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El día que el Partido Comunista dijo sí a la Monarquía

La Vanguardia La Vanguardia 08/06/2014 Enric Juliana

La restauración monárquica se asentó en España con el apoyo del Partido Comunista, el principal grupo de oposición a la dictadura del general Franco. Este dato, relativamente olvidado, sobre todo por las generaciones que no vivieron la transición y que no tienen la obligación de conocer todos sus detalles, es importante para entender mejor el actual momento. (Las jóvenes generaciones no tienen la obligación de vivir mentalmente en el pasado, todo lo contrario, pero unos manuales escolares más atentos a la historia reciente habrían contribuido a una mejor y mayor cultura cívica).La historia de España del siglo XX es tan compleja como la del XIX, y conviene recordar que hubo  tres vectores fundamentales para la legitimación popular de la monarquía, antes del referéndum constitucional de 1978. Esos tres puntos de apoyo, entonces imprescindibles, fueron los comunistas, los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos.

Ciertamente, el Rey disponía de otros importantes apoyos, pero sin esos tres pilares la evolución política del país habría sido muy distinta. Juan Carlos de Borbón era el actor dominante en los primeros compases de la transición. Controlaba el poder ejecutivo y tenía bajos sus órdenes a las Fuerzas Armadas, que le habían jurado lealtad en tanto que sucesor del general Franco. Mandaba mucho, pero su futuro dependía de su capacidad para dar salida a un país aprisionado por las costuras de la dictadura y sediento de libertades: de libertades políticas y de libertades en la esfera personal, como no tardaría en ponerse de manifiesto.

Juan Carlos disponía de los plenos poderes heredados del dictador (hasta la aprobación de la Constitución) y los utilizó, a partir de verano de 1976, para acelerar la implantación de una democracia parlamentaria de corte europeo, desechando las invitaciones a la dictablanda, a un cierto autoritarismo gradualista, o a una democracia con límites, que le planteaban los sectores más inmovilistas del Régimen, sectores empresariales y una importante  potencia extranjera. Deseoso de legitimar la monarquía, Juan Carlos I quiso evitar escenarios que elevasen, aún más, la tensión social existente y le obligasen a encabezar un régimen explícitamente represivo.

No es ningún secreto que el Gobierno de Estados Unidos, preocupado por el arraigo de los partidos comunistas en la mayoría de los países del Sur de Europa, abogaba por la exclusión de esta fuerza política en el nuevo escenario español. Alarmados por la revolución de Portugal en 1974 (relevante influencia comunista en el Movimiento de las Fuerzas Armadas) y por la evolución de Italia (auge electoral del partido comunista, por encima del 30%), en los cuarteles generales de Washington preocupaba una democratización de España con un partido comunista influyente. La legalización del PCE acabó siendo, por tanto, la piedra de toque de la política española en los meses previos a primeras las elecciones libres desde 1936.

Para los militares –para la cúpula militar, más exactamente- era un asunto tabú. Los comunistas representaban para ellos la más peligrosa fuerza de vanguardia contra la que habían luchado en la Guerra Civil. El Enemigo. Valga la siguiente anécdota, a modo de ejemplo. En la celebración de la Pascua Militar de 1978, cuando el PCE ya estaba legalizado, el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Vega Rodríguez, hizo una significativa mención al talento militar de algunos jefes comunistas en la Guerra Civil – citó a Enrique Líster y Juan Modesto- y uno de los asistentes, el general de la Guardia Civil Iniesta Cano, se santiguó. Otros altos oficiales murmuraron severos comentarios de protesta.

Adolfo Suárez acabó deseando la legalización del PCE. Luego veremos por qué. Felipe González, dudaba. Pensaba que la exclusión de los comunistas podía favorecer claramente al PSOE en las urnas, pero también temía los efectos de la exclusión. Los comunistas podían intentar presentarse a las elecciones con otro nombre y con candidatos independientes, sin los líderes en el exilio, y obtener un buen resultado electoral, en tanto que víctimas de una democracia incompleta. Estaba en juego la legitimidad del cambio y el PSOE podía aparecer como la muleta de izquierdas de un régimen con miedo a una parte de la sociedad. Comisiones Obreras era en aquellos momenros una organización social demasiado potente como para dejar al PCE fuera de juego.

