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Artur Mas, máximo responsable de los gastos del 9-N

Logotipo de Cadena SER Cadena SER 25/09/2017 Pilar Velasco

El Tribunal de Cuentas ha reclamado al expresidente catalán Artur Mas5,2 millones de euros por los gastos que conllevó organizar y celebrar el referéndum ilegal del 9 de noviembre del año 2014, por el que también tendrán que responder otra decena de cargos de su Govern. Mas tiene 15 días para depositar la fianza y según fuentes cercanas a los representantes legales, en esa cantidad ya estarían sumados 400.000 euros de intereses.

Mas sería responsable solidario de 5,2 millones de euros, como presidente que era de Cataluña en 2014 y máximo responsable de las cuentas públicas. Junto a Mas, entre los encartados se encuentran los exconsellers Joana Ortega, Irene Riagau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

Los afectados dispondrán de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero, los demás habrán de responder por él.

El organismo fiscalizador había citado este lunes a los representantes legales del expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros. Son responsables de la convocatoria de la consulta del 9-N por los gastos de más de cinco millones de euros cargados a los presupuestos del Govern y que el tribunal considera que incurrieron en una presunta responsabilidad contable por haber ordenado, instigado o cooperado en las actuaciones que permitieron la celebración de la jornada de participación del pasado 9 de noviembre de 2014. En la sede del tribunal se les entregó el acta de liquidación provisional con el cargo impuesto a cada uno de ellos.

Mas, único responsable de todas las partidas

Según fuentes consultadas por la Cadena SER, la cifra total que se le reclama es de unos 5.251.000 euros y según las conclusiones de la instrucción judicial de las diligencias abiertas por la consulta señalan a Artur Mas como único responsable solidario de todos los gastos de fondos públicos. El acta de liquidación provisional concretará la cantidad que Mas tendrá que abonar, pero además, será también corresponsable de la totalidad de los gastos, es decir, asumirá solidariamente las fianzas impuestas a sus consejeros y equipo.

© Proporcionado por Cadena SER

El resto de exconsellers y exaltos cargos asumirán el pago de la parte que corresponde al gasto asignado a sus departamentos, una cifra imputada a cada uno de ellos por el tribunal y sobre las que este lunes, 25 de septiembre, podrán hacer alegaciones. Para el tribunal ha sido clave determinar los responsables que tomaron la decisión en cada una de las partidas de gasto y quiénes dieron las órdenes a toda la estructura política y administrativa de la Generalitat para asumir las facturas a cargo del erario público.

Además del expresidente Artur Mas y el exconsejero de presidencia y exportavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs; están citados los letrados de la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau.

Junto a los principales responsables políticos, hay otros siete ex altos cargos de la Generalitat que estuvieron implicados en la organización administrativa de la consulta aunque no en el proceso penal del TSJC y el Supremo. Se trata de Lluís Bertrán, exsecretario general de Gobernación; los interventores de Gobernación y Presidencia, Carolina Pardoy y Jordi Serra; Josefina Valls i Villa, directora de servicios de Gobernación; Ignasi Genovés i Avellana, director de Atención Ciudadana; Jaume Domingo i Planas, director del diario oficial de publicaciones; y Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia.

Distintos bloques de gastos

Entre las partidas analizadas por el tribunal, los gastos indebidos de la consulta se han dividido en distintos bloques, correspondientes a cada departamento del Govern. Entre los gastos que suman más de 5.251.000 millones de euros, por un lado, están los que corresponden a la informática, esto es, los equipos y programas necesarios para seguir el recuento y la transmisión de los resultados, la adquisición de 7.000 ordenadores y el desarrollo y mantenimiento de la página web participa2014.cat de los que constaba como pagador el departamento de Gobernación.

Por otro lado, son irregulares para el tribunal los gastos destinados a la adquisición de material para la consulta, entre ellos, los sobres y las urnas –elaboradas por los presos de la cárcel de Lleida- además de las papeletas electorales y el transporte a los puntos de distribución y envío a domicilio. También los locales que albergaron las urnas y la instalación de un centro de prensa en el recinto ferial de Montjuïc; la póliza asegura para voluntarios; los gastos institucionales de campaña animando al voto, así como los servicios relacionados con el seguimiento y la proclamación de los resultados de la votación, llevada a cabo desde la vicepresidencia de la Generalitat.

Los gastos cargados al presupuesto catalán superan los cinco millones de euros más los intereses, que incrementan la cifra en unos 600.000 euros más. Además, el Tribunal de Cuentas ha detectado otros gastos que no ha podido todavía documentar y que podrán ser esclarecidos en el futuro en el marco de estas diligencias.

© Proporcionado por Cadena SER

Las tres asociaciones que interpusieron la denuncia contra la cúpula de la Generalitat –Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución- están también citadas para este lunes en la sede del tribunal donde se les entregará copia del acta de liquidación por los 5,1 millones de euros que señalaron como gasto indebido para el proceso consultivo aunque está previsto, según fuentes consultadas por la cadena SER, que la cantidad sea superior debido a los intereses que podrían rondar los 600.000 euros. A la cita también acudirá la representación legal de la Generalitat; la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

Fianzas obligatorias

Las fianzas por responsabilidad contable impuestas por el tribunal son de carácter solidario, de manera que si alguno de los imputados no responde al pago con sus bienes o propiedad tendrá que ser asumida y repartida entre el resto de exaltos cargos. Tras recibir el acta de liquidación, podrán presentar alegaciones y, una vez resueltas, los imputados tendrán quince días para afianzar los gastos, si no lo hacen, el tribunal comenzará el proceso de embargo de cuentas y bienes para resarcir al erario público.

Este procedimiento contable se suma a las condenas por vía penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Constitucional; Francesc Homs fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por el Supremo debido a su condición de aforado.

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