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Anticorrupción ve delito de estafa en el caso del Popular y considera manipulación del mercado

Logotipo de El Mundo El Mundo 26/09/2017 MARISA RECUERO
© Proporcionado por elmundo.es

Hay indicios de que los directivos del Banco Popular cometieron un delito de estafa de inversores en la ampliación de capital que realizaron en 2016 por 2.505,5 millones de euros. Así lo considera el fiscal de Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, que advirtió también un delito de manipulación del mercado en la "campaña de desprestigio" que hizo el banco al publicar "noticias que contenían datos o información falsa" para, presuntamente, hacer caer el valor de cotización de sus acciones y obtener así "importantes beneficios".

En el informe remitido por la Fiscalía al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el pasado 21 de septiembre, para informar

a favor de investigar las querellas presentadas contra las antiguas cúpulas del banco

, Romeral describe como la entidad proporcionó a los potenciales inversores una información de sus estados contables y financieros que "no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad".

Dicho esto, conviene recordar que es la segunda vez que el Ministerio Fiscal hace uso del delito de estafa de inversores, recogido en el artículo 282 bis del Código Penal, para acusar a quienes "falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión" que una sociedad debe publicar sobre sus recursos para captar inversores.

La primera vez fue en el caso Bankia, donde el fiscal Alejandro Luzón -actual fiscal jefe de Anticorrupción- acusó a Rodrigo Rato, entre otros, de

cometer un delito de estafa

por un presunto falseamiento del folleto remitido a la CNMV para la salida a Bolsa de Bankia.

En total, el juez Andreu tiene sobre su mesare 26 querellas presentadas por afectados y otras cuatro interpuestas por asociaciones y un bufete de abogados, ejerciendo, en este caso, la acción popular. Precisamente, ayer,

Adicae presentó una contra 17 ex directivos

, donde pide que se cite a testificar al ministro de Economía, Luis de Guindos; a la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín; y al subgobernador del Banco de España, Javier Alonso.

En el listado de asociaciones que presentaron querellas se encuentra también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (Aemec), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Asociación Libertad y Justicia.

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