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Afal desatendió a sus tutelados y adquirió deudas con los geriátricos

EL PAÍS EL PAÍS 27/05/2014 Javier Martín-Arroyo, María R. Sahuquillo
Extrabajadores de Afal y trabajadores sociales que han denunciado desatenciones y falta de diligencia desde la fundación tutelar. © Santi Burgos Extrabajadores de Afal y trabajadores sociales que han denunciado desatenciones y falta de diligencia desde la fundación tutelar.

Siete extrabajadores y varios familiares de personas incapacitadas —la mayoría por alzhéimer— han denunciado que la Fundación Afal desatendió a los estos enfermos, de quienes tenía la tutela, en las residencias y viviendas en los que los tenía alojados. Afal Futuro está siendo investigada ahora por la fiscalía. Directores de residencias, tutores y trabajadores sociales, así como informes médicos, corroboran esos supuestos abusos sobre personas que, además, tenían bienes que les hubiera permitido vivir con holgura, pero a las que la enfermedad impidió denunciar su deficiente manutención. La Fiscalía Anticorrupción identificó indicios de delito tras estudiar el caso y ahora la Fiscalía de Madrid analiza la supuesta apropiación indebida del patrimonio de estos enfermos por parte de Afal Futuro y de empresas vinculadas a su cúpula. La dirección eludió ayer comentar el caso. La documentación facilitada a las autoridades indica que la entidad ha incrementado su patrimonio de 30.000 euros a 12 millones en siete años.

“La desatención era evidente. Había señoras vestidas con batas y que pasaron de los bolsos de lujo a vestir con ropa de los muertos. De un día para otro les vestían de pies a cabeza de Cáritas”, asegura Ignacio Mañas, director de la residencia Eulen Santo Domingo hasta el pasado otoño. Tras denunciar por carta esta situación anómala ante la jefa médica del grupo Eulen, Salomé Martín, Mañas fue despedido. Este directivo intentó cobrar una deuda de Afal con Eulen de más de 300.000 euros, pero no tuvo éxito. El antecesor de Mañas en la residencia, José Salas, ratifica los supuestos abusos: “La tutelada Consuelo Larrondo vino con una peluca y Afal se negó a pagarle una nueva cuando se le estropeó. Pedí a Afal zapatos ortopédicos para Teresa Orjales [otra tutelada] y recibí unos zuecos con los dedos al aire, calzado de auxiliar de clínica. Lamentable”.

Los informes médicos y de trabajadores sociales de dicho centro sobre Larrondo, de 87 años y con grave deterioro cognitivo, exponen estas carencias: “La enferma necesita ropa, calzado de invierno y ropa interior”, determina la trabajadora social Esther Sáez el 25 de enero de 2010. Cuatro informes y mes y medio después, Sáez insiste y vuelve a enumerar las mismas carencias el 8 de marzo; aunque precisa que la residencia le ha proporcionado “ropa y un par de zapatos”. Larrondo poseía dos viviendas (al 75% y al 50%), además de acciones, productos financieros y diversas cuentas bancarias, tal y como refleja el inventario de bienes remitido por Afal Futuro al Juzgado de Primera Instancia 65 de Madrid en marzo de 2010.

Los informes de las residencias resaltan que los enfermos carecían de atención

Los informes sociosanitarios que los centros residenciales emiten periódicamente y que analiza la fiscalía, indican otros muchos casos. La residencia donde vive la enferma Benita López-López requiere varias veces que la fundación aporte cierta documentación que necesitan: desde el DNI hasta la sentencia de incapacitación. Un informe médico sobre otra tutelada por Afal, Teresa Orjales, de 84 años y con deterioro cognitivo leve, subraya que necesita pasta para fijar su dentadura. “Ella no tiene y se la coge a otros internos. [También necesita] gafas de cerca”, subraya su informe médico de marzo de 2010.

Esta supuesta falta de atención no solo se produjo en las residencias, también en los domicilios privados a los que acudían tutores para cuidar a los enfermos. El trabajador social Luis Redondo ha aportado a EL PAÍS la carta en la que una empresa de servicios renunció, en 2009, a seguir prestando sus funciones de supervisión de los enfermos, ya que el cuidado de la entidad hacia ellos era negligente: “Se modifican, sin criterio clínico ni protocolo ninguno, las pautas de actividades de la vida diaria y rutinas de enfermos y auxiliares”. En la misiva, la compañía (cuyo nombre sus responsables piden omitir) responsabiliza a la presidenta de la entidad, Blanca Clavijo, y a la abogada de Afal, Mercedes Díaz, de “barbaridades” como la eliminación de servicios como fisioterapia, vitales para estos enfermos. Es el caso de Ángela Maximina, que falleció tras permanecer en cama sin recibir este tratamiento esencial para su salud.

Algunos pacientes sufrían necesidades, pese a contar con grandes fortunas

La tutora Pilar Palao, que trabajó cuatro años para enfermos amparados por Afal, explica cómo tras un año se quebró el equipo multidisciplinar de coordinación inicial compuesto por un terapeuta, un psicólogo, un asesor jurídico, un trabajador social y voluntarios. “Hay un momento en que Clavijo [presidenta de la fundación] prima la parte jurídica para poder hacer lo que quiere ocultando información al juzgado, por encima de la atención al paciente”, censura. “El equipo se desintegró y empezaron los contratos por amiguismo. Mi despido, reconocido como improcedente, lo ejecutó Clavijo porque alcé la voz. Pero entonces no sabía la dimensión del fraude”, añade.

Hace unos meses, Francisco López Arevalillo acudió a casa de su madre, tutelada por Afal Futuro, a visitarla, pero no la encontró allí. "Me asusté. No entendía lo que pasaba… estuve llamando a todos los telefonillos hasta que una vecina me terminó diciendo que se la habían llevado a una residencia", dice. López Arevalillo se fue directo a la Guardia Civil a poner una denuncia; más tarde pudo aclarar que la fundación había determinado que su madre, enferma de alzhéimer de 84 años que vivía con una cuidadora interna desde hace tiempo, estaría mejor en un centro. Desde entonces, el hombre asegura que Afal Futuro no se ha ocupado de manera diligente de ella; también que la entidad ha impedido que reciba información médica de su madre.
Clavijo, rehusó ayer comentar la investigación que ha emprendido la fiscalía. Tampoco valoró las críticas y denuncias de los familiares hacia su gestión y el trato poco diligente hacia los incapacitados. Mientras, un portavoz del grupo Eulen rechazó opinar sobre las denuncias internas que cayeron en saco roto.

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