se moverá de lo que ya se respondió”, de manera que “sabremos en qué escenario se pone el Estado”, es decir, “si cierra las puertas” definitivamente al diálogo “o aborda la represión”, ha emplazado. 

Según el dirigente, el Gobierno del Estado “lo sitúa en estos términos: o rendición o tirar adelante”, ante lo cual, ha garantizado que “la rendición no forma parte de este Govern” y por tanto, “veremos en qué terreno se quiere situar” el Ejecutivo central. Pero de momento, “la respuesta vuelve a ser el menosprecio y la amenaza” eludiendo “el tema nuclear”, que a su juicio se reduce en la respuesta a una sencilla pregunta “¿Quieren sentarse a hablar. Podemos hablar?”. De momento, “esto lo han obviado”, ha rematado Turull.

El conseller ha alegado que desde Catalunya “abrimos una puerta al diálogo y la hemos mantenido sinceramente”, pero “en el otro lado hay un gobierno que cierra constantemente las puertas y mira en dirección contraria”. De esta forma, para el conseller, la conclusión del Govern es que hay ahora “más represión”.

Preguntado sobre si con esta postura el Govern da por acortado hasta el jueves el plazo ofrecido de dos meses, el portavoz ha evitado concretar claramente y se ha limitado a indicar que en el diálogo “hemos creído siempre, también después del jueves”, pero “tiene que haber una cosa básica, que el otro quiera dialogar”, ha vuelto a incidir. Y es que con actos como el de ayer, el Gobierno “va en dirección contraria al diálogo”, con “acoso a empresas, invitándolas a que se lleven su sede social de Catalunya”, ha reprochado.

“Obviamente, habrá que tomar decisiones” en consecuencia a esta decisión del Estado a partir del jueves, ha advertido Turull, a pesar de insistir de que el Gobierno tiene la oportunidad de reconducir la situación. Pero “ni plegaremos velas, ni estaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas”, ha garantizado. 

El jueves sabremos en qué términos se mueve el Estado, ha vuelto a emplazar, para evitar aclarar cuáles serán lo pasos que seguirá el Ejecutivo catalán si, a su juicio, el Gobierno no se aviene a dialogar. Turull tampoco ha querido desvelar los términos de la respuesta, aunque ha dado por hecho que será en forma de carta al comentar que cumplirá con la requerida “cortesía institucional”.

“El problema no lo tenemos aquí, lo tienen al otro lado”, ha comentado el conseller de Exteriors, Raül Romeva, quien ha puesto el acento en la necesidad de explicar las amenazas, represión y el escenario con que nos encontramos por culpa de la reacción del Gobierno del Estado a la hoja de ruta independentista. 

“Pedíamos hacer política y sólo hemos recibido querellas, citaciones y plazos”, y a pesar de que “tenemos un mandato democrático” en favor de la independencia, “la ejemplaridad exige que pudiéramos hablar”, se ha quejado Turull. Pero el portavoz ha lamentado no solo que se haya querido hablar sino que “ni siquiera se ha querido ni escuchar”, y eso que “tampoco le estamos pidiendo al Gobierno que renuncie a nada”, ha asegurado.

Sobre Sànchez y Ciuxart, el Govern ha comentado que se trata de “dos personas inocentes” a quienes juzga “un tribunal incompetente”, de manera que “lo que no hizo en época franquista lo ha hecho su tribunal heredero en el siglo XXI”. Para Turull, se trata de dos “prisioneros políticos”, algo que “nunca nos hubiéramos imaginado” que pudiera darse, tras lo cual ha lamentado su situación sobre todo pos sus familias, puesto que detrás de ellos “hay esposas, hijos muy pequeños y quienes más lo padecen son sus familias”, ha criticado.

En el plano político, el portavoz ha resaltado que no solo han encarcelado a dos personas que han actuado siempre pacíficamente sino que “han militado siempre en el pacifismo”. Y como consecuencia de las encarcelaciones, el Govern ha decidido dar apoyo a las manifestaciones que tendrán lugar este martes y ha hecho un llamamiento a la “serenidad” para que “estas sean movilizaciones cívicas y pacíficas”, porque “es el mejor homenaje” que a su juicio se puede brindar a Sànchez y Cuixart. “Que sean multitudinarias y que no caigamos en provocaciones de diversos estamentos del Estado que querrían lo contrario”, ha reclamado.

El dirigente ha informado que en estas concentraciones no participará el president Puigdemont “por su carácter institucional” pero sí los consellers y las conselleres del Ejecutivo catalán. 

Tanto Turull como Romeva han lanzado una retahíla de críticas al Gobierno por su actuación sobre los Mossos y las empresas catalanas. Según han acusado, “ha habido un intento de desprestigio y de humillación a los Mossos”, un cuerpo que “brilló” por su gestión ante los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils. Pero también han encarcelado a Sànchez y Cuixarta mientras el Estado ha actuado con unas “cloacas constatadas por el Congreso” y cuyos principales responsables “campan libremente” o “se les han dado ascensos”.

En cuanto a las consecuencias económicas, ambos consellers han acusado al Gobierno de acosar a las empresas catalanas “invitándolas a que se vayan”, de manera que “quieren afectar a la economía catalana sabiendo que así también afectan a la economía española”, ha reprochado Romeva. Para Turull, “se ha impuesto el antes pobre que rota y no paramos de ver capítulos en que este acoso sigue”.

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(Fuente: El País)

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