Los partidos comunistas eran fuertes en toda la Europa del Sur. Resistentes clandestinos en Portugal, España y Grecia; partidos de masas en Francia e Italia. El PCE y el PSUC –unidos, pero formalmente diferenciados-, disponían de una organización clandestina más que notable, una significativa influencia en las principales fábricas, en los centros de estudio y en la vida cultural. Junto con el Movimiento (el partido único) y algunas parroquias católicas, el Partido era unos de los lugares donde los jóvenes podían entrar en contacto con la política, con el plus emocional de la clandestinidad.

El Partido se había convertido en un mito, por méritos propios y por decisión expresa del franquismo. Para reducir la inicial hostilidad de las democracias occidentales, una hostilidad más formal que real, una hostilidad hipócrita en muchos casos, la dictadura española colocó un foco obsesivo sobre los comunistas. Franco ofrecía un doble servicio a Estados Unidos y a sus socios en la OTAN: bases militares y persecución sistemática de los comunistas. Franco, baluarte. Franco, retaguardia de la Guerra Fría, sin necesidad de entrar en la OTAN, ingreso que habría sido vetado por algunos países europeos de fuerte vocación democrática (belgas, holandeses, escandinavos…).

 

Esta dialéctica engrandeció a los comunistas ante los sectores de la población más opuestos a la dictadura, hasta convertir al Partido en símbolo principal de la resistencia. Radio España Independiente –la Pirenaica- amplificó ese mito dando voz a la propaganda antifranquista –siempre tremendamente voluntariosa, siempre como sí Franco estuviese a punto de caer-,y radiaba a diario muchas cartas enviadas desde todos los rincones de España con el testimonio de la dureza en la vida cotidiana bajo la dictadura. En muchos pueblos de España, alejados de la gran ciudad y sometidos al autoritarismo más descarnado, la Pirenaica era el único contacto con un relato distinto de la realidad. La familia reunida de noche alrededor de una mesa, escuchando la radio, tapados con una manta, para que los vecinos no oyesen nada. Una emisión entrecortada por los pitidos y ruidos de las señales de interceptación. Un reciente y valioso llibro de Rosario Fontova y Armand Belsebre, titulado 'Las cartas de la Pirenaica', explica muy bien la historia de la emisora comunista. La Pirenaica no emitía desde un lugar perdido de los Pirineos, fue bautizada así para enviar un mensaje de proximidad e incrementar el mito de la clandestinidad. Su primer programa lo emitió desde Moscú el 22 de julio de 1941. En 1955 se traslado a Bucarest, Rumania. A partir de 1960 dispuso de medios técnicos para sortear las señales de interceptación en onda corta, utilizando varias frecuencias. Su última emisión fue la del 14 de julio de 1977, tras la constitución de las Cortes democráticas, con Dolores Ibarruri y Rafael Alberti en la mesa del Congreso.

Es interesante escuchar la última emisión. El PCE presentaba el cierre de la REI como una “prueba más” de la voluntad de los comunistas de aceptar el nuevo ordenamiento político español.



Meses antes se habían emitido otras señales. El 16 de abril de 1977, el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, compareció ante los medios de comunicación en compañía de la plana mayor de su partido, para anunciar que los comunistas aceptaban la bandera roja y gualda como “símbolo del Estado”. El PCE aceptaba plenamente al rey Juan Carlos, apenas unos años antes presentado en la portada de Mundo Obrero, publicación clandestina del partido, como un títere del general Franco.


