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EE.UU. investigará si el sargento Bergdahl era un desertor

La Vanguardia La Vanguardia 04/06/2014 null

Washington. (EE.UU.).- El Gobierno de Estados Unidos sigue defendiendo el canje del sargento Bowe Bergdahl por cinco talibanes presos en Guantánamo, mientras que el Ejército investigará las circunstancias de la desaparición y captura en 2009 del militar, acusado de desertor por algunos compañeros.

El presidente Barack Obama defendió desde Polonia que su Gobierno ha hecho "lo correcto", porque "independientemente de las circunstancias, cualesquiera que puedan llegar a ser esas circunstancias, tenemos a un soldado estadounidense de regreso".

El canje ha sido criticado por el Gobierno de Afganistán y por sectores políticos de Estados Unidos, incluidos miembros del Congreso que afirman que, por ley, el Poder Ejecutivo debió notificarles el canje con al menos treinta días de anticipación.

El Gobierno ha explicado que los "informes creíbles del riesgo de daño grave" para el sargento, cautivo en Afganistán desde junio de 2009, hicieron que se gestionara su canje por los talibanes presos en Guantánamo, sin notificarlo al Congreso.

"La demora de la transferencia para cumplir con la notificación de treinta días hubiese interferido con el cumplimiento de dos funciones que la Constitución asigna al presidente: la protección de la vida de estadounidenses en el exterior y la protección de los soldados", señaló del Consejo de Seguridad Nacional en una nota.

En cuanto a las circunstancias de la captura de Bergdahl, empañadas por las acusaciones de deserción, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general David Dempsey, subrayó que "cuando (Bergdahl) esté en condiciones de contárnoslos, sabremos los hechos".

Dempsey dijo que "como todo estadounidense, es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad", pero aseguró que el Ejército "no apartará la vista" si hubo violación de las normas castrenses.

El Ejército revisará el caso en un esfuerzo "abarcador" y "coordinado", que incluirá conversaciones con el sargento, para comprender mejor lo sucedido y las decisiones se tomarás entonces "de acuerdo con las prescripciones, las políticas y las prácticas adecuadas", según dijo el secretario, John McHugh, en un comunicado.

Más de 11.000 personas han firmado hasta ahora una petición a la Casa Blanca para que el sargento, al que acusan de haber violado varios artículos del Código Militar, sea "castigado, no premiado".

Mientras tanto, el descontento entre los republicanos crece y están presionando para que se celebre una audiencia abierta sobre las negociaciones para lograr el intercambio.

El presidente del Comité de Fuerzas Armadas de la cámara baja, el republicano por California Buck McKeon, invitó hoy al secretario de Defensa Chuck Hagel a testificar en la audiencia que se celebrará el 11 de junio a puerta cerrada para "llegar al fondo de este acuerdo con los talibanes".

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, aseguró que la Casa Blanca mantuvo en secreto el canje porque sabía que en el Congreso "se enfrentaba a una oposición y preocupación bipartidista seria y sobria".

"La ley dice que deben darnos aviso de 30 días. Si el presidente consideró que era una ley inconstitucional o inválida no debería haberla firmado. Sabía muy bien que estaba obligado por ley a darnos 30 días de antelación y no lo hizo", dijo el senador Saxby Chambliss, miembro del Comité de Fuerzas Armadas del Senado.

El presidente del Comité, el demócrata Carl Levin, señaló que Obama informó en diciembre de 2013 al Congreso sobre su intención de ejercer su poder como comandante en jefe si fuera necesario para "actuar con rapidez en las negociaciones con países extranjeros sobre las circunstancias de transferencias de detenidos".

El Gobierno estadounidense intentó durante años negociar la liberación de Bergdahl, por quien los talibanes habían pedido inicialmente un millón de dólares y la liberación de 21 presos.

El senador republicano John McCain pidió en otro comunicado que el Gobierno aclare qué tipo de vigilancia tendrán los cinco presos afganos trasladados a Catar, que ha accedido a acogerlos durante al menos un año, con libertad de movimiento pero bajo supervisión.

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