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El CGPJ pide que se limite el aforamiento de políticos y acelerar el de Juan Carlos I

El Mundo El Mundo 17/06/2014 MARÍA PERAL

El Consejo General del Poder Judicial pedirá una drástica reducción del aforamiento de los políticos, que se ha convertido en un "privilegio personal". El CGPJ propone rebajar el número de aforados, limitar la prerrogativa a los hechos cometidos en el ejercicio del cargo y que el fuero acabe al cesar. En cambio, cree "necesario" aforar para siempre a .

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces aprobó el lunes la propuesta de informe sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. El dictamen, al que los vocales podrán hacer alegaciones hasta el próximo día 23, será debatido por el Consejo General del Poder Judicial a finales de este mes.

El anteproyecto del Ministerio de Justicia mantiene el actual elenco de personas aforadas, que incluye a los miembros del Gobierno y de las Cortes Generales, gobernantes y parlamentarios autonómicos, algunos cargos de las carreras judicial y fiscal y miembros de numerosas instituciones del Estado (incluido el CGPJ).

El texto de Justicia limita la prerrogativa a los hechos realizados en el ejercicio del cargo o condición -algo que al Consejo le parece adecuado-, pero extiende temporalmente el fuero criminal al establecer que "en las causas penales relativas a hechos realizados en el ejercicio de su cargo o condición, el aforamiento se mantendrá aun cuando no se ostentare ya tal condición o se hubiere cesado en dicho cargo". Esta previsión suscita reparos al CGPJ.

Los Reyes

La reforma planteada por el Ministerio amplía el aforamiento a la Reina consorte o al consorte de la Reina y al Príncipe heredero y su consorte. Su responsabilidad civil y penal solo podrá ser exigida ante el Tribunal Supremo. A este respecto, el CGPJ recomienda revisar la redacción del precepto y utilizar un lenguaje "igualitario y no excluyente", por lo que sugiere incluir una referencia expresa a la Princesa heredera.

"Por circunstancias sobrevenidas, resulta necesario regular el estatuto jurídico" de y Doña Sofía tras del primero, señala el órgano de gobierno de los jueces, que propone que ambos tengan fuero ante el Supremo.

'Suprimir' su extensión temporal

Para el resto de los aforados, en cambio, el CGPJ sostiene que el fuero debe terminar cuando se haya producido el cese en el cargo. El texto de la Comisión Permanente enfatiza el «carácter funcional» de la prerrogativa que, a su juicio, solo se justifica cuando es necesario proteger el ejercicio de la función (un argumento que no se aplicaría al ex jefe del Estado, que mantendría un fuero personal y de carácter permanente).

El dictamen viene a poner en jaque la prerrogativa del aforamiento. El número de aforados es "excesivamente elevado"; el aforamiento "significa una alteración de las reglas de la competencia objetiva, funcional y territorial" de los tribunales; "causa problemas en el procedimiento y conduce a situaciones de difícil comprensión" al obligar a instruir a órganos concebidos para el enjuiciamiento; afecta a imputados no aforados, que se ven arrastrados por el cargo público junto al que son acusados; se producen consecuencias "perturbadoras" al vedarse el acceso a los recursos que sí corresponderían a las personas no aforadas. Y, como colofón al catálogo de objeciones, el aforamiento "puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal".

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El Consejo General del Poder Judicial considera que el fuero "no es una condición inherente" al cargo público, como se pone de manifiesto por su excepcionalidad o inexistencia en el Derecho Comparado. Por ejemplo, en Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no hay ni un solo aforamiento.

Para el CGPJ, la futura normativa debería "en todo caso" vincular el fuero al ejercicio de la función y "suprimir" su extensión temporal, es decir, que desaparezca cuando se produzca el cese en el cargo.

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