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El alcalde de Seseña ingresó 2,4 millones cuando tramitaba los pisos de 'Paco el Pocero'

Logotipo de El Mundo El Mundo 16/06/2014 JOAQUÍN MANSO

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel por prevaricación y blanqueo para el ex alcalde socialista de Seseña (Toledo) José Luis Martín, responsable de la aprobación en mayo de 2003 de la mayor urbanización de España adjudicada a un solo promotor: 13.000 pisos sobre dos millones de metros cuadrados de secano baldío a 50 kilómetros al sur de Madrid para Francisco Hernando, Paco el Pocero.

Según los cálculos actualizados que hace la acusación pública en su escrito de conclusiones, ese edil obtuvo ingresos injustificados de presumible origen ilícito que suman 2,4 millones de euros en fechas inmediatamente anteriores y posteriores a la tramitación de esa operación urbanística, paradigma del descontrol administrativo y el derroche del crédito financiero entre los que arraigó la corrupción en los años de la burbuja inmobiliaria.

En la supuesta trama de blanqueo habrían participado los tres hijos del ex alcalde -que antes de ganar las elecciones tenía un patrimonio limitado al R-12 con el que ejercía de taxista- y otros dos vecinos del pueblo.

Los ocho años que han pasado desde que Cayo Lara y Manuel Fuentes denunciaron los hechos en nombre de no han sido suficientes, sin embargo, para obtener pistas que vinculen esos cobros con el constructor.

La juez y la fiscal nunca han dirigido, en realidad, las pesquisas en ese sentido: por eso entre los posibles delitos por los que se sentará José Luis Martín en el banquillo no está el de percibir sobornos, aunque en el escrito con el que el Ministerio Público judicializó la investigación en julio de 2008 se apreciaban «vínculos indiciarios» de un cohecho, al coincidir las fechas de esos movimientos de dinero con los principales actos administrativos ilegales en favor del empresario.

700.000 euros en 2002 y 2003

La teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, incluye entre los cobros presuntamente delictivos las dos operaciones por las que Giovanni Piero Montaldo, condenado en el caso Malaya por pagar mordidas a Juan Antonio Roca a cambio de licencias en Marbella y relacionado por la Policía con la mafia de Calabria N'Draghetta, abonó al ex alcalde de Seseña 700.000 euros en varios pagos, efectuados entre diciembre de 2002 y octubre de 2003. Precisamente mientras se tramitaba la urbanización.

El acusado trata de justificarlos con varias facturas cuyo objeto sería su «intervención» o su «intermediación» en la compraventa de varios terrenos en Estepona. La Fiscalía no se lo cree -concluye que «de lo instruido, se ha determinado que es desconocida la razón o la causa por la que se han abonado las cantidades referidas»-, sin que se hayan obtenido sin embargo los verdaderos motivos que explicarían esa conexión entre el alcalde de un población manchega de entonces 3.000 habitantes que vivían de la agricultura y un comisionista de la Costa del Sol.

En sus sucesivas declaraciones, José Luis Martín intenta situar el origen de su fortuna en un premio del cupón prociegos -ha incorporado a la causa cinco billetes fotocopiados- y afirma que tiene «dificultades para leer y escribir» porque no fue a la escuela.

El escrito fiscal hace asimismo un análisis pormenorizado de las cuentas bancarias del ex regidor y de sus hijos, calculando que «han dispuesto en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2005 de fondos en efectivo cuyo origen es desconocido por importe de 751.821 euros».

Además, describe una rudimentaria operación de presumible blanqueo por la que los acusados obtuvieron 961.826,50 euros entre 2003 y 2005 a través de «una serie de movimientos dinerarios sin sentido económico alguno sobre dos fincas rústicas» que acabaron en manos de Paco el Pocero.

Por todo ello, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión para José Luis Martín, además de una multa equivalente a la cantidad total que considera blanqueada -2,4 millones de euros-, tres años de cárcel para cada uno de sus tres hijos y dos para los dos vecinos de Seseña.

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Construcción de 13.000 pisos

La fiscal recuerda cómo el Ayuntamiento aprobó la reclasificación del suelo y la construcción de los 13.000 pisos, que habrían atraído más de 50.000 nuevos habitantes a la pequeña localidad, sin «valorar la necesidad o el interés para el municipio de una actuación de esa magnitud, ni su viabilidad, ni las consecuencias de un crecimiento demográfico de esa entidad, ni tan siquiera se analizaron ni estudiaron las infraestructuras que debían ser acometidas».

Prosigue diciendo que el alcalde acusado llevó «a sabiendas» la adjudicación al último Pleno de la legislatura, cuando ni siquiera se habían recibido la Evaluación de Impacto Ambiental ni el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, que resultó contener «reparos» tan «importantes y esenciales» que su «incumplimiento» hacía «inviable» el proyecto.

El escrito de conclusiones menciona someramente el informe que el Tribunal de Cuentas emitió en 2010, aunque sólo en la parte que se refiere a la actuación del Ayuntamiento. Soslaya, por tanto, que ese órgano fiscalizador censura en términos muy duros que el Gobierno autonómico que presidía José Bono no cumpliese «adecuadamente» sus funciones.

La Intervención General del Estado fue aún más contundente. Dijo que el comportamiento de la Junta fue un «desatino» que sólo se explica de dos maneras: «O grave dejación de funciones o protección de intereses ilegítimos».

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