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Aterrizar el 'Derecho al Olvido'

El Mundo El Mundo 01/06/2014 GONZALO F. GÁLLEGO HIGUERAS (*)

Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia () en la que, contestando a determinadas cuestiones prejudiciales presentadas por nuestra Audiencia Nacional, ha entendido que los derechos de supresión, bloqueo y oposición previstos en la Directiva 95/46/CE de protección de datos (nuestros derechos de cancelación y oposición), confieren a los usuarios de Internet (personas físicas) y siempre que se cumplan determinadas condiciones, un derecho a solicitar que los buscadores de Internet eliminen de los resultados que muestran al introducir su nombre como criterio de búsqueda, aquellas referencias a contenidos disponibles en Internet que el usuario señale. Tal eliminación es independiente del hecho de que esos contenidos puedan permanecer accesibles en su lugar de origen y puedan ser igualmente indexados por el buscador con criterios de búsqueda distintos al nombre de la persona. Esta facultad ha sido llamada 'derecho al olvido' y así aludiremos a ella, no porque compartamos la terminología usada, sino porque es posible que así se facilite la exposición.

La Sentencia citada contiene numerosas "zonas de fricción" sumamente propicias para encender un vivo debate cuyos rescoldos están destinados a permanecer humeantes muchos meses. Entre otras muchas, podemos citar la prevalencia del derecho a la protección de datos que establece el TJUE frente al derecho de los ciudadanos de acceder a información disponible y lícita, salvo en determinadas excepciones como la existencia de un interés público, o el que la mentada Sentencia atribuya a los buscadores la responsabilidad de ponderar los distintos derechos y bienes jurídicos en juego y decidir cuando el "derecho al olvido" es preferente al interés ciudadano en conocer la información.

Sin restarle importancia alguna a tal debate "de altura" que sin duda es interesante y necesario, lo cierto es que, acercando el "derecho al olvido" al suelo (es decir, "aterrizándolo") y desde una perspectiva más mundana, uno cree que es necesario preguntarse por los procedimientos que habilitaran los buscadores de Internet para permitir su ejercicio. A este respecto no hay que olvidar que, puesto en clave de derecho español, el procedimiento de ejercicio de los derechos de cancelación y oposición que, en definitiva, configuran el 'derecho al olvido', se encuentra regulado, estableciéndose requisitos que afectan a aspectos tales como quien puede ejercitar los derechos, su identificación, el contenido de la solicitud, etc. Estos requisitos deberán ser cumplidos por los mecanismos que habiliten los buscadores para el ejercicio del 'derecho al olvido'.

Junto a ello, creemos que la realidad de Internet y el hecho de que, prácticamente, la única interacción que tienen los usuarios con dichos buscadores, sea a través de canales electrónicos (entornos Web, mayormente), aconseja enormemente que los cauces habilitados por tales buscadores sean también de naturaleza electrónica y estén además integrados en el mismo entorno web en el que se presta el servicio. El formalismo en el ejercicio de los derechos debe conciliarse con la facilidad de su ejercicio. Por más que legalmente estén admitidos, es obvio que "procedimientos tradicionales" para el ejercicio de derechos como el envío de solicitudes en papel, tienen poco sentido si hablamos del 'derecho al olvido' ante buscadores.

La herramienta de "Solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la Normativa Europea de Protección de Datos" habilitada por Google recientemente de forma pionera en Europa, constituye un paradigma de mecanismo de ejercicio del 'derecho al olvido' que trata de conciliar correctamente los requisitos previstos en la normativa aplicable con la sencillez y comodidad del uso que son característicos del servicio online de Google.

La herramienta en cuestión tiene dos aplicaciones, una orientada a la generalidad de enlaces URL a contenidos de terceros que se muestran en los resultados de búsqueda del buscador Google Search (en general, espacios web) y otra específicamente orientada a los enlaces URL a imágenes publicadas por terceros, que se muestran al realizar búsquedas en la herramienta 'Imágenes' del buscador. Con ello, Google cubre los distintos supuestos donde sus resultados de búsqueda pueden apuntar a datos personales sujetos a la normativa aquí tratada.

