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CGT apunta a Avapsa y Tragsa tras el fallo de Vaersa por suplantar a funcionarios

EL PAÍS EL PAÍS 16/06/2014 Adolf Beltran

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ordena a la Generalitat que cese de inmediato en la “vía de hecho” por la que personal de la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA) suplanta las potestades de los funcionarios en la redacción de las declaraciones de impacto ambiental, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), que promovió el recurso en colaboración con Intersindical Valenciana, apunta a otras empresas públicas que actúan de forma similar. Concretamente, se trata de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa), que interviene en la evaluación de personas en situación de dependencia, y de la Empresa de Transformación Agraria, SA (Tragsa), en este caso estatal, que actúa en cuestiones de medio ambiente.

“CGT advierte de que iniciará las acciones legales oportunas en otras consejerías donde se ha abusado y se está abusando del mecanismo de encomienda de gestión a empresas públicas, como pueda ser el caso de Avapsa en la Consejería de Bienestar Social o Tragsa en la Consejería de Gobernación y la de Agricultura”, señala el sindicato.

Por lo que se refiere a la sentencia sobre la intervención de Vaersa en la redacción de declaraciones de impacto ambiental, CGT asegura haberse puesto en contacto con “organizaciones ecologistas y otras entidades afectadas”, a fin de iniciar el estudio de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y que fueron autorizados pero en los que “existen sospechas de que las declaraciones fueron realizadas a la medida de promotores afines al PP”. La CGT cita las declaraciones de impacto del proyecto Sociópolis, impulsado en su día por Rafael Blasco, hoy condenado a ocho años de cárcel por el fraude de las ayudas de Cooperación; la revisión del Plan General de Alicante, bajo investigación judicial; la urbanización del complejo Marina d'Or en Oropesa; el programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos en Riba-roja y el aeropuerto de Castellón.

Además, CGT ha decidido denunciar ante el Tribunal de Cuentas la actuación de Vaersa en las declaraciones de impacto ambiental porque “ha producido un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública de la Generalitat”. El sindicato considera que poner a disposición de la consejería los trabajadores de Vaersa “supone un coste mayor que el de los puestos funcionariales necesarios para ejercer las funciones, que debieron haberse creado en lugar de utilizar este subterfugio que finalmente el TSJ ha tumbado”.

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