Aceptación del Rey, reconocimiento explícito de la bandera roja y gualda y cierre de las emisiones de Radio España Independiente. Podríamos decir que este fueron los tributos que pagó el PCE para obtener su legalización, el famoso Sábado Santo de 1977. El 'Sábado Santo Rojo', en el que crujieron algunas de las viga del Estado y un ministro militar, el almirante Pita Da Veiga, titular del Ministerio de la Marina, presentó la dimisión.  Es interesante repasar el orden de los acontecimientos. La legalización se produjo el 9 de abril y la aceptación de la simbología monárquica, el 16 de abril. Adolfo Suárez pidió a Carrillo que cumpliese lo que ambos habían pactado en una reunión secreta mantenida  el 26 de febrero de 1977 en  casa del periodista José María Armero (presidente de la agencia de noticías Europa Press) en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Una reunión de ocho horas –de las cuatro de la tarde a medianoche- en la que ambos consumieron unos cuantos paquetes de tabaco y en la que se pactó la legalización del PCE a cambio de un reconocimiento explícito de la Monarquía por parte de los comunistas. Un pacto mediante el cual Suárez y Carrillo intentaban erigirse en protagonistas principales de la transición.

Una semana después de la legalización, se reunió el Comité Central del PCE. En esa reunión, Carrillo propuso la aceptación de la figura del Rey y de la bandera española oficial –la bandera vencedora de la Guerra Civil- en los términos pactados con el presidente del Gobierno. Mientras se sucedía el debate, Suárez esperaba al otro lado del teléfono que le confirmasen el cumplimiento del pacto.  La resolución se votó a mano alzada. Sólo hubo once abstenciones, la mayoría de dirigentes vascos y catalanes. La única voz abiertamente discrepante fue la de Joaquim Sempere, miembro de la ejecutiva del PSUC (partido hermanado con el PCE, pero formalmente autónomo), quien planteó que una decisión de aquella envergadura debía ser tomada con más tiempo y discusión. Carrillo tenía entonces toda la autoridad en el PCE. La presencia de todos los miembros del comité ejecutivo en la conferencia de prensa posterior fue significativa. Los principales dirigentes del partido hacían suya la decisión. No hubo fisuras.

 

Recuerdo una conversación que mantuve en abril de 1977 con Josep Salas, miembro durante muchos años del aparato clandestino del PSUC, un hombre ya mayor, siempre con una libreta para los apuntes y  fumador empedernido. Le pregunté si el PSUC también exhibiría la bandera roja y gualda española. Me dirigió una mirada glacial y respondió: “Nuestra bandera es la catalana”.

Suárez quería la legalización del PCE por varios motivos. Es interesante repasarlos ahora. Suárez no se veía a si mismo como el simple artífice de la liquidación jurídica del viejo régimen, sino como el líder de la nueva etapa, un líder con capacidad de atraer votos de centro-izquierda. La legalización del PCE daba amplitud a la transición –legitimidad posteriormente reforzada por el regreso de Josep Tarradellas del exilio y la restauración de la Generalitat de Catalunya-, empujaba a los socialistas a la plena aceptación de la Monarquía, reforzaba la figura de Suárez como hombre capaz para un liderazgo de largo recorrido, e introducía un factor de competición electoral al Partido Socialista, en beneficio de UCD. Con un solo movimiento, Suárez obtenía cuatro triunfos: legitimaba la transición, reforzaba al Rey, aumentaba su capacidad de maniobra y estimulaba la competición electoral en el campo de la izquierda. Cuatro buenas bazas y un inconveniente: los altos mandos militares se sentían traicionados, puesto que en una reunión con el Estado Mayor, Suárez había prometido, meses atrás, que no legalizaría a los comunistas. Nunca se lo perdonaron.

La legalización del PCE, acompañada de la aceptación de la Monarquía,  acotaba las iniciales ambigüedades del PSOE respecto al sistema monárquico y obligaba a Felipe González a aceptar el calendario de Suárez. González ya no podía jugar con la hipótesis de un rechazo a la convocatoria electoral del 15 de junio. Con la legalización del PCE y el crujir de dientes militar, Suárez se erigía en inequívoco líder del proceso democratizador. El calendario de Suárez también obtuvo el apoyo de Jordi Pujol, que siempre mantuvo buenas relaciones con el PSUC, con el inequívoco deseo de limitar el campo de acción de los socialistas en Catalunya, para así poder fortalecer un catalanismo centrista. (Fiel lector del Corriere della Sera, Pujol seguía con mucha atención la política de compromiso histórico en Italia entre democristianos y comunistas). El Partido Nacionalista Vasco, más distante, también apostó por el calendario de Suárez, rechazando el boicot electoral que proponía ETA ante los comicios del 15 de junio de 1977.

