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Andalucía trasladará la figura del testamento vital a los servicios sociales

EL PAÍS EL PAÍS 14/06/2014 Manuel Planelles
La consejera María José Sánchez Rubio, en el Parlamento. © julián rojas La consejera María José Sánchez Rubio, en el Parlamento.

El Gobierno andaluz quiere trasladar la figura del testamento vital —que se utiliza para los tratamientos médicos en el sistema sanitario de la comunidad— a los servicios sociales. Así lo contempla el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, una norma que PSOE e IU se comprometieron a aprobar cuando cerraron su acuerdo de gobierno hace dos años. La Consejería de Igualdad, Salud y Servicios Sociales plantea que todos los ciudadanos tengan derecho a “emitir instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de la capacidad de obrar y tomar decisiones autónomas”, según indica el departamento de María José Sánchez Rubio.

Se trataría de crear un registro similar al de Voluntades Vitales Anticipadas que existe desde 2010 en el sistema de salud andaluz. A través de este registro, al que se permite acceder digitalmente, los pacientes pueden decidir con antelación sobre los tratamientos médicos que deben recibir cuando estén en una situación de gravedad y su estado impida expresar su voluntad.

En el caso de la futura ley de Servicios Sociales, fuentes de la Consejería de Igualdad ponen el ejemplo de un enfermo de alzhéimer. En la primera fase de la enfermedad esta persona podría pronunciarse sobre si en el futuro, cuando pierda la capacidad de decidir, querrá ser atendido por los servicios sociales en su domicilio o en una residencia.

La consejería espera que durante el mes de julio el Consejo de Gobierno de la Junta dé el visto bueno el anteproyecto de ley. La aprobación definitiva de la norma en el Parlamento se prevé para los primeros meses de 2015. Cuando entre en vigor, sustituirá a una ley de 1988.

En estos últimos 26 años, esa norma ha sido superada por otras regionales y nacionales, como la Ley de Dependencia, de 2006. Por eso la Junta acomete ahora su reforma.

La Junta aprobará en julio el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales

La consejería, en varios aspectos, traslada la forma de trabajar del sistema sanitario a los servicios sociales. Además del testamento vital, la Junta también exportará la historia clínica digital. Se creará un sistema de “historia social digital” que permitirá mayor coordinación en las actuaciones. Además, según fuentes de la consejería, se permitirá cruzar los datos del historial clínico y del social. Este aspecto es uno de los asuntos que más valora José Miguel Delgado Trenas, coordinador de la Plataforma Andaluza para la Defensa del Sistema de Dependencia, que ha participado en el Parlamento autónomo en los grupos de trabajo de la futura ley. “Ya existe un servicio informático en las unidades de trabajo social, pero se queda corto”, apunta. Este nuevo historial social servirá, en su opinión, para dotar de unidad y para disponer de más información práctica sobre cada caso.

Otra de las figuras que se trasladará a los servicios sociales será la del médico de cabecera. Cada persona tendrá designado un profesional de referencia, indica la consejera. “Se trata de un trabajador o trabajadora social que tiene asignado un grupo de población para los que actúa como primer nivel de interlocución y como responsable de valorar, planificar, coordinar y garantizar la integridad y la continuidad de las actuaciones que recibe una persona”, se apunta en la información que la consejería ha trasladado a los distintos sectores afectados por la nueva ley.

Esta norma garantiza “el derecho” de los ciudadanos “a los servicios sociales”. Se podrán acoger, en principio, todos los nacidos en España que residan en Andalucía y los extranjeros empadronados en la comunidad. Sin embargo, la consejería añade que también tendrán derecho “todas las personas que, encontrándose en Andalucía, sufren alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social”. La norma incluirá un catálogo de prestaciones sociales. Y la consejería recalca que esas prestaciones serán “un derecho subjetivo” que se podrá “exigir a las Administraciones”.

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