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Bruselas propone ampliar a tres años los controles en el área Schengen

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 27/09/2017 Lucía Abellán
Una mujer mira a policías griegos en la frontera con Macedonia, en una foto de archivo. © DARKO VOJINOVIC Una mujer mira a policías griegos en la frontera con Macedonia, en una foto de archivo.

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Los controles internos en el área europea de libre circulación serán cada vez menos excepcionales. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles ampliar a un máximo de tres años el periodo en el que los Estados pueden reintroducir chequeos en las fronteras internas del espacio Schengen. Los Gobiernos solo podrán apelar a esa medida en casos de amenaza a la seguridad. "Debemos hacer todo lo posible por preservar el delicado equilibrio entre la libre circulación y la seguridad", ha sugerido el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en conferencia de prensa.

La circulación sin control de documentos de identidad, uno de los principales símbolos del proyecto europeo, se ha visto restringida desde 2015 por motivos antiterroristas y principalmente para supervisar los flujos migratorios. En la actualidad, el plazo máximo de controles por riesgos para la seguridad del país se limita a seis meses (aunque en la práctica se convierte en dos años si se pueden demostrar deficiencias en las fronteras exteriores de la UE). El Ejecutivo comunitario sugiere ahora ampliar ese primer plazo a un año y añadir otros dos adicionales si persiste la misma amenaza. Transcurrido ese año inicial, las renovaciones no serán automáticas. Habrá una evaluación cada seis meses y será el Consejo Europeo —representa a los Estados miembros— quien decida si siguen existiendo razones para mantener la excepción a Schengen.

Con estas precauciones, Bruselas quiere evitar que los Estados empleen esa medida excepcional como una herramienta ordinaria de control interno de fronteras. "Si muere Schengen, será el principio del fin de Europa", ha vaticinado solemnemente Avramopoulos. El endurecimiento de fronteras, pese a todo, se ha convertido en una constante en los últimos años.

En la práctica, los Estados ya cuentan con una posibilidad de mantener los controles internos hasta dos años, una opción a la que ahora están acogidos cinco países del área de libre circulación. Pero las bases para ese paréntesis a Schengen son más amplias. Se trata de las deficiencias encontradas en 2016 en las fronteras exteriores de la UE (en particular en Grecia), que se consideró ponían en riesgo a todo el club comunitario.

Lo que hace este miércoles Bruselas es abrir la mano a las excepciones por cuestiones antiterroristas (con una ampliación de los seis meses actuales hasta un máximo de tres años en el control fronterizo) a cambio de cerrarla en cuestiones de flujo migratorio. A partir de noviembre, cuando expiren las actuales limitaciones a Schengen para Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega, no habrá más renovaciones, ha advertido el comisario.

Contra los abusos

Aun así, los países tienen la opción de entrelazar las dos opciones. Alemania ya ha avisado varias veces de que cree necesario seguir manteniendo los chequeos en algunas de sus fronteras internas. Si la Comisión da por concluido el actual periodo porque considera que no existen más razones migratorias que lo avalen, Berlín siempre puede alegar motivos antiterroristas para controlar a los viajeros. Fuentes del Ejecutivo comunitario advierten de que no debe haber abusos.

La iniciativa de Bruselas es algo menos ambiciosa de que lo que pedían Berlín y París. Sus Gobiernos, junto a los de Austria, Dinamarca y Noruega, se habían dirigido a la Comisión a principios de mes para solicitar un máximo de cuatro años de controles fronterizos amparándose en la amenaza terrorista que sufre Europa. La diferencia es que estos países tomaban como punto de partida los dos años que en la práctica se pueden otorgar actualmente y solicitaban otros dos más. Bruselas, en cambio, ha utilizado como referencia los actuales seis meses de chequeos por amenaza para la seguridad, los ha convertido en un año y ha dispuesto, con muchas cautelas, dos años adicionales. El resultado es que la Comisión sugiere un máximo de tres años, mientras esos Estados abogaban por cuatro.

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