El Rey aceptó la operación, sabiendo que podía causar estragos en el estamento militar y que la legalización del partido comunista español no haría mucha gracia en Washington. Dos años antes, Juan Carlos había abierto una vía de interlocución con el PCE, a través de Rumania. Su mensajero era su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y el receptor de los mensajes, Nicolae Ceaucescu, máximo dirigente del país –fusilado junto con su esposa, tras la caída del régimen comunista durante las Navidades de 1989- y protector del PCE, puesto que desde Rumania emitía Radio España Independiente. Pocas semanas después de ser proclamado nuevo jefe del Estado, Juan Carlos hizo llegar un mensaje conciliador al PCE. A través de Colón de Carvajal, el nuevo Rey hizo saber a Santiago Carrillo que la democracia sería restaurada en España y que el PCE acabaría siendo legalizado, pidiendo a cambio, paciencia y cese de los ataques a la monarquía en la propaganda comunista. El mensaje fue escuchado con mucha atención y en parte aceptado. Juan Carlos dejó de ser definido como un rey títere en Mundo Obrero y la Pirenaica. El Rey pasó a ser tratado de una manera más aséptica, entre la incredulidad y la expectativa. El PCE deseaba, a toda costa, no ser excluido en la restauración democrática. Una vez aprobada la legalización, el Rey no se reunió de inmediato con Carrillo. Hubo un primer encuentro sin fotógrafos y, al cabo de unos meses, la imagen de ambos saludándose.

La clave de esta historia es el miedo a la exclusión.  Los comunistas no querían ser excluidos. Esta fue una constante de la estrategia de los partidos comunistas occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial: no ser excluidos, no ser empujados a la marginalidad, como consecuencia de la nueva gran línea de tensión en el mundo, el enfrentamiento a escala global entre el bloque occidental y el bloque soviético.

Ese deseo de no ser marginados, estimuló a los comunistas a dar un gran valor a la política de alianzas con otros partidos de oposición democrática, con la consiguiente moderación de sus planteamientos. Esta orientación estratégica explica la declaración a favor de la Reconciliación Nacional, emitida por el Comité Central PCE el mes de junio de 1956, veinte años después del inicio de la Guerra Civil. Un documento cuya matriz inicial corresponde a Dolores Ibarruri, redactado finalmente por Santiago Carrillo, con aportaciones de Jorge Semprún (Federico Sánchez) y Fernando Claudín. Stalin había muerto hacía tres años, Nikita Kruschev intentaba introducir algunos cambios en la URSS y en Roma se eclipsaba el pontificado de Pío XII. 

Presten atención al siguiente párrafo de la declaración:

En vísperas del XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el Partido Comunista de España se dirige a todas las fuerzas políticas llamándolas a deponer los odios y el espíritu de venganza y a tenderse la mano para emprender la tarea de sacar a España de la difícil situación en que se halla.

Una parte de esas formaciones, por el peso que ejercen aún dentro de la actual situación –y nos referimos particularmente a demócratas cristianos y monárquicos– podrían impulsar grandemente la reconciliación de los españoles, tratando de conseguir una verdadera amnistía que cancele todas las causas judiciales de la guerra y del período posterior.

Atención a este otro:

El Partido Comunista estima que la desaparición de la dictadura del general Franco y el restablecimiento de las libertades democráticas, dando la posibilidad al pueblo de expresar su voluntad en elecciones libres, debe ser en esta etapa el objetivo fundamental de todas las fuerzas nacionales y democráticas; considera que ese objetivo puede alcanzarse sin guerra civil y sin violencia, por medio de la acción unida de las masas populares y de los más amplios sectores sociales y políticos de la nación y del Estado.

