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Dos imputados por un fraude a medio millar de jornaleros y cooperativas

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 13/06/2014 Raúl Limón
Un jornalero, en un campo andaluz. © Laura León Un jornalero, en un campo andaluz.

A las cooperativas les ofrecían la contratación de temporeros para las campañas agrícolas. Estas abonaban los servicios pero el dinero no llegaba a los jornaleros, que han trabajado sin cobrar y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Un juzgado de Lora (Sevilla) ha imputado a los dos responsables de la empresa intermediaria Estirpe Hispalense, SL, por supuesto fraude y delitos contra el derecho a los trabajadores tras una investigación de más tres meses de la Guardia Civil. La denuncia partió de CC OO, que avisa de que este es solo un ejemplo de una irregularidad generalizada en el campo andaluz.

El caso comenzó cuando media docena de manijeros — capataces de cuadrillas encargados de contratar temporeros—, acudieron en marzo a CC OO para denunciar el impago de sus salarios. La secretaria general del Sindicato Agroalimentario de CCOO de Sevilla, Mónica Vega, lo tuvo claro desde el primero momento porque lleva años denunciando las prácticas de quienes ella califica como “piratas”: empresas de trabajo temporal que contratan jornaleros sin darles de alta en la Seguridad Social y sin cumplir las condiciones mínimas establecidas en convenio.

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Primero preguntaron en las cooperativas afectadas, donde les informaron de que estas habían abonado los servicios contratados a Estirpe Hispalense. En ese momento, llevaron el caso a la Guardia Civil.

Cursos ilícitos

La organización agraria Asaja advirtió que determinadas entidades y academias se están lucrando ilícitamente al ofertar cursos oficiales inexistentes, como uno de tractorista que se ofrece pese a que no hay ningún carné especial para la conducción de un tractor o una máquina autopropulsada. Para llevar estos vehículos, sea por carretera o por una finca, únicamente se requiere el carné tipo B, como el de cualquier turismo.

Sí se requiere de una formación específica en materia de seguridad y es esta circunstancia la que es aprovechada para sembrar la confusión, fundamentalmente bajo el paraguas de los cursos bonificados a las empresas para trabajadores.

Tampoco existen cursos oficiales de prevención de riesgos laborales que, con dos horas de formación, capaciten en esta materia, por lo que quienes los promueven “están cometiendo posible fraude”, informa en un comunicado la organización agraria, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

Los agricultores se están enfrentando a una “situación engañosa”, al igual que los ayuntamientos, que “con buena voluntad ceden los locales a dichas entidades para la realización de estos cursos”, lo que los convierte en “cómplices por desconocimiento”.

Los agentes descubrieron que en la empresa figuran, como apoderado, Juan José Real Martínez, con denuncias por hechos similares, y como administradora única, Rosario Fernández Bautista. La entidad tiene el domicilio social en Brenes (Sevilla) y cuenta con algo más de medio año de vida.

En un primer momento se detectaron unos 150 fraudes, pero posteriormente se han ido sumando denuncias y los representantes de CC OO calculan que los afectados superan el medio millar en varios pueblos de la provincia de Sevilla.

Los agentes detectaron ausencia de contratos, cheques falsos, impagos e incumplimientos sistemáticos de la normativa laboral. Contaron con decenas de testigos y pruebas documentales para concluir que los responsables de la empresa, presuntamente, aprovecharon la situación de necesidad de muchos jornaleros para hacerles trabajar sin garantías.

Mónica Vega adelantó que su sindicato va a realizar en las próximas semanas asambleas informativas en los municipios donde residen los trabajadores afectados para asesorarles sobre las acciones a emprender para reclamar sus salarios y las altas en la Seguridad Social. Algunos no han cobrado ni un solo jornal en todo el año.

Vega aprovechó para recordar que lleva años denunciando estas prácticas y destacar que por fin se ha concretado una actuación. “La Administración tiene que darse cuenta de lo que está pasando y tienen que dejar de tomarse a broma a la explotación generalizada que existe en el campo sevillano”, afirmó.

“Los piratas que comercian con el trabajo y la necesidad de los empleados en tareas agrícolas manchan la imagen de un sector que precisa de control público, apoyo institucional y compromiso con el territorio”, añadió la responsable sindical.

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, pidió que esta actuación sea ejemplar y tenga repercusión para que la administración admita que la legislación actual “deja mucho espacio para el fraude”.

Mónica Vega diferenció igualmente la actividad de explotación y fraude que desarrollan individuos y tramas organizadas, como la supuestamente desmantelada por la Guardia Civil, de “la actividad empresarial honrada y legítima de aquellos que cotizan, pagan los jornales y tratan de poner en valor los productos agrícolas”.

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