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Condenados por prevaricación siete concejales del ayuntamiento de Santiago

El Mundo El Mundo 02/06/2014 MARCOS SUEIRO

Los siete concejales del en el ayuntamiento de Santiago de Compostela , juzgados por acordar pagar con fondos públicos el 30 de mayo de 2013 la defensa de un compañero de corporación imputado en la operación Pokémon, han sido condenados a penas de 9 años de inhabilitación para cargo público por la comisión de un delito de prevaricación. Todos han presentado su dimisión.

La sentencia se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles se sentasen en el banquillo para responder ante la justicia por una decisión, un año antes, tras la solicitud del propio compañero de corporación imputado en la Pokémon, Adrián Varela.

Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya.

La sentencia sostiene que los concejales"injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de Corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública".

El juez concluye que los acusados fueron, en todo momento, sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho y que, aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado en los términos por él redactados, "sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los condicionantes que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos".

El fallo rechaza "que cualquier miembro de la Corporación del Ayuntamiento de Santiago no supiese, el día 30 de mayo del 2013, absolutamente nada acerca de las imputaciones del concejal de Deportes y la famosa operación Pokémon, tan socialmente relacionada al ámbito de corrupción en el seno de la política".

Aclara el juez que "sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo".

Precisamente, hace una semana Adrián Varela presentó su en "solidaridad" con sus compañeros "expuestos a una situación judicial muy difícil".

Los concejales defendieron, en la vista oral celebrada en los juzgados de Santiago, su inocencia debido a que el acuerdo se tomó según apuntaron "con el aval de los técnicos".

Los argumentos no sirvieron al juez ni al fiscal, que han condenado a los ediles por un delito de prevaricación. La sentencia coloca en una posición muy complicada al gobierno de Santiago del Partido Popular y compromete al alcalde Ángel Currás, también imputado en la Pokémon, y que ha apostado por la inocencia de sus compañeros de corporación.

Además, los concejales han contado hasta la fecha con el respaldo teórico del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha evitado pedir su cese y aseguró que tenía el convencimiento de que la decisión de la junta de gobierno de Santiago contaba con el aval de los técnicos.

Solamente una concejal del ayuntamiento, Reyes Leis, aludió a un plan B para el caso de que los concejales resultasen condenados. Y es que de los 13 concejales de la corporación de la capital de Galicia 10 están imputados y 7 condenados en operaciones relacionadas con la corrupción.

Golpe para la ciudad de Santiago

La condena a los concejales de Santiago ha pillado descolocados a los líderes del PP. Feijóo se encuentra de visita oficial en Japón, y el secretario del PPdeG, Alfonso Rueda, ha avanzado que se tomarán decisiones en las próximas horas. Por su parte el alcalde de Santiago, Ángel Currás, ha calificado de "golpe" la sentencia. Mientras que la portavoz municipal, Reyes Leis, considera la resolución "injusta.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido este lunes al Partido Popular que "resuelva" el problema que se les plantea en el Ayuntamiento de Santiago, y que "no lo extienda, ni lo expanda por toda la ciudad". En todo caso el PSdeG se encuentra en una situación parecida en la ciudad de Ourense, con varios concejales imputados, y todavía no se ha tomado ninguna decisión.

Finalmente la oposición del ayuntamiento compostelano, en bloque, ha pedido la renovación de la corporación.

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