Y los párrafos finales de la declaración:

El Partido Comunista está dispuesto a colaborar con todas las fuerzas que mantengan una actitud favorable a propiciar todo lo que signifique un paso adelante en la democratización de España, en la supresión de la dictadura.

El Partido Comunista considera que aun antes de la desaparición de la dictadura es posible obtener resultados parciales en la aplicación de las medidas que se proponen en este documento, tanto en lo que se refiere a la política interior, como a la política exterior y a las reivindicaciones económicas.

El Partido Comunista apoyará a cualquier gobierno que dé pasos efectivos hacia la realización de una política de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, de paz, independencia nacional y restablecimiento de las libertades democráticas.

Esta declaración es un hito importante en la historia contemporánea de España y explica rasgos fundamentales de la transición, veinte años antes de que esta se produjese. El PCE era el primer partido del bando derrotado en la Guerra Civil en hacer un llamamiento a los vencedores disidentes, en pos de una superación pacífica de la dictadura. En todo el documento no aparece ninguna mención al restablecimiento de la República como exigencia  para la recuperación de la democracia en España. Contemporáneamente, el PSOE de Indalecio Prieto lanzaba la política de "solidaridad nacional'. El PSOE seguía lamiendo sus heridas en el exilio, dividido entre los seguidores Prieto y los de Juan Negrín. Un partido traumatizado por el trágico final de la guerra en Madrid, donde una facción socialista dio apoyo al levantamiento del coronel Segismundo Casado contra las tropas republicanas fieles a Negrín, con el propósito de aislar a los comunistas y negociar una rendición honorable con Franco.

El dirigente socialista Julián Besteiro, un buen hombre, actuó de portavoz de los insurrectos de Casado. Los enfrentamientos fueron terribles, hubo más de dos mil muertos en los choques entre distintas unidades militares republicanas en Madrid -en comparación, los Fets de Maig de 1937 en Barcelona podrían considerarse una pelea de barrio-, y una vez concluida la tragedia, se oyó la voz gélida de Franco: ¡Rendición incondicional!

Casado pudo huir. Besteiro quiso quedarse y murió en la cárcel de Carmona. El PSOE marchó al exilio humillado, trágicamente dividido y envuelto en la bandera republicana. En 1956, los comunistas tenían mayor capacidad de elaboración política. A partir de ese año, en ningún documento del PCE el restablecimiento de la República aparecerá como objetivo político inmediato. Poco a poco se irá formulando la siguiente propuesta: Gobierno provisional y referéndum para decidir la forma de Estado. Entre 1976 y 1977, el PCE toma nota del éxito del referéndum suarista sobre la Ley de Reforma Política y difumina, aún más, la cuestión republicana, hasta hacerla invisible. El dilema es democracia o dictadura. En Mundo Obrero, Carrillo ya lo había avanzado en 1974, en un artículo titulado Al búnker o a la libertad, cuya lectura, previa consulta en el archivo histórico del PCE, un archivo muy valioso y muy bien gestionado, recomiendo.

El PCE de los años setenta no quería ser una formación subalterna en un nuevo escenario de democracia. Ambicionaba incluso jugar el papel del Partido Socialista, cuyo futuro no estaba nada claro, puesto que la figura de Felipe González no emergió hasta 1975, apoyado activamente por la socialdemocracia alemana, alarmada por los acontecimientos de Portugal y el auge del PCI en Italia.

La reunión del Comité Central del PCE celebrado en Roma en 1976, bajo la protección de los comunistas italianos, marco el punto álgido de aquella política temperada. En aquel tiempo, Ramón Tamames propuso a Carrillo que el PCE cambiase de nombre y pasase a denominarse Partido Laborista, con el objetivo de ganar las primeras elecciones democráticas. (Ramón Tamames, Más que unas memorias). Carrillo, irónico, le dijo que era una buena idea, pero que todavía no era el momento.