Al inicial el proceso, la herramienta solicita la introducción del nombre completo de la persona respecto de la cual se solicita la eliminación de los resultados de búsqueda y, a parte, el nombre del usuario solicitante, si es distinto al anterior, cosa que ocurrirá cuando se ejercite el derecho a través de un representante (supuesto permitido por nuestra normativa), cuya relación con el interesado debe indicarse en un campo que se muestra en la misma herramienta. Como es preceptivo, la identidad del solicitante debe acreditarse mediante copia de un documento de identidad con fotografía.

Posteriormente -tras un campo para introducir el correo electrónico de contacto, que no merece mayor comentario que constatar que cumple también una exigencia legal- entramos en lo que constituye el objeto principal del derecho del interesado, es decir, a la determinación de los enlaces URL que se desean suprimir de los resultados de búsqueda. Desde el punto de vista de nuestro procedimiento, se trata de la "petición en que se concreta la solicitud" a la que alude nuestra normativa.

© Proporcionado por elmundo.es

En el formulario de Google, dicha petición se establece solicitando al usuario que defina tres elementos para cada URL que se desea suprimir.

En primer lugar, lógicamente, de concretarse la URL a eliminar de los resultados de búsqueda.

Seguidamente, el usuario debe explicar, si no está claro, qué relación existe entra la página Web/imagen enlazada con la URL a suprimir. Algunos supuestos donde este extremo puede no ser obvio y donde la aclaración solicitada es necesaria, incluyen imágenes consistentes en fotografías del usuario cuando era menor de forma que no sea evidente que se trata de la misma persona solicitante o páginas web que aludan a la persona mediante un nombre coloquial derivado de su nombre real (Ej. "Chema" para Jose Maria o "Pepe" para José). Esta solicitud de explicación, se alinea con la exigencia que contiene nuestra normativa, de acreditar la petición que se formula.

Finalmente, el formulario de Google exige que para cada dirección URL cuya eliminación se solicita, se indiquen los motivos por los que dicha URL resulta irrelevante, obsoleta o inadecuada de cualquier otro modo, todo ello, lógicamente, en relación con la persona para la cual se solicita el derecho. Tal motivación -amén de ser también manifestación de la necesidad de acreditar la solicitud de reclama nuestro derecho- se conecta directamente con el carácter no absoluto del llamado 'derecho al olvido', que debe enfatizarse, ya que en ocasiones parece omitirse, esgrimiéndose ese derecho con excesiva contundencia.

Como hemos dicho, el 'derecho al olvido', se dibuja como la traslación a Internet de los clásicos derechos de cancelación y oposición. Por lo tanto, las limitaciones al ejercicio de tales derechos resultan plenamente aplicables. En concreto, y tomando como base el contenido de la Sentencia del Tribunal de Justicia ya citada, el conocido como 'derecho al olvido' solo cabe cuando la indexación de páginas Web/imágenes que implique un tratamiento de datos personales en los resultados de búsqueda, sea incompatible con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos (interpretada ésta "incompatibilidad" en un sentido amplio, incluyendo, por ejemplo, datos referidos a hechos pretéritos sin transcendencia actual) y siempre y cuando el interesado tenga derecho a que la información relativa a su persona no se vincule a su nombre, cosa que, por ejemplo, no ocurrirá con información de interés público.

En este sentido, el 'derecho al olvido' no es un mecanismo de "borrado automático" de referencias en resultados de búsqueda. Solo cuando se justifique la necesidad de dicho borrado conforme los criterios de la normativa sobre protección de datos, procederá éste. La exigencia de motivación del formulario de Google, no hace más que implementar esa idea.

Cumplimentados los campos indicados, solo resta remitir el formulario, para su tramitación por Google.

Como se observa Google ha dado un gran primer paso para alinear su buscador a las exigencias que emanan de la Sentencia del Tribunal de Justicia citada, conjugando el cumplimiento de los requisitos legales, con un procedimiento sencillo y ágil. Otros buscadores (y aun, otros prestadores de servicios e Internet) deberán seguirle necesariamente. Aunque, por motivos obvios, todos los ojos se fijan en Google cuando se habla del 'derecho al olvido', no debe obviarse que ningún buscador de Internet es ajeno a este derecho y todos deben garantizarlo. En este sentido, es esperable que pronto veamos otras iniciativas similares a la de Google y otros mecanismos de supresión de enlaces en resultados de búsqueda.

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