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El 1-O, ya solo un problema de orden público

Logotipo de El Confidencial El Confidencial 28/09/2017 Antonio Casado

Además de la mayoría silenciada en Cataluña, el independentismo cuenta en el resto de España con una mayoría habitualmente silenciosa con tendencia a ponerse en su lugar. En el lugar de quienes se duelen de estar sufriendo injustamente los rigores de un Estado que responde al desafío separatista.

Gente biempensante, moderada y políticamente correcta que en esta dramática confrontación acaba concediendo el beneficio de la duda a esa “pobre gente necesitada de identidad”, en palabras de Félix de Azúa referidas a los chantajistas de la diferencia, el idioma, la desconexión y una bandera estelada.

Agentes de los Mossos d'Esquadra, a las puertas de la sede de la Conselleria de Economía, en cuyo interior la Guardia Civil realizó un registro con motivo del 1-O. (EFE) © EFE Agentes de los Mossos d'Esquadra, a las puertas de la sede de la Conselleria de Economía, en cuyo interior la Guardia Civil realizó un registro con motivo del 1-O. (EFE)

Dicho sea lo anterior en vísperas del 1 de octubre. Faltan tres días para apurar el desafío del referéndum 'de autodeterminación', según sus convocantes. Pero la jornada del domingo que viene no será el 'game over' de una consulta que no se celebrará, al haber quedado desactivada de hecho y de derecho por los órganos encargados de hacer cumplir la ley.

Lo que nos espera el domingo es un problema de orden público. Y no tanto por llamamientos del Govern o dirigentes nacionalistas a tomar la calle. La agitación en este caso viene impulsada por las organizaciones civiles que les son afines (ANC y Òmnium Cultural). En ese caldo de cultivo se van a mover los grupos antisistema próximos a la CUP, donde la causa independentista solo es una palanca desestabilizadora.

Es muy probable que la frustración por la imposibilidad de votar en los puntos anunciados por el Govern acabe cursando en desorden público, incidentes broncos y situaciones de riesgo, con indeseables pero obligadas intervenciones policiales de inciertas consecuencias. A título preventivo, el líder de Podemos, Iglesias Turrión, acusaba ayer al PP de crear un clima “prebélico” que puede desembocar en “alguna desgracia”, aunque ni media palabra sobre los que echan leña al fuego hablando de “ofensiva franquista” o “Estado represor y autoritario”.

Se admiten apuestas sobre lo que hay de preocupación y lo que hay de deseo en la advertencia de este dirigente concreto, pero más desalentadora es la posición de quienes estando libres de toda sospecha de activismo independentista desvían por sistema hacia el Gobierno la carga de la prueba y tienden a conceder el beneficio de la duda al bando que desafía la autoridad del Estado. Como si fuera lo que toca ahora: reprobar la contraofensiva legal y airear la torpeza del Gobierno por haber llegado a esta situación.

Como si lo políticamente correcto fuera decir que Rajoy lo ha hecho todo mal, que el PP es una fábrica de independentistas, que la respuesta ha sido desproporcionada y contraproducente, que el Gobierno nunca quiso dialogar y que ahora es culpable de que el Estado aparezca en la prensa internacional como una máquina represora de derechos fundamentales.

Con más o menos matices, algunas de esas cosas son verdad. Vale. Puede ser cierto. O lo es realmente. Pero en este momento procesal, cargado de tensión a tres días del problema —insisto, de orden público, no de ganadores y perdedores en un referéndum que no se va a celebrar—, no puede haber letra pequeña, peros, subordinadas, ni reprobaciones con carácter retroactivo ante el exigible apoyo a unas fuerzas policiales llamadas a defender en la calle la autoridad del Estado.

Entre una parte que nos aburre con cuentos (todo el plan de ruptura con España se basa en falacias insostenibles y mentiras repetidas hasta el hartazgo) y otra que defiende el Estado de derecho, queda claro dónde debemos estar incondicionalmente. Al menos hasta que haya un desenlace. Y esperemos que no sea traumático.

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