 

Una vez legalizado el PCE obtuvo unos resultados electorales menores de lo esperado, por él mismo y por sus adversarios. Un resultado modesto:  1,1 millones de votos, el 6,3 % del voto emitido en toda España (sin contar  Catalunya), 12 diputados y un senador. Un saldo electoral en buena medida salvado por los apreciables resultados del PSU en Catalunya (558.000 votos, 18,3%, y ocho diputados). Casi la mitad de los diputados comunistas provenían de Catalunya, especialmente del área metropolitana de Barcelona. La sociedad española de finales de los setenta agradeció al PCE los servicios prestados, pero prefirió dejar a la izquierda en manos de los nuevos socialistas europeizantes, más jóvenes, verbalmente más radicales, totalmente desvinculados de la Guerra Civil y del exilio, sin corbata y bajo la protección explícita de la socialdemocracia alemana, con el placet de Estados Unidos. Los nuevos socialistas, programáticamente ambiguos, retóricamente radicales, tácticamente astutos e ideológicamente  versátiles, no se monarquizaron plenamente hasta 1978, al pactarse la Constitución.

Es interesante recordar ahora cual fue el comportamiento del PSOE aquellos años respecto a la Monarquía. Un comportamiento esquinado, táctico y expectante. Cuando el consenso sobre la monarquía parlamentaria ya había quedado establecido en la ponencia que redactaba la nueva Constitución, el PSOE se permitió el lujo de abstenerse. Argucias de Felipe González y del grupo dirigente sevillano. El PSOE estaba fundamentalmente de acuerdo con el párrafo tercero del articulo primero de la nueva Constitución, que establece la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, pero se abstenía en la votación de ese artículo en concreto, para después aprobar la Constitución en su conjunto. El diputado socialista Luis Gómez Llorente defendió un voto particular contra la Monarquía. UCD, los  comunistas (PCE y PSUC) y Minoría Catalana, más Alianza Popular, hicieron frente común en la defensa de la Monarquía parlamentaria. El PNV se abstuvo en aquella votación. Especialmente enérgica fue la intervención de Jordi Solé-Tura, ponente constitucional de los comunistas. Solé-Tura insistió en que la línea divisoria principal estaba entre la democracia y sus enemigos y añadió que "querer la República, hoy, con todas sus consecuencias, significa luchar por derrocar la Monarquía".

El PSOE no quería derribar la Monarquía; quería ampliar su espacio electoral a costa de los comunistas pragmáticos. Una de las directrices del nuevo grupo dirigente socialista era evitar que en España se repitiese la situación de Italia: una izquierda bajo dirección política comunista.El PSOE consumó ese objetivo a lomos de dos falsas promesas en la campaña para las elecciones legislativas de 1982: la ambigua promesa de abandonar la OTAN ('OTAN, de entrada, no') y el compromiso de crear 800.000 puestos de trabajo en pocos años. Obtuvo la mayoría absoluta y el referéndum sobre la OTAN dibujó dramáticas líneas de ruptura en la izquierda española, que aún perduran.

Volvemos al principio. Sin el apoyo del PCE-PSUC y de la Minoría Catalana a la solución juancarlista, díficilmente el PSOE podría haber ejecutado aquel ejercicio circense, que hoy, mucho tiempo después, cobra un especial significado.  

Treinta y siete años después, los nietos del PCE, personificados en dos nuevos dirigentes políticos de poco más de treinta años, Pablo Iglesias (Podemos) y Alberto Garzón (Izquierda Unida), ambos formados en la Unión de Juventudes Comunistas, lideran intelectualmente una pulsión republicana que parece estar ganando cierto peso en la sociedad. Garzón propone explícitamente una III República, e Iglesias habla de republicanismo sin muchas referencias a la bandera tricolor. Un republicanismo que está encontrando ecos en algunas federaciones del PSOE, tras la reciente y significativa abdicación del rey Juan Carlos. Pero eso ya es otra historia.

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