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Castro da 10 días a Hacienda para precisar el fraude fiscal de Urdangarin

EL PAÍS EL PAÍS 05/05/2014 Andreu Manresa

El juez José Castro apura la búsqueda de más datos económicos, liquidaciones tributarias y contratos de Iñaki Urdangarin como asesor y consejero de empresas privadas. El instructor quiere documentar todos los cobros de asesoría que canalizó a través de la sociedad familiar Aizoon, cuya propiedad comparte con la infanta Cristina. El juez quiere verificar todas las fórmulas tributarias a las que se acogieron las compañías al pagar a Urdangarin, bajo sospecha de supuesta corrupción y evasión fiscal. Castro quiere precisar los cobros percibidos y las posibles cuotas defraudadas. Hacienda, la Fiscalía y el juez acusan al duque de Palma de dos delitos fiscales.

El instructor del caso Urdangarin, días antes del cierre de la causa, libró este lunes un repertorio de preguntas y demandas de información interna a la Agencia Tributaria para conocer detalles de las entregas efectuadas a Urdangarin. Reclama respuestas en diez días. Pregunta si se han de corregir anteriores liquidaciones fiscales y alude a pagos por "servicios profesionales a Aizoon” o "cualquier otro pago" concreta, por las firmas Altadis, Pernod Ricard, Mixta África, Lagardère, Havas Sport, Seelinger y Condé, Motor Press y Aceros Bergara. Todas las empresas que contrataron al duque fueron sometidas a actas de inspección, al investigar el supuesto fraude del yerno del Rey, antes de su judicialización por dos delitos.

Iñaki Urdangarin, antes de un interrogatorio en Palma de Mallorca. © Uly Martín Iñaki Urdangarin, antes de un interrogatorio en Palma de Mallorca.

Urdangarin, exjugador del Barça de balonmano, percibió entre 220.000 euros anuales de Mixta África y 6.000 euros al mes de Aceris Bergara, por citar los dos extremos del un abanico de abonos de grandes firmas en la que figuró como consultor personal privado. Esos ingresos –que sumaron más de 810.000 euros en 2007- los canalizó a través Aizoon que comparte con la infanta Cristina. La fiscalía acusa al duque por dos delitos fiscales, en 2007 y 2008, por entender que no pagó lo debido al camufló sus ingresos personales en las cuentas empresariales Aizoon, para pagar menos impuestos, al poder desgravar más.

El juez Castro mantiene la sospecha abierta sobre la infanta Cristina. Considera -sin el respaldo de Hacienda, el fiscal y la Abogacía del Estado- que la infanta pudo ser cooperadora de ese fraude fiscal y por ello la mantiene como imputada desde enero de 2014 y tras su declaración del pasado febrero. La situación procesal de la hija del Rey quedará despejada en semanas, al conocerse el escrito final del juez al cerrar la instrucción de la causa, la prevista decisión de finalizar el sumario del ‘caso Urdangarín’, el pase a procedimiento abreviado con el relato de indicios sobre los hechos, supuestos de delitos y relato de los acusados.

Las preguntas del juez a Hacienda se han de entender como una maniobra de ajuste y acumulación de documentación. José Castro completa la biografía fiscal del esposo de la Infanta y la de su compañía matrimonial Aizoon acudiendo a la Agencia Tributaria. El instructor actúa para contrastar el último alegato defensivo de Urdangarin en el que niega ser un defraudador fiscal y señala la eventual responsabilidad de las empresas que le contrataban y pagaban.

Urdangarin se escuda en que las compañías que le ficharon y retribuyeron eran las responsables de efectuar las retenciones tributarias y no él. Así asevera que no disfrazó sus rentas profesionales para evadir impuestos. Quienes le contrataron "no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración, dejando de practicar la correspondiente retención sobre los presuntos rendimientos abonados", escribió su abogado semanas atrás. El juez ahora contrasta esta versión.

Iñaki Urdangarin, está imputado por fraude fiscal por dejar de pagar en un año 182.005 euros (2007) y en el otro 155.138 euros (en 2008). En ambos ejercicios superó la cota delictiva de los 120.000 euros. El instructor desgrana en nueve apartados de su providencia sus demandas de información fiscal. Quiere saber, con los datos de las inspecciones y actas levantadas en su día por la Agencia Tributaria, si las empresas pagadoras al duque efectuaron retenciones a cuenta, indaga qué tipo de actividad fue retribuida, si por IRPF, actividad profesional o por Sociedades, IVA, qué retenciones a cuenta, si se dio el pago por imposición a no residentes [el duque durante varios años habitó en Estados Unidos]. El magistrado solicita que se le remita los expedientes sancionadores

En el caso de la empresa Motorpress Ibérica se demanda si existía un contrato de servicios con Urdangarin, que tipo de contra prestaciones se fijaron y si estas estaban sujetas a retenciones, Sobre esta empresa el juez reclama que Hacienda relacione importes pagados, base imponible y las cuotas de pago resultantes.

“Si se han cometido, son irregularidades administrativas”, dijo el duque de Palma a través de su abogado. Se pagaran las multas e intereses, observaba. Reconocía errores y olvidos pero no indicios de los delitos que se le achacan.

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