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El Consejo Fiscal pide al Gobierno que permita el aborto en caso de feto inviable

EL PAÍS EL PAÍS 10/06/2014 Vera Gutiérrez Calvo, José Manuel Romero
Alberto Ruiz Gallardón y el Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el pasado abril. © Samuel Sanchez Alberto Ruiz Gallardón y el Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el pasado abril.

El informe que el Consejo Fiscal aprobó el pasado día 3 sobre el anteproyecto de ley del aborto pide expresamente al Gobierno que autorice un supuesto legal de aborto para los casos de anomalías fetales incompatibles con la vida (aunque no para el resto de anomalías). Además, considera “excesiva” e incluso “de imposible cumplimiento” la exigencia de que dos médicos distintos acrediten el riesgo para la salud física o psíquica de la embarazada que decida abortar; pide, por ello, que la firma de un único médico sea suficiente.

Esas dos cuestiones, que suavizaron a última hora el borrador de informe elaborado previamente por la secretaría técnica, fueron planteadas la semana pasada por el sector progresista del organismo público y aceptadas por el sector conservador, según fuentes del Consejo Fiscal. Aun así, los fiscales progresistas votaron finalmente en contra, y tres de ellos han presentado un voto particular al informe. En el Consejo Fiscal, órgano que asiste al Fiscal General —nombrado este por el Gobierno—, hay mayoría de fiscales de orientación conservadora. La votación fue de ocho a cuatro.

El informe no es vinculante, aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que tendrá en cuenta lo que diga ese informe y todos los que pidió. El anteproyecto de ley será convertido en proyecto de ley previsiblemente en julio e iniciará entonces el trámite parlamentario.

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En su texto definitivo, el Consejo Fiscal empieza diciendo que hubiera sido “deseable” que el Gobierno esperase, antes de hacer otra ley, a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley vigente, la de plazos que aprobó el PSOE en 2010. Y subraya que el anteproyecto de Gallardón “no justifica debidamente” las razones por las que se deroga esa ley vigente y “no permite alcanzar conclusión alguna sobre la necesidad de la reforma”. Aun así, el Consejo Fiscal se muestra contrario al modelo de plazos de 2010 y partidario de volver a un sistema de supuestos despenalizados.

El borrador inicial ha sido suavizado por la presión de los vocales progresistas

Los supuestos que propone el Gobierno son solo dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”. El Consejo Fiscal pide ahora crear un tercero: “La existencia en el feto de alguna anomalía incompatible con la vida”. Por otro lado, mantiene su invitación al Gobierno de que “reflexione” sobre la posibilidad de recuperar un supuesto más amplio que incluya todos los casos de anomalía fetal, no solo los incompatibles con la vida.

Hay un punto en el que el informe final gira 180 grados respecto al borrador: el que se refiere a los dos informes médicos que la embarazada debe recabar si decide abortar alegando peligro para su salud. El borrador proponía endurecer el anteproyecto de ley, dejando esos informes exclusivamente en manos de “médicos de la sanidad pública” que no podrían ser elegidos por la mujer. Ahora el informe elimina esa propuesta y, además, propone que baste la opinión de un solo médico. "Las medidas impuestas [que sean dos médicos y que trabajen en un centro distinto al que practica el aborto] resultan excesivas, cuando no de imposible cumplimiento o cuando menos tan complejas que deben ser valoradas negativamente, ya que no se compadecen con el bien jurídico en juego, la salud psíquica de la mujer", reza el texto. En cuanto al asesoramiento asistencial que recibirá la embarazada, pide que sea “objetivo” para no influir en la "formación del consentimiento"; y considera "superfluo" que, como parte de ese asesoramiento, se le recuerde a la embarazada que el feto es un "bien jurídico protegido".

El Consejo Fiscal mantiene su petición de que las menores de 16 y 17 años, aunque no tengan permiso de los padres, puedan abortar sin tener que acudir a un juez. Y también mantiene su propuesta de que se recupere la “sanción” penal a la mujer, que el anteproyecto de Gallardón suprimió.

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