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“Están enfrentando a los críos por el ‘procés”

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 28/09/2017 Pilar Álvarez, Elisa Silió
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Dos niñas sostienen una estelada en la Diada. © Lluis Gene Dos niñas sostienen una estelada en la Diada.

El correo electrónico, asegura, fue la gota que colmó el vaso. Rafael Bejarano recibió un mensaje del instituto de su hijo, en 3º de la ESO en el IES Infanta Isabel D’Aragó (Barcelona), indicando que debía enviar una justificación si quiere que acuda al paro convocado desde ayer hasta mañana en Cataluña por distintas asociaciones estudiantiles como respaldo al referéndum del 1 de octubre. El motivo, según el mail, es “una huelga general de todos los estudiantes para defender los derechos democráticos de la población”. Bejarano, andaluz de 50 años que se mudó a Barcelona a los 40 días de nacer, asegura que está “indignado”. “No creo que la vía de reclamación democrática esté basada en enfrentar a niños de 15 años, que quedarán marcados según su asistencia o no a esta huelga. La situación ha llegado a enfrentar a los críos por el procés”, protesta. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión del centro.

¿Qué le puede pasar a los centros?

Carmen Perona, abogada especializada en derecho administrativo educativo, asegura que la petición de la fiscalía carece de sentido. “Si los padres autorizan a sus hijos a acudir a una manifestación o a secundar una huelga, el centro no es responsable porque no tiene la custodia del menor en ese momento”. Si son los docentes quienes les movilizan sin autorización, el responsable último es el director, que se enfrenta a hasta seis años de suspensión de empleo y sueldo. Perona explica que representó cuatro casos en Madrid, donde los centros se movilizaron contra los recortes o contra un cierre. El castigo fue entre uno y tres años de suspensión. Respecto al requerimiento del ministerio, “la última palabra la tiene la Generalitat” porque las competencias están transferidas.

Los menores se han situado en el centro de la crisis institucional más grave que atraviesa España en décadas. Se les encuentra con esteladas al cuello, manifestándose frente a comisarías y Ayuntamientos o pegando carteles en horas de clase. Ayer dos instituciones tomaron cartas en el asunto: la fiscalía, que exige a los centros que controlen a los menores, y el Ministerio de Educación que denuncia que, en ocasiones, los niños han sido movilizados “sin previa autorización de los padres, ni comunicación previa al director”.

En su escrito, el fiscal de sala coordinador de Menores, Javier Huete, advierte a los cuatro fiscales catalanes de menores que aunque estén autorizados por sus familias, los centros siguen teniendo “obligaciones de custodia” de los escolares en horas lectivas. Y que, en el caso en que causen daños personales o materiales, comparten la responsabilidad civil con los padres.

La FaPaC, la federación que agrupa al 76% de las asociaciones de padres catalanes, se muestra “sorprendida” por la misiva de la fiscalía. Recuerda que en ocasiones anteriores no se ha emitido un comunicado y ante el “nerviosismo de las familias” insisten en que la normativa permite a los alumnos a partir de 15 años sumarse a las protestas. La LOE accede a que los alumnos a partir de 3º de la ESO vayan a la huelga si es una decisión colectiva y el Supremo avaló que lo hagan, además sin permiso paterno. En el caso de los más pequeños, aún en el colegio y sin ese derecho a huelga reconocido, FaPaC prefiere mantenerse al margen pues en ese caso consideran que es “responsabilidad” de los padres.

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El ministerio —en un requerimiento de su número dos, Marcial Marín—, enumera a una docena de centros, mayoritariamente institutos, en los que los alumnos faltaron a clase por las movilizaciones para que la Generalitat “depure responsabilidades”. En caso contrario, advierte un portavoz, denunciarán por la vía contencioso administrativa. Los casos son dispares. En Olot (Girona) decenas de alumnos protestaron delante del Ayuntamiento autorizados por sus familias. Estas habían recibido una carta de los centros con intención de “hacerse oír” porque consideraban que sus derechos habían sido “pisoteados”.

El listado ministerial incluye al instituto Lluís de Perguera (Manresa), donde la dirección permitió que el profesorado llevara a los alumnos a manifestarse junto a la comisaría. Mientras que el IES Bisbe Sivilla de Calella (Barcelona) colocó urnas en el patio “para que los menores participen y voten junto a sus profesores”. Según el escrito, la Administración catalana vulnera artículos de la LODE, de la Ley de Protección Jurídica del Menor (invoca al interés superior del menor) y de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Hay ejemplos que han quedado fuera del listado del ministerio. El director del instituto Mediterrània (Castelldefels), con quien este diario no ha logrado hablar, ha hecho suyas las proclamas del Sindicato de Estudiantes y llama en una carta a movilizarse ante “la ofensiva franquista del PP”. Para más información dirige a las páginas web convocantes. En Twitter el novelista Lorenzo Silva, barcelonés, se lamenta: “Tristeza. He estado varias veces en ese instituto. Era un lugar de todos los ciudadanos de Castelldefels. Veo que ha sido ‘conquistado”.

Una portavoz de Educación en Cataluña recuerda, respecto al escrito de la fiscalía, que los alumnos de 3º de la ESO en adelante pueden manifestarse. Y añade que, en otras movilizaciones, también se ha pedido autorización como la que reclama el IES Isabel D’Aragó. EL PAÍS ha podido constatar que no ocurre así en otras comunidades como Navarra o Madrid. La portavoz afirma que aún no han recibido el requerimiento ministerial y no aclara si se han abierto expedientes.

Carta del centro Mediterrània de Castelldefels.

FaPaC también quiere desmentir que estén movilizando a las familias para forzar que los colegios se mantengan abiertos el día del referéndum. “Que cada cual actúe libremente”. Aunque la federación sí que el 20 de septiembre emitió un comunicado “para defender los derechos fundamentales y la democracia” que los independentistas consideran lesionados.

La federación Ceapa de Cataluña, mayoritaria en el resto de España pero que en esta región agrupa solo a 211 institutos, afirma que no ha recibido quejas por envíos de cartas. Hasta la fecha la institución se ha distanciado de la situación política, pero el sábado debatirá si se posiciona.

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