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Cuando el independentista Artur Mas mandó quitar urnas... y los Mossos sí obedecieron

Logotipo de El Mundo El Mundo 30/09/2017 LEYRE IGLESIAS

Veinticinco de mayo de 2014. Se celebran las elecciones europeas de lo que se llamará el principio del fin del bipartidismo. El castigo al

PP

y al

PSOE

, el ascenso fulgurante de un contertulio con coleta que al día siguiente copará las portadas de la prensa. Pero ese domingo, en un rincón del mapa llamado Cataluña, no sólo eligen a los eurodiputados. Desafiando la prohibición de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo, un conglomerado de grupos sociales y políticos ha colocado 271 urnas en las calles de 120 municipios catalanes.

Lo denominan el multireferèndum porque preguntan muchas cosas: ¿la Generalitat debe pagar la deuda pública?, ¿fracking sí o no?, ¿a favor o en contra de los transgénicos? Pero la consulta, que muchos ven como un ensayo del prometido 9-N, será un fracaso. Ese domingo los Mossos d'Esquadra, la policía a las órdenes de Artur Mas, levantarán 161 actas, identificarán a 510 personas y obligarán a los voluntarios a desmontar 148 mesas electorales. Al menos 13 de ellos acabarán condenados por desobediencia. Ésta es la historia, dos años después, de la consulta que un president independentista abortó porque había que actuar "respetando el marco legal vigente". La historia del otro referéndum prohibido y con urnas de cartón que sí fue desbaratado por la Policía catalana.

"Éramos gente organizada del pueblo que quisimos plantear una consulta para hacer objetivo qué es lo que opinaba la gente sobre las políticas que en ese momento imponía el Gobierno de la Generalitat". Habla Gerard Batalla, activista contra los transgénicos, miembro de la plataforma Som lo que Sembrem y cara visible de aquel olvidado Multireferèndum 2014 que reivindicaba el "derecho a decidirlo todo". A la iniciativa, "ajena al procés", se sumaron desde la

CUP

hasta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la entonces activista

Ada Colau

, pasando por la ICV del futuro ministro de Exteriores Raül Romeva, el movimiento Procés Constituent de la monja Teresa Forcades o la organización verde Ecologistes en Acció.

Todo estaba listo para aquel domingo. Los organizadores encargaron a una empresa que les fabricara unas 300 urnas de cartón desmontables. Cajas con una ranura que pudiera precintarse, como las de metacrilato, apunta Batalla. 1.210 voluntarios estaban disponibles. No tenían censo, aunque sí ciertas reglas como enseñar el DNI y facilitar la dirección del domicilio para garantizar que nadie pudiera votar dos veces.

Pero el martes anterior, la Junta Electoral, apoyada después por el Supremo, prohibió la consulta porque tenía una "indubitable naturaleza política" -ahí estaba la CUP- y podía "influir" en las elecciones europeas. Sirvió de poco. "El día 25 habrá mesas, pase lo que pase", anunciaron los organizadores. Ese sábado enviaron un correo interno a sus voluntarios para tranquilizarlos. La Generalitat se había comprometido con ellos a que los Mossos no actuarían: "No habrá identificaciones por parte de la Policía. El consenso es no generar tensión por ninguna parte".

© Proporcionado por elmundo.es

Así que al día siguiente salieron a la calle, montaron sus mesas y colocaron sus urnas. Hasta las dos de la tarde, todo les fue bien. Sin embargo, a primera hora de la tarde, la cosa cambió. Apoderados de partidos como el PP y

Cs

se quejaron a la Junta Electoral de que su decisión no estaba siendo acatada. De modo que esta ordenó al Govern que retirase las mesas y los Mossos empezaron a actuar. Levantaron actas en Barcelona, Reus, Gerona, Vic... y se llevaron un puñado de urnas.

El multireferèndum se acabó. Votaron 37.495 personas mientras pudieron, según los datos de la organización. Las respuestas, las que podían intuirse: un sí aplastante a las posiciones de quienes preguntaban. 91,5% a favor de una agricultura sin transgénicos, 93,1% a favor de dejar de pagar la deuda que la ciudadanía declarase ilegítima, etc.

Veintitrés personas fueron imputadas por formar parte de las mesas. "Casi todas las denuncias fueron sobreseídas o archivadas", cuenta Gerard Batalla. "Aquello quedó en nada". Con alguna excepción. Tras una denuncia de los Mossos, un juzgado de Vic, respaldado después por la Audiencia de

Barcelona

, condenó a 10 personas por un delito de desobediencia. La multa fue simbólica: 20 euros cada una. En Gerona un juez condenó a otras tres a una multa de 75 euros por resistirse a los agentes hasta cuatro veces.

¿Y qué dijo

Artur Mas

cuando le preguntaron? El president afirmó que no había que sorprenderse por que la Generalitat hiciera cumplir la ley: "Nosotros actuaremos siempre respetando el marco legal vigente".

"Fue contradictorio", rememora Batalla, que un año después aceptaría concurrir como independiente en las listas de la

CUP

. "El Govern decía que no lo iba a prohibir ni impedir de forma activa, pero cuando se engrasó la maquinaria de los juzgados, el conseller de Interior [Ramón Espadaler] tuvo un papel nefasto. Fuimos víctimas de una gran injusticia".

Seis meses después, Mas dirigió su propio referéndum ilegal -desafiando esta vez al Tribunal Constitucional, con urnas de cartón y resultados también previsibles-, pero no sobre cuestiones sociales que le incomodaban, sino sobre la independencia. Hoy está condenado a dos años de inhabilitación y a una sanción de 36.500 euros, igualmente por desobediencia. Aunque ya antes fue descabalgado de la presidencia, y quien le cortó la cabeza a cambio de apoyar al Gobierno nacionalista fue una CUP fortalecida. Su sucesor,

Carles Puigdemont

, protagoniza ahora el gran acto del drama independentista. Y este domingo, 1 de octubre de 2017, ¿qué harán los Mossos?

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