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¿Es necesario más castigo para los okupas?

Logotipo de El Mundo El Mundo 29/09/2017 elmundo.es
Vivienda tapiada en el Raball (Barcelona) tras ser desalojados varios okupas / EFE © EFE Vivienda tapiada en el Raball (Barcelona) tras ser desalojados varios okupas / EFE

El Congreso pide al Gobierno que endurezca las penas a la usurpación de inmuebles en un momento en el que esta problemática parece estabilizarse tras el repunte durante la crisis.

Resolver con juicios rápidos el delito de usurpación, endurecer las penas y garantizar el cumplimiento íntegro de las mismas. La semana pasada, el Congreso de los Diputados -con el voto a favor de PP y Ciudadanos- aprobó una moción con estas medidas que deberán traducirse en una futura ley, siempre y cuando el Gobierno lo considere oportuno.

Esta iniciativa llega en un momento en el que el fenómeno okupa, sin dejar de perder titulares en prensa, parece perder fuelle. Así, aunque las condenas por usurpación aumentaron el año pasado un 87% (hasta las 6.132, según el INE), las actuaciones de la Fiscalía una vez cursada denuncia cayeron un 53%, hasta las 12.900 incoaciones, a tenor de la última memoria del organismo público. Este desfase entre el aumento de las condenas y la reducción de las intervenciones del Ministerio Fiscal responde a un hecho: la demora en este tipo de trámites una vez judicializados, que pueden extenderse por encima de los dos años hasta encontrar sentencia en firme.

De hecho, la posibilidad de acudir a la vía penal o la vía civil hace que los procedimientos puedan alargarse ad infinitum. "Es conveniente formular denuncia y buscar asesoramiento legal para determinar si se trata de un caso con encaje en el tipo penal o si puede ser más útil ir a la vía civil", explican desde Echeandía & Alevito Abogados, gabinete jurídico especializado en temas inmobiliarios. "Hay casos en los que la causa penal se archiva y es necesario acudir a la vía civil; por tanto, si hay dudas acerca de la prosperabilidad de la acción penal, ir directamente a la civil puede suponer un ahorro de tiempo", concluyen. En caso de que la actuación tenga encaje penal, las penas oscilan "entre multa de tres a seis meses y prisión de uno a dos años".

En la Comunidad de Madrid, alrededor de un millar de viviendas se encuentran okupadas ilegalmente. Una cifra que sigue una tendencia de "contención a la baja", según fuentes del ejecutivo regional, algo que achacan a la evolución de la coyuntura económica. Las mismas fuentes inciden en la dualidad de esta realidad: si bien existen bandas organizadas que encuentran su modus vivendi en la ocupación de inmuebles, hay una proporción de personas que no disponen de otra solución habitacional y se embarcan en la ocupación. Sobre estas últimas, desde la Comunidad de Madrid destacan que, si bien se encuentran "en la ilegalidad", se trata de gente que "quiere buscar soluciones para legalizarse", como pagar un alquiler.

A la espera de que el Ayuntamiento de la capital elabore su anunciado "censo cualitativo" de viviendas okupadas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) eleva el número de la Comunidad a alrededor de 3.000 casas. Y señalan a los barrios de la periferia como los más afectados: Entrevías, Alto de San Isidro, San Cristóbal de Los Ángeles, Comillas, Moratalaz o Villa de Vallecas. Por su experiencia, destacan una mayoría de ocupaciones mafiosas: "La gente que okupa por necesidad y tiene una mínima oportunidad de legalizar su situación, lo hace", explica Quique Villalobos, presidente de la FRAVM.

Coto de las mafias

Políticos, asociaciones y entidades señalan a las mafias como la verdadera lacra en la casuística okupa. De hecho, durante su exposición en el Congreso, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, arrancó su intervención estableciendo la divisoria entre "aquellas situaciones que son de vulnerabilidad y los grupos de delincuencia organizada".

Entre estos últimos actores, desde la FRAVM establecen varios perfiles. Por un lado, "personas organizadas para identificar pisos vacíos, abrirlos, adaptarlos y alquilarlos o venderlos", señala Villalobos. Y por otro, identifican un comportamiento consistente en "tomar viviendas de un mismo edificio y aglutinar a familiares, amedrentando al vecindario con comportamientos incívicos".

El papel preponderante de las bandas estructuradas lo corroboran también los expertos consultados. En el caso del despacho Echeandía & Alevito Abogados, señalan cómo estas organizaciones "suelen buscar casas en situación de semiabandono y, a menudo, se trasladan de una a otra". Esto, además, dificulta la manera de frenarles legalmente: "Dada la duración de los pleitos, que no ingresan en prisión y que son insolventes, el efecto de la pena es escaso", apuntan.

En cuanto a la tipología de vivienda okupada, la perteneciente a grandes tenedores como la banca destaca sobre la propiedad de particulares. Pese a la alarma social, la tendencia a la baja de este fenómeno también ha sido señalada por la propia Fiscalía General del Estado que, en su última memoria anual, esboza "una fase final del ciclo que hemos vivido en la última década". Y más allá del endurecimiento de las penas, los afectados abogan por poner soluciones previas: "Si hubiera un parque público accesible de vivienda, ¿cuánta gente recurriría a meterse en estos líos?", se pregunta Villalobos.

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