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El caso desata una repentina ola de transparencia

EL PAÍS EL PAÍS 10/04/2014 El País

Primero la Gürtel y después el caso Bárcenas. Al desgaste del partido que gobierna España por los efectos de la investigación de la corrupción en sus filas se sumó, en abril de 2013, el varapalo del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que expulsó al partido de la Gürtel. El magistrado revocó la condición de acusador popular con que la formación conservadora estaba personada desde el 2009. Entendía que el partido podía ser "responsable civil", de los nuevos delitos investigados.

Dos meses antes, el 26 de febrero, la número dos, María Dolores de Cospedal pronunciaba la ya famosa conferencia de prensa en la que explicaba que, a pesar de que Bárcenas había supuestamente salido del partido en 2010, siguió de alta en la Seguridad Social: “La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma de simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución”, contestó Cospedal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (dcha) junto a Soraya Sáenz de Santamaría,García-Margallo, Gallardón y Morenés. © Fernando Alvarado El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (dcha) junto a Soraya Sáenz de Santamaría,García-Margallo, Gallardón y Morenés.

El impacto en la opinión pública fue tal que el Gobierno comenzó una ofensiva para impulsar medidas de transparencia y regeneración democrática. Rajoy, en su comparecencia en el Congreso el 1 de agosto, pidió perdón por confiar en Bárcenas pero negó cualquier irregularidad en su partido y, por descontado, ni dimitió ni convocó elecciones.

En septiembre se presentó un amplio plan de lucha contra la corrupción que incluía la modificación de hasta 15 leyes. Finalmente se plasmó en dos normas: la Ley de Transparencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de diciembre y el hasta ahora proyecto de ley de control de la actividad económica-financiera de los Partidos Políticos. La reforma de la financiación de partidos fue enviada a las cortes el pasado 21 de febrero y prohíbe a la banca la condonación de deudas a las formaciones. Tampoco podrán renegociar créditos pendientes por un tipo de interés que esté por debajo de lo que marca el mercado. Los donantes particulares que en un año abonen más de 50.000 euros (el tope por persona es de 100.000 euros) se publicarán en las páginas web de los partidos y los que estén por debajo de esa cantidad se comunicarán al Tribunal de Cuentas.

Aunque el anuncio deja una rendija al trasvase de dinero de empresas a los partidos a través de las fundaciones, que tras la regulación aprobada por el PSOE en la anterior legislatura pueden recibir donaciones superiores a 161.706 euros, límite que regía hasta 2011. 

La Ley de Transparencia, por su parte, somete a mayor control a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, a la Casa Real, a las empresas que reciban un 50% de subvención pública y a las cortes españolas. Los ciudadanos podrán dirigirse a las administraciones para pedir información sobre estos organismos aunque con muchas limitaciones, lo que provocó que PSOE, Izquierda Plural, UPyD y los partidos del Grupo Mixto votasen en contra.

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