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El 90% de los desahucios en Barcelona son por impago del alquiler

La Vanguardia La Vanguardia 16/06/2014 Silvia Angulo, Jaume V. Aroca

A la sede de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana no para de llegar gente pidiendo soluciones a sus problemas. En algo menos de una hora, cuatro mujeres acuden al local. A la primera le han cortado la luz; a otra, el agua, y dos más han recibido avisos de que van a ser desahuciadas. "No paramos", asegura el presidente de la asociación, Filiberto Bravo.

La entidad asegura que hay más desahucios en el barrio después de un periodo en el que parecía que todo se había calmado.

Montse Montal, miembro del colegio de procuradores en Barcelona, estima que, según los datos oficiales de los juzgados, no hay más desahucios ni más lanzamientos en la capital catalana que hace un año. Los tribunales dictan entre 18 y 20 órdenes por día laborable, esto es, de lunes a viernes, descontando los periodos de vacaciones. Una cifra similar a la que se registraba doce meses atrás.

Los menos de estos desalojos, no más del 10%, son todavía desahucios por impago hipotecario, y el resto, hasta el 90%, corresponde a lanzamientos por impago del alquiler. Y tal vez aquí radica una de las causas por las que ahora en Ciutat Meridiana cunde la impresión de que hay más desalojos: son los que afectan por segunda vez a las familias. "Es verdad -admite Filiberto Bravo-, es como una segunda generación de los desahucios. Primero los echaron de su casa porque no pagaban la hipoteca, y ahora les echan de casa porque no pagan el alquiler. Un drama".

Detrás de este nuevo panorama está el hecho de que el desempleo de larga duración ha adquirido el rango de pobreza crónica que, además, no encuentra paliativos en las ayudas públicas. En Barcelona, de los más de cien mil parados registrados, casi la mitad, 49.000 personas, no recibe ninguna prestación.

Aunque la concejal del distrito de Nou Barris, Irma Rognoni, donde, a la luz de los datos conocidos, se concentra buena parte de los desalojos que se producen en la ciudad, niega que haya más desahucios ahora que hace un año, reconoce que algo sí ha cambiado: "Ahora son los propietarios privados, no los bancos, quienes piden el lanzamiento".

De arriba abajo. De acuerdo con la tesis de Irma Rognoni, a medida que los bancos van saneando sus balances hipotecarios, el impacto de los impagos derivados de la falta de empleo se traslada a los propietarios, aquellos que tenían una casa en alquiler a la que fueron a parar las familias que habían perdido su primera casa por impago de la hipoteca. "Bueno, y luego añádele -matiza Filiberto Bravo- los fondos de inversión buitre que se quedaron con los pisos de los bancos. Con esos no se puede negociar. Esos son unos bestias, y en los pisos sociales también hay familias que no pueden pagar".

La crisis de los desahucios por impago de las hipotecas forzó a la administración, incluido el Ayuntamiento de Barcelona, a buscar acuerdos con los bancos para minimizar los daños sobre las familias. De ahí surgieron medidas como los alquileres sociales y la dación en pago. Esos acuerdos funcionaron relativamente bien, pero ahora el problema se traslada a otro tipo de propietarios con los que hay que negociar uno por uno. Ya no son los bancos. Incluso para los movimientos antidesahucios todo es más complicado. Ya no hay una oficina bancaria en la que encerrarse.

"Es un problema muy serio porque tenemos familias que dependen de lo que ingresan del pago del alquiler, porque ellos también están sufriendo la crisis -advierte Rognoni-. Si no les pagan, ellos también tienen problemas. Aquí no podemos hacer mucho más porque las víctimas no son sólo la familia que no puede pagar. A menudo también lo son los que no pueden cobrar", admite la concejal del distrito, quien recuerda un caso reciente: un piso propiedad de tres hermanos cuyos inquilinos dejaron de pagar por falta de ingresos. De los tres, para uno de ellos, el único ingreso era lo que sacaba del piso.

Todo se complica porque, tal y como explica Montse Montal, en Barcelona no se hace ningún desahucio ni ningún lanzamiento sin que antes hayan intervenido los servicios sociales. De hecho, afirma, muchos lanzamientos no se llegan a ejecutar de un modo efectivo hasta la segunda o la tercera vez. Los servicios sociales -en ello coinciden todas las fuentes consultadas para elaborar esta información- están sobrepasados.

"Aquí la única solución son pisos del Ayuntamiento de Barcelona para la gente, y no los tienen", asegura Filiberto Bravo.

Pero en el Ayuntamiento reconocen que no dan abasto. Antoni Sorolla, gerente de Habitatge, explica que la Mesa de Emergencias Sociales -un organismo que funciona desde el 2009- analiza cada mes una treintena de casos. No se puede dar solución a todos los problemas de vivienda y arrastran unos 20 casos. "Hay gente que se queda fuera. La disponibilidad de vivienda pública es la que es", dice Sorolla. Aun así, asegura que el año pasado se facilitó una vivienda a 213 familias después de estudiar su caso.

Además, las ayudas sociales no están dirigidas a aquellas personas que ocupan una vivienda, que es la situación en la que están muchas familias que se han quedado en la calle tras un desalojo. "No podemos permitir ilegalidades, y todos deben tener el mismo derecho al acceso a una vivienda", sentencia en este punto.

El Consorci de l'Habitatge está elaborando un nuevo reglamento al margen del registro de solicitante, que es el mecanismo por donde se vinculan estas emergencias habitacionales, por la singularidad y la diversidad de situaciones de las personas que solicitan una vivienda del fondo de emergencia social.

En Catalunya, las mesas de emergencia aportaron el año pasado 360 viviendas a personas que habían sido desahuciadas. El secretario de Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, asegura que los desahucios no se han incrementado este último año, aunque sí reconoce que el impago del alquiler se ha convertido en el principal problema para muchas familias. En este sentido, explica que el 15% de los inquilinos del parque público de viviendas de la Generalitat -propietaria de unos 14.000 pisos- está recibiendo alguna ayuda para poder hacer frente a las rentas.

"Los bancos ahora acaban llegando a acuerdos para no desahuciar. Nosotros, a través de la oficina de mediación, evitamos el año pasado más de 3.000 lanzamientos, Pero la situación de los propietarios con pisos en alquiler puede ser muy apurada", explica

De enero a mayo, la Generalitat ha otorgado 979 ayudas para hacer frente al arrendamiento, y se espera que estas crezcan por encima de las otorgadas en el 2013, que fueron 2.135. Sala refiere que se ha detectado un grave problema con los parados de larga duración. "Un año después de recibir alguna ayuda continúan en la misma situación", asegura.

El año pasado, el Departament de Territori i Sostenibilidad aportó 51 millones de euros para evitar la pérdida de la vivienda con los que se ayudó a 24.472 familias. Este 2014, la partida presupuestaria se ha incrementado en siete millones más.

En este dramático escenario en el que la administración se ve desbordada, la solución que adoptó hace un año y medio el Gobierno para dar alojamiento a las familias desahuciadas ha resultado un fracaso. El Fondo Social de Viviendas aportó 6.000 pisos que estaban en manos de las entidades bancarias, pero en todo este tiempo sólo se tramitaron 750 solicitudes. El resto de las residencias permaneció vacío. Los exigentes requisitos para poder acceder a ellas han sido la principal causa del fracaso, reconoce Sala. Por eso, hace unas semanas el Congreso suavizó y amplió los supuestos de vulnerabilidad.

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